Por Andrés Cánepa
“Se te nota fachistoide, con olor a represión”, canta el Mono de Kapanga en un tema de la banda. Y el proyecto que crea una oficina municipal para “observar discursos con violencia simbólica y discriminatorios” es, cuando menos, un organismo para ejercer coerción sobre los contenidos en los medios de comunicación.
El Concejo Municipal de Rosario aprobó una iniciativa que enciende las alarmas de la libertad de expresión. De ninguna manera la libertad debe convertirse en libertinaje, es cierto, y debe realizarse este trabajo con ética y sinceridad profesional. Pero creer que con un aparato gubernamental se van a poder controlar lo que se dice desde los medios es absurdo y roza lo autoritario.
La policía de la moral y el pensamiento nunca termina de buena forma. Lo que piensan unos no puede ser concebido como la única verdad, y sorprende que la política rosarina esté de acuerdo con ejercer un control mediático desde la burocracia pública. Intenté en estos días encontrarle el sentido positivo, y créanme que no lo encontré.
Desde el comienzo del proyecto –que ha sufrido modificaciones desde la redacción de la autora, la concejala Susana Rueda- no se entiende bien cuál es el objetivo del mismo. Es una herramienta, es cierto, que depende de quién la maneje. Creemos en la buena fe y en la ética política del actual gobierno municipal, pero las ordenanzas quedan, y no sabemos quién va a estar a cargo del Palacio de los Leones en el futuro. Por eso la peligrosidad con la que se interpreta esta ordenanza.
El acuerdo político logrado en el Concejo, ante la ausencia de una mayoría simple para el ejecutivo, hace que se “negocien” proyectos de cada concejal que forma parte del esquema y que se vayan despachando ideas a pesar de que no todos están de acuerdo. Atenta contra la voluntad popular, inclusive, votar ordenanzas de este tipo que solo generan algunos cargos municipales más, y no se entiende cuál sería el objetivo de controlar lo que decimos en los medios.
¿Quién va a estar a cargo? ¿Un NODIO rosarino para ejercer presión sobre la prensa escrita y audiovisual? ¿Qué objetivos de fondo tiene? ¿No alcanza con contratar a una auditoría de medios privada que ya hacen el trabajo? ¿El ENACOM no es el encargado ya de controlarnos a nosotros? Todas preguntas que aún no encontré las respuestas después de hablar con distintos actores a cargo de la iniciativa.
El eje de la discusión pasa por quién definirá qué es violencia simbólica, qué sería discriminar, algo que está establecido en el INADI y en el ENACOM, y ya existen los poderes de policía sobre lo que se dice, aunque sabemos que pocas veces encontramos reprimendas. No es la idea justificar mensajes violentos ni discriminatorios, de hecho los repudio cada vez que suceden. Sin embargo, la duda es la misma de siempre: ¿Quién tiene la vara pada medir?
Puede sonar hasta fascista, goebbeliano, pensar en un control y generar estadísticas sobre las opiniones de los profesionales de la comunicación en nuestros puestos de trabajo. ¿Y si piensan en ejercer el control sobre el mismo Concejo Municipal, en donde se han dado disputas discursivas dignas de un bar nocturno? Llama la atención, también, el silencio de algunos sectores que formaron y forman parte de la prensa, pero eso quedará para otro análisis.
“General sin uniforme, Boris Karloff es mejor”, continúa Kapanga. Karloff fue el actor de Frankestein, buen paralelismo para este proyecto que fue aprobado. Define el intendente si veta o no esta iniciativa.
