Es indudable que la generación y el agregado de valor a la producción de bienes y servicios, es el genuino objetivo de la actividad económica de las empresas y complementamos este concepto, diciendo que además debe ser sustentable y con responsabilidad social.
Ahora bien, para que la actividad económica se pueda desarrollar, requiere de la existencia de los factores de la producción, como la naturaleza, el capital, el trabajo y la tecnología.
Nuestra Argentina, es pródiga en cuanto a la naturaleza, por lo cual es fundamental hacer foco en los otros factores mencionados.
Pero, siempre hay un pero, debemos tener presente el marco económico, político e institucional del país.
Después de años de aplicación de políticas populistas y demagógicas, es muy claro que nuestro país ha involucionado en lugar de crecer al estilo de los países desarrollados. Tal como dice Dante Sica en una de sus notas, si bien las razones de este deterioro son múltiples, es posible asignarle una parte significativa de la responsabilidad a una de ellas y es la baja acumulación de capital.
De hecho, menciona el mismo Sica, según fuentes del FMI, entre 1983 y 2015 el stock de capital per cápita de la Argentina creció solo el 9%, el más bajo de América Latina. Por dar un ejemplo, en el mismo período, Chile creció el 228%, Colombia el 77% Y Uruguay el 50%.
La aplicación de políticas económicas demagógicas y populistas, en lugar de generar un ciclo de bienestar y disminución de la pobreza, ha llevado a su crecimiento, diría vergonzante, pasando del 10% al 30% en las últimas décadas.
Durante estos períodos de intervencionismo del estado en la actividad económica, actuando directamente en detrimento de las empresas privadas e incluso de la limitación del ejercicio de la propiedad privada, llevó a que la capacidad de innovación, y desarrollo de nuevos emprendimientos, estuviese casi paralizada. La corrupción era la regla establecida para llevar adelante algunas actividades, en particular la obra pública.
Este clima de negocios, no hizo más que desalentar al empresariado privado y las inversiones genuinas, ante la inseguridad jurídica y avance de la impunidad.
Con el cambio de gobierno a finales del 2015, aparecieron nuevas visiones y se generaron grandes expectativas en el mundo de los negocios. La modificación de las reglas de juego, se pensó que traería aparejada una “avalancha” de inversiones productivas al país.
En un primer momento, así pareció, pero luego, pasada la euforia propia de los sentimientos, apareció el funcionamiento de la razón, eje fundamental en el mundo de los negocios.
Y está razón, detectó que el andamiaje político institucional, construido por la administración anterior, requiere de cambios muy profundos y que no son sencillos y rápidos de llevar adelante.
Más allá de las cuestiones que hacen a políticas de estado, que necesitan de consensos sociales y políticos, existen un factor que asoma cada vez más como un gran limitante de la inversión productiva que es lo que Argentina más necesita.
Esa inseguridad jurídica, que garantizó durante estos últimos años la impunidad vergonzante de aquellos que cometieron delitos y todo tipo de tropelías con los dineros públicos, es una de las limitantes en la llegada de inversiones de los privados, locales o extranjeros.
La depuración del Poder Judicial, es una necesidad a gritos para lograr la seguridad jurídica.
Debemos tener jueces que sean representantes y garantes de un imperio, «el imperio de la ley”.
Que los jueces hablen por sus sentencias y que dichas sentencias alcancen a TODOS, sea quien sea.
Nuestra Constitución Nacional, ha establecido la división de poderes como una forma de garantizar el funcionamiento de las instituciones republicanas y democráticas. Es indudable que el poder garante de que todo funcione en el marco de la ley es el Poder Judicial y cuando ello no sucede, se deteriora el entramado institucional y esto tiene consecuencias en muchos sentidos.
Desde nuestro punto de vista, esta inseguridad jurídica es uno de los factores limitantes para el desarrollo de inversiones privadas productivas que permitan el enunciado de planes de negocios a largo plazo, con reglas de juego claras y que la Justicia actúe como actor fundamental del cumplimiento de la ley.
Es el gran desafío de hoy es que terminemos con la impunidad para lograr revertir el camino de decadencia de nuestra Argentina.
La confianza en las instituciones, será uno de los factores dinamizadores de la actividad económica, que permitirá el regreso de las inversiones productivas de largo plazo.
Por supuesto hay muchos otros factores necesarios, pero ellos son más propios de los acuerdos y consensos políticos económicos, que podrán lograrse en un marco de institucionalidad adecuada.
