El exministro de Seguridad de Santa Fe, Marcelo Sain, presentó este martes un hábeas corpus en el marco de la causa en la que está siendo investigado por presunto espionaje ilegal, para conocer si existe una orden de detención contra su persona y tener precisiones de los procedimientos llevados a cabo.
El pedido, al que el juez Carlos Leiva hizo lugar, fue presentado por los abogados defensores de Sain, quien está siendo investigado por presunto espionaje ilegal en la cartera de Seguridad cuando estaba al mando.
Según trascendió, presuntamente se produjeron espionaje ilícito contra dirigentes políticos, periodistas, gremialistas y empresarios. En paralelo, los fiscales investigan una presunta irregularidad en una licitación de compra de armas. De hecho, el fiscal general de Santa Fe, Jorge Baclini, admitió que los fiscales de la causa comprobaron que se estaba destruyendo información y documentación, lo que derivó en los allanamientos del viernes.
Marcelo Saín acaba de meter un hábeas corpus preventivo, solicitando información de si hay orden de detención contra él, y solicita información de las actuaciones del 26/11 en el Ministerio de Seguridad. pic.twitter.com/FKzPIpac5V
— Andrés Cánepa (@AndiCanepa) November 30, 2021
Perotti ordenó una auditoría al Ministerio de Seguridad
Luego de los allanamientos el pasado viernes en el Ministerio de Seguridad y la posterior renuncia masiva de funcionarios, el gobernador de Santa Fe Omar Perotti ordenó una auditoría interna. Mediante el decreto Nº 2.651, el mandatario santafesino instruyó al fiscal de Estado, Rubén Weder a que lleve adelante la investigación.
Entre los considerandos del decreto, el Ejecutivo provincial argumenta que «habiéndose efectivizado medidas judiciales en el ámbito del Ministerio de Seguridad dispuestas por el Ministerio Público de la Acusación destinadas a recabar una serie de pruebas que hacen a investigaciones judiciales; es deber de este Poder Ejecutivo, instruir de manera inmediata la iniciación de los procedimientos administrativos necesarios a los efectos de determinar sí, en el ámbito de esa jurisdicción, se han realizado conductas reñidas con el ordenamiento jurídico que rige su funcionamiento».
