El Gobierno Nacional envío este martes cuatro proyectos de ley al Congreso, para el abordaje integral de la lucha contra el crimen organizado. El conjunto de normas incluye: una nueva Ley Antimafias, creación de un Registro Nacional de Datos Genéticos, la incorporación del concepto de reiterancia a fin de reducir los porcentajes delictuales; modificaciones a la unificación de condenas y concurso de delitos; legítima defensa y cumplimiento del deber.
Las medidas presentadas llevan la firma del presidente Javier Milei, el jefe de gabinete de ministros, Nicolás Posse, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona. De acuerdo al comunicado difundido por el Poder Ejecutivo, estas herramientas jurídicas son consideradas «fundamentales para terminar con el crimen en todas sus formas y escalas y dar lugar a un cambio profundo y definitivo para toda la sociedad argentina».
Nueva Ley Antimafias
Como primer ítem de este proyecto, «se delimita la procedencia de la aplicación del proyecto de ley circunscribiendo a la comisión de delitos que involucren tipos penales específicos -tráfico ilícito de estupefacientes, lavado de activos, homicidios, lesiones, pornografía infantil, privación ilegítima de la libertad, secuestro, coacción, amenazas, extorsión, trata de personas, tráfico de órganos, intimidación pública, incendios, estragos y tenencia ilegal de armas y/o explosivos- y que estén verosímilmente relacionados con los objetivos de una organización criminal». En este sentido, se contempla una pena más alta de 8 a 20 años de prisión o reclusión por la mera pertenencia a la asociación delictiva.
Por otra parte, aparece la figura de la Zona de Investigación Especial, con el objetivo de establecer mecanismos de actuación ágiles para los diversos poderes del Estado, en pos de conseguir una respuesta más rápida y efectiva en el marco de la actuación operativa y de investigación.
Otra de las novedades apunta a que «la pena por delito más grave que le corresponda a quien cometió el hecho también se aplicará a todos los miembros de la organización solamente por pertenecer a ella».
También, se contempla la extinción de dominio de cualquier bien que presumiblemente sea producto de actividades ilícitas para su inmediata transferencia al dominio del Estado Nacional.
Por último, se incorpora el concepto de reiterancia. En este sentido la actual legislación considera reincidente a toda persona que fue condenada dos o más veces a una pena con privación de la libertad efectiva. El cambio que pretende establecer el Gobierno apunta a que ya no será condición que las condenas hayan sido cumplidas. La norma establece que «si concurren dos hechos independientes, las penas se suman de manera aritmética, hasta un máximo de 50 años».
Nuevo Registro de Datos Genéticos
En este punto se busca la ampliación del actual Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados a Delitos contra la Integridad Sexual, que administra el Ministerio de Justicia, para pasar a un Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados con la investigación criminal, que funcione bajo la órbita del Ministerio de Seguridad.
De acuerdo a lo informado, «se prevé poder comparar las huellas genéticas que se obtengan en la escena del hecho con el perfil genético de los imputados y condenados, agilizando los procesos para alcanzar Justicia».
Orden público y legítima defensa
Conforme a lo publicado, esta reforma busca la actualización del Código Penal en varios aspectos. En ese sentido, el Gobierno apunta a dotar de mayor capacidad de respuesta a las fuerzas ante la comisión de un delito, según indican, «poniendo la mirada en la víctima de los delitos y en su derecho a repeler los ataques como en el resguardo de un espacio legal adecuado dentro del cual las fuerzas del orden puedan actuar en cumplimiento de su deber sin comprometer su carrera ni su libertad».
Además, la norma contempla a la persona que «se defiende de quien escala el muro de su hogar, situación para la que se exigía que esto se hubiera producido durante la noche y que, con el proyecto, se extendería a cualquier hora del día», y contempla la posibilidad de defenderse en ámbitos donde legítimamente se alojara o trabajara, como por ejemplo: oficinas, comercios u otros establecimientos.
