Este jueves, el Senado santafesino aprobó la media sanción que faltaba para convertir en Ley el proyecto de la diputada socialista Lionella Cattalini y el diputado Oscar Martínez (FR) para la creación del “Registro Provincial de Acopiadores y Comercializadores de Metales no ferrosos”.
El objetivo principal de la creación de este registro surge a partir de la ola de robos de cables que se viene sucediendo en la provincia de Santa Fe y permitirá blanquear a vendedores a titulares o responsables de comercios y locales, y a quienes realicen actividades de carácter comercial o industrial en forma permanente o eventual con metales no ferrosos. Además, deberán llevar un libro donde consten datos sobre la compraventa y las personas que intervienen.
Esta instancia permitirá romper el circuito ilegal que existe alrededor del robo de cables controlando y penalizando a quienes se dediquen a su reducción y reventa clandestina.
«El robo de cables es uno de los delitos que más daños ocasionan. Cada vez son más los barrios que se quedan sin servicios de luz, cable, internet, y vecinos y vecinas que sufren los robos de picaportes, medidores de agua, de gas, porteros eléctricos, etc, debido al valor de estos materiales”, explicó Cattalini a la vez que aseguró que “esta nueva herramienta con la que contará el gobierno provincial permitirá controlar y clausurar aquellos negocios que no puedan dar cuenta de el origen de esos materiales”.
En el mismo sentido, la legisladora contó que «junto al diputado Oscar Martínez trabajamos este tema en audiencias públicas en las cuales participaron todos los actores que son damnificados en forma directa por el robo de cables y esto permitió entender que existía un vacío legal que diera cuenta de los establecimientos legales en contraposición a las operaciones de grupos organizados que aprovechan un activo circuito ilegal para su reducción y reventa clandestina de materiales no ferrosos”.
El Registro incluirá a quienes estén vinculados a la comercialización e industrialización de estos metales: desarmaderos, chatarrerías y depósitos cualquiera fuera su denominación. Y a partir de esta ley el Estado provincial puede realizar la inspección, control y clausura de los establecimientos que no estén inscriptos y no informen sus actividades.
