Por Ignacio Pellizzón
Cada vez más empresas rosarinas ven el futuro repetir el pasado, parafraseando una canción de Bersuit Vergarabat. Es que lo que supo ser un dolor de cabeza en la época del kirchnerismo con las llamadas DJAI (Declaraciones Juradas Anticipadas de Importación), hoy lo está siendo con el Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones (SIMI).
Estas nuevas trabas están motorizando planteos ante los tribunales en representación de las empresas que se ven imposibilitadas de proseguir sus operaciones de importación por este tipo de inconvenientes.
Desde el estudio de abogados Arroyo & Barbarach, que representan a varias de las compañías perjudicadas, informaron a Rosario Nuestro que impulsan medidas cautelares autónomas, que son acciones judiciales de mucha celeridad, en pos de lograr destrabar judicialmente las importaciones.
“Actualmente estamos con muchas consultas por severos inconvenientes para realizar operaciones de comercio exterior. Principalmente importaciones de bienes, que son insumos esenciales para su producción”, explicó a este medio uno de los socios del estudio, Santiago Barbarach.
De qué se trata
Desde comienzo de año, el gobierno nacional amplió el universo de mercadería alcanzadas por lo que se conocen como Licencia No Automáticas de importación (LNA). Una licencia de importación es definida como un trámite administrativo ante la Secretaría de Comercio de la Nación, como condición a despachar la mercadería una vez arribada, pero que en teoría tendría un fin meramente estadístico para Argentina.
En la práctica, hay un “Master Sistema”, llamado Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones (SIMI). Por intermedio de ese sistema y la Ventanilla Única de Comercio Exterior Argentina (VUCEA), se realizan la totalidad de estos trámites administrativos previos, entre ellos las Licencias No Automáticas (LNA).
El principal problema que están teniendo los importadores es la falta de aprobación de las LNA y, como consecuencia, la imposibilidad de ingresar las mercaderías. Ante la queja o pedido de explicaciones de parte de los importadores, la Secretaría de Comercio no brinda respuesta alguna a las observaciones efectuadas.
El conflicto se viene desarrollando dado a los problemas logísticos que está sufriendo el mercado global por la pandemia del coronavirus. Por ende, los operadores se encuentran con barreras de tipo no arancelarias, es decir leyes, regulaciones o políticas que no toman la forma habitual de un arancel, pero que restringen el comercio, como por ejemplo una licencia obligatoria previa.
“Son varias las empresas que están sufriendo sobre costos logísticos y de almacenamiento de depósitos fiscales, incumplimientos de obligaciones con sus clientes y tantos otros perjuicios. En el país hay muchos contenedores frenados en las terminales a la espera de una solución”, agregó Barbarach.
Desde la Cámara de Importadores de la República Argentina (CIRA) advierten que hay más de mil licencias no automáticas retrasadas, y que incumplen lo establecido por la normativa internacional, y que dentro de esos retrasos hay sectores críticos, como el de las baterías de autos, los neumáticos, calzados, textiles y juguetes, además del de maquinaria y bienes intermedios, y hasta insumos médicos. Algunos exigen plazos de 10 días, pero van por los 60 sin ser autorizados. En otros casos las licencias presentan demoras que superan largamente esa cantidad de días.
Los casos rosarinos
En la ciudad, en el mes de agosto, “logramos una sentencia favorable en este sentido, particularmente respecto Bienes de Capital Usados y el correspondiente Certificado de Importación de Bienes Usados (CIBUS). Actualmente estamos al frente de otros planteos similares en representación de Importadores de la región por tema de Licencias de Importación sin respuesta por parte de la Secretaría de Comercio”, detalló el abogado Barbarach.
Desde la Asociación de Industriales Metalúrgicos (AIM), también expresaron a Rosario Nuestro que hay varias compañías que se encuentran con inconvenientes con la SIMI. Según relatan, el gobierno nacional no les está habilitando las operaciones, con lo cual obtiene sus productos a cuentagotas.
Chapas, acero, aluminios, entre otros, están comenzando a faltar en Rosario, porque hay entre dos o tres meses de espera para los ingresos. Además, subrayan desde AIM, que si no se abona de contado, no entregan los insumos.
En un contexto con restricciones a la compra de divisas, empieza a ser un dolor de cabeza para los importadores que no pueden contar en tiempo y forma con sus capitales de trabajo, lo que les dificulta, aún más, la reactivación productiva en medio de una crisis económica sin precedentes por el Covid-19, sumado a la falta de créditos, destacan en la sede de los metalúrgicos.
A la fecha están avanzando casi en su totalidad las medidas judiciales. “Además de las presentadas por nuestro estudio, en la ciudad de Buenos Aires sabemos que hay varias en curso”, afirmaron desde el estudio Arroyo & Barbarach y agregaron: “La principal consecuencia que observamos es que nuevamente nos encontramos con situaciones contrarias al ordenamiento jurídico nacional e internacional, generando responsabilidad internacional para nuestro país”.
“Hace algunos años, Argentina recibió denuncias ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) por parte de la Unión Europea y Estados Unidos, entre otros por este tema, abriéndose un panel de solución de controversias que condenó a nuestro a país por el tema de las LNA. Asimismo, hace algunos días, Brasil, Paraguay y Uruguay denunciaron a la Argentina en el Mercosur por bloqueos en intercambio comercial de autopartes y automóviles”, concluyeron.
