Por Nicolás Menna Lambertucci
Rosario y su región metropolitana padecen las consecuencias de una violencia armada sin escalas, con 215 crímenes en lo que va del año, y la falta de eficiencia estatal para ponerle un freno al narcotráfico.
Sin embargo, no es un fenómeno exclusivo de la ciudad y en otras latitudes viven situaciones similares y, aún, peores. En Ciudad Juárez y Chihuahua, en México decidieron dar un paso adelante y presentar el debate acerca de cómo la sociedad civil organizada puede y debe incidir en el diseño de políticas de Estado y lograr el compromiso y los consensos necesarios de todos los actores sociales.
En ese marco, el Foro Regional Rosario organizó una charla bajo la temática “El rol del sector privado en la seguridad”. Allí expusieron Aníbal Pineda, juez de la Cámara Federal de Apelaciones; Arturo Luján Olivas, presidente de Ficosec, una fundación de empresarios del estado mexicano de Chihuahua que colabora en el combate contra la violencia, y Miguel Garza, director ejecutivo de Insyde México, una organización de sociedad civil que lleva adelante reformas policiales.
Vale señalar que, durante sus exposiciones, los panelistas internacionales explicaron en detalle los casos de éxito que se viene llevando adelante en varios estados mexicanos muy golpeados por la violencia donde los empresarios pasan a ser protagonistas y crean políticas de seguridad junto con el Estado.
Asimismo, los integrantes del panel coincidieron en que, si el narcotráfico termina de consolidarse y pasa a ser actor principal en la ciudad, se provocará un drástico cambio en las reglas de la sociedad.
Estado de situación y panorama oscuro
Durante su presentación, el juez de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, Aníbal Pineda, se refirió al delicado panorama local, donde la disputa territorial por el narcomenudeo se apodera cada vez más del espacio público.
En ese sentido, remarcó: «Estamos en una situación extrema de crisis de inseguridad. Todos los días nos sorprende un hecho puntual, como ayer una balacera contra una cárcel. Y si hablamos de estadísticas, porque triplicamos la media nacional de homicidios y la cuadriplicamos en los últimos 10 años”.
No obstante, reconoció que “también, las crisis son una oportunidad para cambiar y no hacer lo mismo que no llevó hasta acá”.
Al respecto, explicó: “Estamos en un momento bisagra, ya que de consolidarse el crimen organizado en nuestra jurisdicción van a cambiar las reglas de juego, sobre todo para los empresarios. Primero, porque van a tener que modificar muchas conductas diarias, como la seguridad personal”.
Pero también, “esto que se está dando en los barrios periféricos de la ciudad donde el crimen organizado le cobra por protección, peaje o por extorsiones a los comerciantes, se va a trasladar a los grandes empresarios”.
Además, el magistrado analizó la falla de la clase dirigente para trazar políticas públicas que permitan resolver la problemática, una cuestión que asoció a la propia dinámica del sistema electoral.
«Acá claramente fracasaron los distintos gobiernos, y en estos 10 años, tanto desde el gobierno municipal, provincial o nacional han pasado los principales partidos políticos y ninguno lo pudo solucionar”. Sobre ese punto, amplió: “Los partidos tienen la carga de ir a elecciones cada dos años y eso impide mantener una política pública en el largo plazo, y ante la imposibilidad de dar esos resultados, se terminan cambiando las políticas, los ministros de Seguridad, en un círculo vicioso que volvemos a empezar cada dos o cuatro años”.
Para Pineda, “la única manera de poder cambiar esta lógica es que se debata un plan de seguridad a 10 años, cualquiera sea el gobierno en nación, provincia o municipio, y lo consensen los partidos mayoritarios”.
La experiencia mexicana
Durante la charla “El rol del sector privado en la seguridad”, también se expuso la experiencia proyectos de seguridad mediante la constitución de fideicomisos administrados por el sector privado. En este caso, a través de Ficosec, una fundación de empresarios del estado mexicano de Chihuahua. Puntualmente, en dos ciudades: la capital Chihuahua y Ciudad Juárez.
“El sector empresariado puede participar aún en crisis como la de seguridad”, indicó Arturo Luján Oliva, director de la entidad. “Para dimensionar lo que representa Ficosec, a nivel de las ciudades de Chihuahua y Ciudad Juárez, se gastan en seguridad menos de 800 millones de dólares, y lo que Ficosec puede recaudar es aproximadamente 12 millones de dólares. No es comparable con lo de los gobiernos, pero con ese monto tenemos posibilidades de negociación bien importantes con el gobierno”, señaló.
Respecto al surgimiento de la iniciativa, detalló que “en 2008 se inició un desborde de la delincuencia en Ciudad Juárez y Chihuahua y comenzaron a volverse ciudades fantasmas después que caía el sol. La vida nocturna y los restaurantes dejaron de existir».
En ese sentido, cabe la comparación con las zonas más picantes de Rosario, donde los vecinos deciden meterse en el interior de sus viviendas después de las 18 por temor a los tiros, que ya se se convirtieron parte del paisaje urbano. Tal es el caso de Ludueña o Empalme Graneros, dos puntos calientes del delito.
«Empezaron a haber secuestros y extorsiones. Para 2009 llegamos a tener una tasa superior a los 90homicidios cada 100 mil habitantes”, continuó y enfatizó que el punto más alto se alcanzó en 2010, con varios eventos espeluznantes, como una matanza de jóvenes en Ciudad Juárez. «Lo más dramático fue que nos pusieron un coche bomba en la disputa entre dos cárteles, el de Sinaola y el de Juárez”, recordó.
Esto generó que el empresariado sintiera que tenía que tomar cartas en el asunto y acordaron con los candidatos a gobernador la conformación del fideicomiso, que se construyó en 2012. «En 2022 nos renovaron (el contrato) hasta 2031», contó, orgulloso.
Vale señalar que el fideicomiso está financiado por más de 45000 empresarios y empleadores del estado de Chihuahua, en la economía formal y es una contribución extraordinaria del 5% al Impuesto sobre la Nómina (que solamente se les cobra a las empresas que generan empleo.
“Los empresarios entendieron que sin seguridad no hay prosperidad y si bien la seguridad es cara, la inseguridad lo es más. De ahí que se definió que iba a ser una institución apartidista y sin fines de lucro, que tiene como propósito servir como instrumento financiero para el fomento de la competitividad y la seguridad ciudadana”, aseguró Luján Olivas.
«Lo que hay es un lazo de confianza entre los empresarios y el gobierno y viceversa. Y confianza en que no se va a hacer mal uso de los recursos”, se explayó.
Los recursos salen del empresariado, el Gobierno recauda y luego entrega los fondos al fideicomiso, para entrar en un proceso de análisis y aprobación de proyectos, donde un equipo técnico decide dónde se va a destinar ese dnero.
Como ejemplos de aportes a Ficosec, mencionó: “Una empresa que paga 1800 dólares en sueldos, nos aporta 2,40 dólares al mes. En tanto, una empresa que paga 62000 dólares al mes en salarios, nos aporta a Ficosec 82,50 dólares. Eso al final del año nos da 12 millones dólares”.
“Es el mejor ejemplo que si todos aportan un poco, nos da espaldas para poder negociar con la autoridad”, finalizó Luján Olivas.
Cambiar la policía
Por su parte, el doctor Miguel Garza, director ejecutivo de Insyde México, se refirió a procesos de transformación y modernización policial que se llevó a cabo en México y otros países de América Latina y el Caribe.
Acerca de los puntos donde debe apuntar una reforma policial, Garza sostuvo que “es en las localidades» y resaltó la necesidad de trabajar desde una perspectiva local. «La experiencia tiene que ser local, fortalecer los cuerpos de policías locales y fiscalías locales”.
“En 2014, Insyde comienza a trabajar un proyecto de certificación con la policía municipal de Ciudad Juárez. Y nos decían que no se podía hacer nada con esa policía, y por mi experiencia en la policía les decía que se siente feo que a la fuerza la abandonen, porque si bien está mal, es la que sale e intenta hacer algo, y porque no todos los policías son corruptos o malas personas”, explicó.
Garza se remontó a 2016 cuando se creó la primera policía que se certificó con la metodología de Insyde, que implica el desarrollo de estándares. «Por ejemplo, brindando apoyo terapéutico al agente de policía», enumeró. Entonces la de Juárez es la primera policía del país en proporcionar apoyo terapéutico a los agentes, algo que, parafraseándolo, puede dignificar a la institución.
Por último, contó que “el proceso en Ciudad Juárez lleva más de 6 años de fortalecimiento institucional que ha permitido que el secretario de Seguridad Pública es el mismo desde 2015, por la presión de los empresarios y por los niveles de fortalecimiento que permiten más continuidad. Para que no se reinvente la policía cada vez que termine una administración”.
Así las cosas, los testimonios permiten inferir la importancia de la articulación de la labor de los sectores público y privado para delinear políticas en conjunto, algunas a corto y otras a largo plazo, que posibiliten el hallazgo de soluciones tangibles para una población harta de vivir con miedo a salir a la calle.
