La Cámara de Diputados de la Nación aprobó este miércoles el proyecto impulsado por los movimientos sociales, que busca declarar de utilidad pública y sujetas a expropiación a las tierras donde se levantan más de 4 mil barrios precarios en todo el país para garantizar la tenencia segura de la tierra a sus actuales habitantes. La iniciativa también suspende los desalojos durante cuatro años, al tiempo que permite que los entes de servicios públicos puedan realizar obras, colocar medidores y ofrecer sus prestaciones en las villas.
“Tener la seguridad que nadie va a echar a nadie del hogar que construiste con tanto esfuerzo, tener la tenencia del pedacito de tierra donde está tu casa, es el paso obligado para que en un futuro puedas abrir la canilla y tengas agua potable, o que tu cuadra no se inunde porque el municipio no hace obras porque dice que son tierras privadas”, señaló Ignacio Rico, del Movimiento Evita y la CTEP, dos de las organizaciones que redactaron el texto aprobado por los diputados, y que ahora pasará a la Cámara de Senadores.
“Para algunos no significa nada, porque es cosa de todos los días, pero para nosotros significa un paso adelante hacia una Argentina donde que el agua potable, la luz, el gas, las cloacas sean realidad efectiva, donde la miseria y la indigencia del habitat no sean moneda corriente, donde la dignidad sea costumbre”, manifestó Rico.
“Esto lo conseguimos en la calle, el único lugar en donde ningún neoliberal nos va a ganar, y por eso decimos que este proyecto, la forma en la que fue concebido, con discusiones en mesas barriales y movilizaciones a lo ancho y lo largo del país, es un umbral para futuras conquistas” afirmó Rico, y sostuvo: “es un irrumpir en la realidad política de cuatro millones de compatriotas, que sufren el abandono del Estado, el olvido de la dirigencia y la postergación de una democracia que todavía debe a su pueblo no mucho, sino casi todo”.
La Ley de Integración Urbana y Expropiación de Tierras en las que se asientan los Barrios Populares es una iniciativa de la Mesa de Barrios Populares, compuesta por distintas organizaciones como el Movimiento Evita, la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, el Movimiento de Trabajadores Excluidos y La Poderosa, entre otros.
El proyecto surgió a partir de los datos obtenidos en el Relevamiento de Barrios Populares, llevado adelante por las mismas organizaciones, que indicó entre otras cosas que una décima parte (4 millones) de los argentinos viven repartidos en 4329 villas de emergencia y barrios precarios.
