Mauricio Macri firmó este miércoles un decreto que modifica la composición de la mesa nacional en la que se discute el convenio marco de la actividad docente: desde las condiciones laborales hasta el calendario educativo y el salario mínimo docente. Es por eso que la CTERA anunció que llevará el caso a la Organización Internacional del Trabajo (OIT)y a la Internacional de Educación. El Decreto presidencial licua el poder de las entidades sindicales en la paritaria docente y libera a los Estado provinciales en sus negociaciones.
Sobre esta decisión, el secretario general de SADOP Rosario, Martín Lucero dijo que esto está dentro del marco de lo que viene haciendo el Gobierno Nacional, que es “limitar la capacidad de negociación que tienen los sindicatos”. Según Lucero, se intenta imponer un modelo de ajuste donde los salarios no aumenten, y de esta forma, “fortalecer la política económica del Gobierno” que es “controlar el consumo y planchar la economía interna”.
Para el representante de los docentes privados, el hecho de que no haya paritarias, intenta “generar una traba a los trabajadores, ya que “es un modelo pensado para los mercados y no para la producción nacional y el trabajo”. La paritaria docente abarca a más de un millón de trabajadores, y de alguna manera, es el reflejo para los demás empleados públicos, y como tal, para los privados. “Es de esa forma, sacan una referencia para poder evitar todo lo que paso el año pasado. La realidad indica que el gobierno no ha acertado ninguno de sus pronósticos inflacionarios desde que asumió, siempre le erró y esta vez no va a ser la excepción”, agregó Lucero.
En el caso de la provincia y las repercusiones de la medida, el dirigente explicó que existe en Santa Fe una Ley de paritarias propia, aunque “faltaría la referencia” de las paritarias nacionales. “Nuestro planteo va a ser enfocado en lo local, apuntando al costo de vida local. Lo que va a faltar también con este Decreto es la posibilidad de discutir en Fondo Nacional de Incentivo Docente que es obligación del Estado Nacional, que con el congelamiento de la paritaria, buscan dejarlo planchado”, informó el gremialista.
Quien también dio su punto de vista al respecto fue la Secretaria General de CTERA, Sonia Alesso, quien indicó que el decreto “intenta ponerle un freno a la lucha docente”. La dirigente dijo además que el cese de la lucha “no se decreta” y agregó: “La CTERA va a seguir peleando como lo hizo siempre a lo largo de su historia. Por eso estamos seguros que más temprano que tarde este decreto que es inconstitucional, va a llegar a su fin».
Por otra parte, señaló que van a seguir con la lucha en la calle por los docentes y la escuela pública y además harán una presentación a la Internacional de Educación y a la OIT.
Sobre la situación de la provincia de Santa Fe, Alesso explicó que lo que se logra con esta medida es la disminución de los fondos de educación que remite el Estado Nacional a las provincias, que según la dirigente, “ya existe una merma de los mismos” y que de parte de la entidad gremial que representa, vienen denunciándolo desde hace más de un año. Estos no son sólo fondos destinados a salarios, sino a programas espaciales que están el presupuesto y que “fueron sub-ejecutados” en 2016 y 2017. En continuidad, Alesso sostuvo que la decisión del gobierno va a generar una “altísima conflictividad” en las provincias más pobres producto de la extinción de los fondos nacionales.
Cuáles son los cambios con el nuevo decreto
El decreto modifica el criterio para repartir los lugares reservados a los gremios en esa mesa de negociación. Con la modificación, se pasa del actual esquema proporcional, vinculado con la cantidad de afiliados de cada gremio, a la representación pareja, con un representante por sindicato docente, sin importar el peso específico de cada organización.
En su artículo 10, esa norma establece que el Ministerio de Educación, el Consejo Federal de Cultura y Educación y los gremios con representación nacional se reunirán para acordar un «convenio marco que incluirá pautas generales referidas a condiciones laborales, calendario educativo, salario mínimo docente y carrera docente».
En los hechos, la reforma busca licuar el poder de Ctera, que representa a más del 70 por ciento de los maestros de todo el país, y cuya capacidad de presión es clave para definir el éxito o fracaso de los paros docentes.
El decreto de Macri formaliza además el mecanismo para fijar el salario mínimo docente, que hasta 2015 se definió en la paritaria nacional.
A partir del año siguiente, con el argumento de que la situación de las provincias de cara a la negociación con los docentes es muy dispar, el Gobierno reemplazó la paritaria nacional con un esquema que prevé aumentar el salario mínimo docente de manera automática todos los años un 20 por ciento por encima del salario mínimo vital y móvil.
La modificación es considerada ilegal por los gremios, que siguen reclamando que esa discusión se dé en el marco de la paritaria nacional. Como se preveía, los gremios docentes reaccionaron con furia ante el decreto que dio a conocer el Gobierno, a través del cual se modifican las reglas para las negociaciones salariales del sector y desactivó el argumento para convocar a la paritaria nacional.
