El empresario Leonardo Peiti, quien está como imputado colaborador en una causa por juego ilegal en Rosario que terminó con dos fiscales presos, quedó este miércoles detenido por otra acusación similar en la ciudad de Rafaela, informaron fuentes judiciales.
Peiti, señalado como “el zar del juego clandestino” de Santa Fe, fue imputado como jefe de dos asociaciones ilícitas dedicadas a la explotación de salas ilegales en distintas localidades del departamento Castellanos.
El juez penal Javier Bottero aceptó la acusación formulada por los fiscales Guillermo Loyola y Gabriela Lema, y le dictó prisión preventiva sin plazo al empresario que también explota salas de juego legales en Formosa y Paraguay, agregaron los informantes.
Junto al capitalista de juego, otras cuatro personas fueron imputadas como miembros y organizadores de las asociaciones ilícitas, dos de ellas con prisión preventiva, informó el Ministerio Público de la Acusación (MPA).
Los fiscales Loyola y Lema acusaron a Peiti de ser el jefe de una asociación ilícita que organizó, administró, operó y explotó “sistemas de captación de juegos de azar sin contar con la autorización pertinente emanada de la autoridad jurisdiccional competente”.
También lo imputaron por “defraudación en perjuicio de administración pública”, en todos los casos en calidad de coautor, junto a los otros acusados.
El empresario fue imputado en libertad por cargos similares en la ciudad de Rosario el año pasado, hasta que se acogió a la figura del “arrepentido” y proporcionó datos sobre dos fiscales que fueron detenidos por presuntos sobornos.
La investigación derivó en las detenciones del exfiscal Regional, Patricio Serjal, y su subordinado Gustavo Ponce Asahad, a quienes Peiti les habría pagado coimas de 4 mil dólares mensuales para evitar ser detenido y, a la vez, recibir información de otras investigaciones que lo tenían bajo la lupa en otros distritos de Santa Fe.
Serjal obtuvo a fines de febrero la prisión domiciliaria al considerarse que corría riesgo su vida y su salud mental en la cárcel, por el cuadro psiquiátrico que desarrolló durante el encierro.
En la misma investigación los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery habían pedido, sin llegar a obtenerlo, el desafuero de un senador provincial, Armando Traferri, al considerar que tenían evidencia sobre su presunta protección política a Peiti para imputar formalmente al legislador.
El planteo fue rechazado en diciembre pasado por el Senado santafesino y ahora Traferri denunció penalmente a los empleados del Ministerio Público de la Acusación.
