La Comisión Investigadora de Fentanilo Contaminado definió que su próxima reunión será el 3 de noviembre en Rosario, en respuesta al pedido de familiares de las víctimas. El encuentro estará encabezado por la presidenta del cuerpo, la diputada nacional Mónica Fein, y tendrá como objetivo avanzar con la redacción del informe final sobre el caso.Rosario fue elegida como sede por ser la ciudad con mayor número de fallecimientos (al menos 30 de las 124 muertes registradas) y donde también se detectaron varios hospitales afectados por la circulación del medicamento adulterado.La comisión ya mantuvo reuniones con familiares de víctimas y especialistas del Hospital Italiano de La Plata, la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales (Caeme) y expertos en farmacología. Además, se solicitó información a la Anmat sobre sus mecanismos de control y supervisión.El cuerpo legislativo busca ahora cerrar las últimas audiencias y producir una serie de propuestas concretas dirigidas a prevenir tragedias similares y determinar posibles responsabilidades administrativas y políticas.

La comisión que investiga las muertes por fentanilo contaminado sesionará en Rosario

En el marco de la causa judicial que investiga a una presunta red de corrupción judicial vinculada al narcotráfico, este jueves Gendarmería Nacional realizó allanamientos en la sede de la constructora Edeca y en domicilios vinculados a sus directivos. El principal implicado en este proceso judicial es el exjuez federal Marcelo Bailaque.Según la hipótesis de la fiscalía, Edeca habría dejado de ser investigada en una causa penal tributaria luego de que el directorio le cediera a Bailaque un lote valuado en más de 150 mil dólares en un barrio cerrado de Funes, que figura a nombre de su esposa por un monto muy inferior al real.La pesquisa se intensificó tras la aparición de un nuevo arrepentido, el empresario financiero Marcelo Whpei, que se sumó al exjefe regional de la Afip Rosario, Carlos Vaudagna, en señalar maniobras de extorsión y dádivas.Bailaque permanece con prisión domiciliaria a la espera del juicio oral, acusado de integrar una asociación ilícita junto a Vaudagna y Whpei para extorsionar empresarios rosarinos. También enfrenta cargos por prevaricato, incumplimiento de los deberes de funcionario público, dádivas y lavado de activos.Como parte de la investigación, Gendarmería allanó además el despacho del juez federal Gastón Salmain y el estudio del escribano Santiago Busaniche.Fiscalía busca ahora consolidar pruebas sobre un presunto intento de extorsión al financista Claudio Iglesias, a quien le habrían exigido 200 mil dólares para detener una causa en su contra por evasión fiscal.

Caso Bailaque: allanaron una constructora y el despacho de un operador judicial en Rosario

El caso del crimen de Ivana Garcilazo, la joven hincha de Central que fue asesinada de un piedrazo tras un clásico rosarino el 30 de septiembre de 2023, avanza este martes con la audiencia preliminar de cara al juicio oral que tendrá lugar en marzo o abril de 2026.El encuentro comenzó a las 8:00 en el Centro de Justicia Penal de Rosario, donde las partes presentan a sus testigos, pruebas, lectura de cargos y defensas que serán desarrollados en el debate oral y público.&nbsp;En este marco, los tres detenidos imputados por el asesinato ocurrido en Ovidio Lagos y Montevideo, Damián Reifenstuel, Ariel Cabrera y Juan José Massón, fueron citados y participaron a través de videoconferencia desde las cárceles de Coronda y Piñero. Por &nbsp;su parte, familiares de la víctima acudieron presencialmente.El fiscal Lisandro Artacho del Ministerio Público de la Acusación (MPA) pide una pena de 30 años de prisión para los acusados como coautores de homicidio simple agravado en ocasión de espectáculo deportivo. En cuanto a la querella, el abogado Marcelo Cella exige una condena de 33 años.Días atrás, el abogado de Reifenstuel, Pablo Bedouret, solicitó que su defendido sea sometido a un estudio oftamológico y alegó que el detenido que estuvo prófugo en Bolivia tiene problemas de visión. De hecho, el letrado pide su absolución. No obstante, el juez Fernando Sosa no dio lugar a una posible postergación de la audiencia preliminar de esta mañana para realizar el análisis ocular.&nbsp;<section class="noteSuggested" data-id="54494,54460" data-title="Puede interesarte"></section>

La causa por el crimen de Ivana Garcilazo avanzó con la audiencia preliminar al juicio

La causa por el crimen de Ivana Garcilazo avanza con la audiencia preliminar al juicio

El Gobierno de Santa Fe completó la aplicación de los juicios por jurados en la provincia con la llegada del sistema a Rosario desde el 1° de octubre pasado.Se trata del proceso por el cual se convoca a un tribunal compuesto por ciudadanos que decidirán por la culpabilidad o no del o de los acusados. Los participantes deben analizar los hechos denunciados que cumplan con los requisitos establecidos en la normativa vigente.La medida comenzó a regir el año pasado en la Circunscripción Judicial N° 5 con sede en Rafaela; luego siguió con la Circunscripción Judicial N° 4 con sede en Reconquista; y la N° 3 con sede en Venado Tuerto. En este 2025, se sumaron la Circunscripción N° 1 de Santa Fe Capital y, por último, y la Circunscripción N° 2 de Rosario.El ministro de Justicia y Seguridad de la provincia, Pablo Cococcioni, habló al respecto y detalló: "A partir de la entrada en vigencia, en cada circunscripción todos los casos penales por los delitos que establece la ley, que usualmente son los delitos más graves o de mayor conmoción social, las acusaciones que se presenten con posterioridad, van obligatoriamente a juicio por jurados”.En este sentido, los casos que estarán contemplados por el sistema serán los homicidios calificados (art. 80 inc. 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 del CP); los casos de abusos sexuales seguidos de muerte (art. 124 del CP); el robo calificado por homicidio (art. 165 del CP) y aquellos casos que involucren a personal policial o penitenciario que hubiera actuado en situación de enfrentamiento.&nbsp;Por otro lado, Cococcioni subrayó que “el objetivo es acercar la justicia a la gente, generando mayor confianza en las instituciones y garantizando que la voz de la ciudadanía forme parte activa en la resolución de los casos más relevantes”.&nbsp;

La provincia completó con Rosario la implementación del juicio por jurados en Santa Fe

El fiscal federal de San Isidro, Fernando Domínguez, imputó este martes al diputado nacional de La Libertad Avanza, José Luis Espert, por presunto lavado de dinero, en una causa que tramita el juzgado a cargo de Lino Mirabelli.La acusación se enmarca en una investigación sobre los 200.000 dólares que el legislador habría recibido en 2020 de parte del empresario Federico "Fred" Machado, detenido por narcotráfico y que será extraditado a Estados Unidos.La denuncia señala que Espert percibió "al menos la suma de 200.000 dólares de parte de una banda criminal que formaba parte de estructuras mafiosas ligadas al narcotráfico", según consta en el expediente. El fiscal Domínguez centró su imputación en una presentación del Fiscal Federal del Distrito Judicial Este de Texas, Ernest González, y en documentación periodística que detalla movimientos financieros presuntamente irregulares.En este sentido, tras negar en reiteradas oportunidades haber recibido el dinero, Espert reconoció finalmente la transacción, aunque indicó que se trato de un “pago por asesoría a una empresa minera de Guatemala”.Por su parte, el propio Machado confirmó la entrega del dinero y dio su versión: “¿Che, no me podés hacer un aporte monetario porque estamos en bolas?, me pidió", contó el empresario que le pidió Espert. “La idea de apoyarlo en lo económico surge porque me decía: ‘Te necesito, no somos muchos, somos pocos’.”Machado agregó que el contrato con Espert se firmó en 2019 y que la transferencia se realizó al año siguiente desde Aircraft Guaranty. “Lo contraté como para darle una mano. Me dio lástima; no era el Espert de ahora, el de ‘cárcel o bala’. En ese momento me pareció un tipo macanudo, con una causa noble”, declaró.Según el empresario, el monto total pactado podría haber alcanzado entre 500.000 y un millón de dólares.

Imputaron a José Luis Espert por presunto lavado de dinero

La fiscal federal con competencia electoral de la provincia de Buenos Aires, Laura Roteta, dictaminó este martes que Karen Reichardt debe ocupar el primer lugar en la lista de candidatos a diputados nacionales de La Libertad Avanza por la provincia de Buenos Aires, y no Diego Santilli.Esta situación ocurre luego de la renuncia de José Luis Espert tras hacerse conocido su vínculo con una empresa que manejaba el empresario Fred Machado, acusado por narcotráfico en Estados Unidos.El dictamen se contrapone a la presentación que realizaron los apoderados del partido, que habían solicitado que Santilli, tercero en la nómina, ascendiera al primer puesto. La decisión final quedará en manos del juez federal Alejandro Ramos Padilla.La polémica se centra en la aplicación de la Ley de Paridad de Género frente a una renuncia. Los representantes legales del Gobierno argumentaron que el decreto 171/2019 establece que el reemplazo debe realizarse por género (por lo que el lugar de Espert debería ocuparlo otro varón), mientras que la fiscal consideró que esa interpretación “va en contra del espíritu de la ley” y de su finalidad igualitaria.En este sentido, Roteta sostuvo que la paridad es una “acción afirmativa” destinada a revertir desigualdades estructurales y que nunca puede ser utilizada para perjudicar a las mujeres.En ese aspecto, señaló que desplazar a Reichardt(segunda en la lista) en favor de un candidato varón sería una “regresión” en materia de derechos.La fiscal apoyó su postura en el caso de la senadora Lucila Crexell, en el que la Corte Suprema avaló que una mujer encabezara la lista pese a la muerte del primer candidato varón, priorizando el "propósito final de la ley, que es la protección de la mujer".

Una fiscal dictaminó que Karen Reichardt debe encabezar la lista bonaerense de La Libertad Avanza

Morena Rial se encuentra detenida en el penal de Magdalena, donde fue trasladada hace dos días, y este viernes su abogado, Martín Leiro, dio detalles sobre sus condiciones de alojamiento y compartió una carta escrita por su clienta.Según explicó, la joven permanece en un sector apartado, con una cama de hormigón, un colchón ignífugo y bajo un régimen de comunicación restringido.En un mensaje titulado “Yo, More Rial, comunico”, redactado en una hoja de anotador, la hija del conductor televisivo, Jorge Rial, señaló: “Quiero que sepan que donde estoy no tengo comunicación con nadie más que con mis abogados y un núcleo muy pequeño de allegados. Cualquier cosa que se diga de boca de otras personas, son más de lo mismo (inventos)”.En esa misma línea, aclaró que no desea que su hijo Mateo la visite en la cárcel: “No es que no lo quiera ver, sino que este no es el ámbito que quiero para él”, sostuvo, aunque remarcó que sus abogados gestionan la posibilidad de realizar videollamadas para mantener el vínculo.Leiro, por su parte, relató que pasó cuatro horas con su defendida, a quien encontró “conmocionada y en llanto” luego de una comunicación telefónica con su padre. “Me dijo ‘Es la primera vez que hablo con papá’ desde que fue trasladada”, contó.El letrado explicó también que Rial se encuentra en una celda que describió como un “monoambiente”, con ventana, frazadas y baño propio, distinta a un “buzón de aislamiento”. Asimismo, confirmó que la joven tuvo una extensa entrevista con la psicóloga del penal y volverá a ser atendida en los próximos días.“Encontré a una Morena totalmente diferente a la que yo conozco. Estaba más tranquila y contenida”, aseguró Leiro, aunque remarcó que recién ahora la joven “toma real dimensión de lo que significa estar presa”.

Morena Rial escribió una carta desde la cárcel de Magdalena y habló de su hijo

El enfermero del Policlínico Pami II de Rosario detenido por presunta venta ilegal de fentanilo y medicamentos fue imputado este viernes y permanecerá en prisión preventiva por 150 días.Se trata de Luis Emanuel Benavídez., empleado del establecimiento de salud desde 2014 que fue aprehendido por Gendarmería Nacional este martes mientras salía de su lugar de trabajo, en el marco de un operativo con cuatro allanamientos. Durante los procedimientos, fueron incautadas ampollas de fentanilo y de bromuro de vecuronio, entre otros fármacos.La audiencia imputativa fue llevada a cabo esta mañana en los Tribunales Federales de la ciudad, donde los fiscales Matías Mené, Martín Uriona y Soledad García le adjudicaron al hombre delitos que datan de 2023. En este marco, el juez Román Lanzón ordenó prisión preventiva por un plazo de 150 días.La investigación está a cargo del Área de Delitos Complejos de la Unidad Fiscal Rosario del Ministerio Público Fiscal de la Nación, Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar); la UFI-PAMI y el Área de Atención y Acompañamiento a las Víctimas de la Fiscalía.De acuerdo a la acusación, se le adjudica al enfermero la sustracción de sustancias de uso hospitalario de la farmacia interna del Pami Rosario para comercializarla por su cuenta, de forma clandestina. Además, una de las hipótesis lo relaciona con la muerte de un joven en agosto de 2023, a &nbsp;quien presuntamente le vendió fentanilo.<section class="noteSuggested" data-id="56391" data-title="Puede interesarte"></section>

Prisión preventiva por 150 días para el enfermero de Pami acusado por robar y vender fentanilo

Matías Agustín Ozorio, ladero de Tony Janzen Valverde Victoriano “Pequeño J”, fue deportado de Perú en el marco de la investigación por el triple crimen de Florencio Varela.La medida fue confirmada por el fiscal Adrián Arribas, quien está a cargo del caso de los asesinatos de Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Morena Gutiérrez (15) en Buenos Aires.El joven argentino de 28 años fue detenido en Lima como mano derecha del líder de la banda narco acusado de ser el presunto ideólogo del secuestro, tortura y ejecución de las jóvenes argentinas. “Me trajeron de engaño... Unos narcos, mafiosos. Yo le debía plata. Y hace dos días me escapé", declaró el detenido.De acuerdo al medio Noticias Argentinas, el fiscal dictó el secreto de sumario hasta este jueves y anticipó que se desconoce si Ozorio será extraditado al país en la brevedad.Por otro lado, el coronel Pérez Pizarro de la División Antidrogas de la Policía Nacional de Perú informó esta tarde que el Departamento de Migraciones emitió la resolución que asegura la deportación.<section class="noteSuggested" data-id="56392" data-title="Puede interesarte"></section>

Triple crimen de Florencio Varela: deportaron de Perú al ladero de "Pequeño J"

Este lunes, la Policía bonaerense y la DDI de La Matanza detuvieron en la Ciudad de Buenos Aires a Florencia Ibáñez, sobrina de Lázaro Víctor Sotacuro, uno de los imputados por el triple femicidio de Florencio Varela.La joven, de 28 años, fue señalada en las imágenes de cámaras de seguridad como acompañante de su tío en un vehículo que habría cumplido funciones de apoyo logístico durante la madrugada del ataque.Sotacuro, de 41 años, había sido capturado días atrás en Bolivia. Está apuntado por los investigadores como el presunto conductor del auto que trasladó a parte te la banda narco que llevó a cabo los asesinatos de Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15).El operativo de este lunes sorprendió a Ibáñez en plena entrevista televisiva. Agentes de la Policía se presentaron en un canal donde la mujer dialogaba con periodistas en compañía de su abogado Guillermo Endi. Por cuestiones de jurisdicción, se labró un acta en la Ciudad de Buenos Aires y luego se dispuso su traslado a La Matanza.Durante la entrevista, su abogado aseguró ante la prensa que Ibáñez es “inocente” y denunció que su clienta recibió amenazas. Antes de ser esposada, la mujer insistió en su desvinculación del caso: “Víctor es mi tío, está detenido porque dicen muchas cosas de él y de mi tía. Se asustó y se fue. No conocemos a nadie vinculado con el narcotráfico. Es remisero, es muy buena persona para mí”, declaró.<figure class="media"><div data-oembed-url="https://www.youtube.com/watch?v=c2LjT6OULLI"><div style="position: relative; padding-bottom: 100%; height: 0; padding-bottom: 56.2493%;"><iframe src="https://www.youtube.com/embed/c2LjT6OULLI" style="position: absolute; width: 100%; height: 100%; top: 0; left: 0;" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen=""></iframe></div></div></figure>También subrayó que no estuvo en la vivienda donde se perpetró el triple crimen y que jamás conoció a las víctimas: “Voy a dar mi celular, el auto, también hay cámaras. Voy a hablar con la fiscal para que vea que no tengo nada que ver”, aseguró.Con esta nueva detención, ya son siete los apresados en el expediente que investiga el fiscal Adrián Arribas, especializado en homicidios.

Detuvieron en vivo a la sobrina de uno de los acusados por el triple femicidio de Florencio Varela

La Justicia argentina ordenó a Interpol emitir un pedido de captura contra Matías Agustín Ozorio, acusado de haber participado de la tortura y el asesinato de Brenda Del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez en Florencio Varela.Ozorio, de 28 años, es considerado el hombre de confianza del jefe narco conocido como "Pequeño J" y es buscado por el triple homicidio calificado por haberse cometido con premeditación, alevosía, ensañamiento y violencia de género. Así lo estableció el fiscal Gastón Duplaá, quien tomo la causa inicialmente desde la Fiscalía N°2 de La Matanza.En tanto, los investigadores buscan confirmar la verdadera identidad de "Pequeño J" y manejan algunos posibles nombres: Julio Valverde o Julio Montana.Javier Alonso, ministro de seguridad de la provincia de Buenos Aires, señaló que se trataría de un joven peruano de 23 años y lo señaló como el autor intelectual de la masacre, ejecutada como un "mensaje" mafioso hacia integrantes de la propia organización.Para los fiscales, Ozorio estuvo dentro de la vivienda de Florencio Varela donde asesinaron a las tres jóvenes el pasado 15 de septiembre. En paralelo, ya fueron arrestados otros cuatro sospechosos: Magalí Celeste González Guerrero (28), Miguel Ángel Villanueva Silva (25), Daniela Iara Ibarra (19) y Maximiliano Andrés Parra (18).

Interpol busca a la mano derecha de “Pequeño J” por el triple crimen de Florencio Varela

Lautaro "Laucha" Ghiselli, señalado como jefe de la barra brava de Rosario Central tras el asesinato de Andrés "Pillín" Bracamonte, quedó en prisión preventiva este miércoles luego de la audiencia realizada en el Centro de Justicia Penal.La medida también alcanzó a otros nueve presuntos miembros de la banda Los Menores, facción que se la vincula con el control del paravalanchas canalla desde noviembre de 2024.La audiencia, que inicó a las 15:30, fue seguida de cerca por unas 20 personas que se hicieron presentes con banderas de apoyo al imputado. Uno de los mensajes reclamaba su libertad y otra rezaba: "Laucha preso político". Varios de los asistentes llevaban camperas con la inscripción "Los Guerreros", histórico nombre de la barra auriazul.<h3>La imputación</h3>Los fiscales Georgina Pairola, Juliana González y Luis Schiappa Pietra atribuyeron a Ghiselli y a otros nueve acusados el delito de asociación ilícita agravada por la participación de menores de edad. De acuerdo con la acusación, los investigados organizaron recursos humanos y materiales para disputar territorios en Rosario y destinarlos a negocios de narcomenudeo.Entre los hechos que les imputan figuran atentados contra personas, extorsiones a vecinos para usurpar viviendas y convertirlas en puestos de venta de drogas, portación y circulación de armas de fuego, uso de vehículos robados y la utilización de menores de edad o personas vulnerables para ejecutar actos violentos o vender estupefacientes.La investigación ubica a la banda principalmente en el barrio 7 de Septiembre, en la zona noroeste de la ciudad, aunque también los relaciona con disputas en Stella Maris, La Bombacha y Emaús, y con alianzas en otros barrios como Santa Lucía, Godoy, Ludueña, Empalme Graneros, Parque Oeste, Bajo Cullen, Villa Nueva, San Francisquito y Villa La Lata.Al dictar la resolución, el juez Fernando Sosa destacó que Ghiselli cumple un rol claro como organizador dentro de la barra de Central y rechazó el planteo de la defensa, que había calificado a la evidencia fiscal como un simple “relato”. La Fiscalía presentó, entre otras pruebas, el testimonio de un testigo de identidad reservada que aseguró que Los Menores eligieron a Ghiselli para conducir a Los Guerreros.

Continuará detenido “Laucha” Ghiselli, líder de la barra de Central

Tres taxistas serán imputados por intento de homicidio este miércoles por la violenta golpiza a un pasajero ocurrida en inmediaciones del Parque Independencia. La víctima permanece internada en estado crítico en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca). &nbsp;La Justicia de Rosario avanzará en la causa con una audiencia prevista para las 10.30 a cargo del fiscal Lisandro Artacho.El hecho ocurrió en la madrugada del 13 de septiembre, cuando Flavio B., de 43 años, abordó un taxi en Brown y Francia. Durante el viaje, la conductora denunció que había sido maltratada y que el pasajero incluso le había propuesto mantener relaciones sexuales. Tras pedir ayuda a colegas, la situación terminó con un violento ataque en Montevideo al 2100, frente al Museo Castagnino.Allí, el hombre descendió del vehículo y fue interceptado por un grupo de taxistas. Según el testimonio de la chofer, uno de ellos le pegó una trompada que lo dejó inconsciente al golpear su cabeza contra el pavimento. Desde entonces, la víctima permanece en terapia intensiva con un grave traumatismo de cráneo.En el marco de la investigación, el lunes fue detenido David C., de 41 años, durante un allanamiento en Vera Mujica al 2500. Un día después, Omar Alberto F., de 49, y Matías Gabriel V., de 34, se entregaron en la sede de la Policía de Investigaciones. Los tres quedaron bajo la órbita de la Fiscalía, que los acusará formalmente por tentativa de homicidio.

Imputarán a tres taxistas por la brutal agresión a un pasajero en Rosario

La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó un recurso extraordinario presentado por la defensa de José Alperovich y dejó firme su sentencia a 16 años de prisión por delitos de abuso sexual.El fallo fue avalado por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, quienes consideraron inadmisible la presentación y confirmaron la negativa a concederle la excarcelación al ex gobernador de Tucumán.Alperovich había sido condenado hace más de un año por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°29, que lo declaró culpable de tres hechos de abuso sexual simple y seis de abuso sexual agravado ocurridos entre 2017 y 2018. La víctima fue su sobrina, quien trabajaba para su campaña política.En aquello jornada, se ordenó su inmediata detención. La fiscalía señaló que el ex mandatario disponía de suficientes recursos económicos y vínculos de poder como para intentar fugarse.En tanto, la defensa recurrió a distintas instancias, alegando vulneración de presunción de inocencia y ausencia de riesgo procesal, pero tanto la Cámara de Casación como la Corte descartaron estos planteos.

La Corte Suprema dejó firme la condena a José Alperovich

En el marco de la investigación por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), el comunicador y militante libertario Fernando Cerimedo aseguró ante la Justicia que Diego Spagnuolo, quien estuvo al frente del organismo, le contó que informó personalmente a Javier Milei y a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, sobre los manejos irregulares en la compra de medicamentos.El testimonio de Cerimedo se conoció tras el levantamiento del secreto de sumario y complica aún más a Spagnuolo, que quedó en el centro de la causa luego de la filtración de audios y del hallazgo de una importante suma en efectivo en su poder.De acuerdo con la declaración, Spagnuolo le aseguró a Cerimedo que el presidente se mostró sorprendido e indignado cuando le transmitió lo que ocurría en la ANDIS, pero que ya estaba al tanto porque él mismo se lo había contado antes a Pettovello.Cerimedo no solo confirmó los audios que se habían filtrado sino que agregó un elemento más sensible: mencionó a Eduardo “Lule” Menem como la figura que garantizaba el control político del negocio. Según su relato, Spagnuolo le dijo que una droguería le comunicó que el porcentaje de retorno había subido: del 5 al 8 por ciento, con la explicación de que “el 3 va directo a la Rosada”.

Escándalo en ANDIS: Cerimedo declaró que Spagnuolo habló sobre las coimas con Milei y Pettovello

Un jubilado mendocino presentó una demanda judicial por más de $152 millones contra el Estado argentino y el laboratorio AstraZeneca, luego de asegurar que sufrió una trombosis venosa profunda (TVP) como consecuencia de la vacuna contra el COVID-19.El caso contrasta con la Ley 27.573, sancionada en octubre de 2020 durante la gestión de Alberto Fernández, que protege a las farmacéuticas de demandas civiles directas. Según esta normativa, los afectados deben recurrir al Fondo de Reparación COVID-19, un mecanismo administrativo que ofrece compensaciones limitadas y solo en casos graves y científicamente comprobados.El demandante, que pudo costear estudios médicos y asesoría legal, reclama indemnización por daño físico y moral, gastos médicos, incapacidad permanente, pérdida de oportunidades laborales y recreativas, y daño punitivo como sanción ejemplar contra AstraZeneca. Según su presentación, las secuelas le impiden realizar tareas cotidianas, como manejar maquinaria agrícola, practicar deportes o viajar.

Jubilado mendocino demandó a AstraZeneca y al Estado por secuelas de la vacuna contra el Covid-19

Este lunes comenzó en Rosario el juicio contra el ex fiscal regional Patricio Serjal y el empleado de la Fiscalía Nelson Ugolini en el marco de la causa del juego clandestino, que desató un escándalo judicial en la provincia de Santa Fe.&nbsp;Por el caso, ya fueron condenados el empresario Leonardo Peiti y el ex fiscal Gustavo Ponce Asahad, quienes declararon como arrepentidos. La instancia oral comenzó a partir de las 8:00 en el Centro de Justicia local.Los fiscales José Luis Caterina, Marisol Fabbro y María de los Ángeles Granato le adjudican a Serjal haber sido organizador de una asociación ilícita con cohecho pasivo agravado por falsedad ideológica de documento público, delito agravado por su condición de funcionario público y la omisión de persecución. Pidieron una condena de 12 años de prisión efectiva y la inhabilitación para ejercer cargos públicos de forma perpetua.Por su parte, Ugolini fue señalado por el delito de asociación ilícita en calidad de miembro en concurso ideal con incumplimiento de los deberes de funcionario público en carácter de autor y cohecho pasivo simple en carácter de partícipe primario. En este caso, la pena pedida por los fiscales es de 5 años de prisión efectiva y 10 de inhabilitación para ejercer cargos públicos.El fiscal Caterina brindó declaraciones este lunes y, en relación al proceso judicial, explicó: “Tenía que ser agendado desde julio de 2023, decidimos llevarlo a juicio para no estirar más esta situación. Va a ser relativamente largo, está previsto para tres semanas completas”.&nbsp;Serjal fue detenido en agosto de 2020 y quedó bajo arresto domiciliario. Posteriormente, en febrero de 2022, el camarista Guillermo Llaudet le otorgó la libertad bajo la prohibición de salir de la ciudad y del país sin la autorización del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

Juego Clandestino: empieza el juicio por corrupción contra el ex fiscal regional Patricio Serjal

Este jueves, el Supremo Tribunal de Brasil condenó por mayoría a Jair Bolsonaro por intentar un golpe de Estado con el fin de mantenerse en el poder tras su derrota electoral en 2022.El exmandatario, de 70 años, fue declarado culpable en cinco cargos y se espera que el tribunal defina este viernes la sentencia, que podría significar décadas de prisión.El juez Alexandre de Moraes señaló que Bolsonaro fue "líder de un complot golpista y de una organización criminal", mientras que la jueza Carmen Lúcia acompaño su postura. El expresidente brasileño se encuentra bajo arresto domiciliario y no asistió a la audiencia. Sus abogados anticiparon que apelarán el fallo.La determinación de la Justicia intensifica la división política en Brasil, donde Bolsonaro sigue siendo una figura influyente pese a estar inhabilitado hasta 2030. Sus aliados en el Congreso evalúan impulsar una amnistía, mientras que en el plano internacional el caso sumó tensión luego de que Donald Trump condicionara un arancel del 50% a productos brasileños al proceso judicial contra su socio político.

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