Decenas de manifestantes causaron disturbios este miércoles en San Lorenzo en pedido de justicia por el crimen de Sofía Delgado y familiares de uno de los principales acusados pidieron que cesen las agresiones, asegurando que “también quieren justicia” por la joven.Los episodios tuvieron lugar durante la tarde en distintas ubicaciones que tomaron relevancia en la localidad vecina a raíz del caso de la joven que fue encontrada sin vida en Ricardone.&nbsp;En este marco, un grupo de personas causó destrozos tanto Puerto General San Martín, en la zona del taller donde trabajaban los imputados Eduardo Mordini y Brian Bauman, como en el domicilio sanlorecino de la madre de Alejandro Bevilacqua. En ambos lugares se registraron pintadas y, según fuentes policiales, un joven vinculado a la víctima fue detenido. A su vez, hubo vandalismo en otra vivienda de San Lorenzo y se produjo un incendio en un predio cercano.Tras los acontecimientos de este miércoles, la hermana del cuñado de Bevilacqua rompió el silencio a través de redes sociales y pidió un cese a la violencia contra la familia del acusado. “Fueron a la casa de mi hermano, lo golpearon a él y atormentan a su mujer por ser hermana de este HDP asesino”, inició su relato la mujer.Luego, la usuaria de X recalcó que el imputado “no se habla con la hermana hace meses” y agregó: “Entiendo la bronca de todos, pero la familia no tiene la culpa de nada, mis sobrinas llorando asustadas adentro, 10 y 5 años tienen las nenas y tuvieron que ver cómo le pegaba al padre que ni siquiera sabía de la vida de Alejandro hace meses, infórmense bien y no sean tan animales hdps".Por último, la mujer sentenció: "Yo también quiero justicia por Sofía, pero no salpiquen a quien no tiene nada que ver, les aseguro que por más que sean familia ellos también quieren justicia por Sofía, este HDP viene trayendo problemas a la familia hace años, ya ni contacto tenía, la lucha es contra él, contra los culpables y los asesinos, no entre nosotros, estamos todos del mismo lado”.<div class="raw-html-embed"><blockquote class="twitter-tweet">Asustadas adentro, 10 y 5 años tienen las nenas y tuvieron que ver cómo le pegaba al padre que nisiquiera sabían de la vida de Alejandro hace meses, informense bien y no sean tan animales hdps, yo también quiero justicia por Sofía pero no salpiquen a quien no tiene nada que ver— Mailu ❤️‍🔥 (@MailenMaciell) <a href="https://twitter.com/MailenMaciell/status/1859375904629092573?ref_src=twsrc%5Etfw">November 20, 2024</a></blockquote> <script async="" src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script></div>

Familia del principal acusado por el crimen de Sofía Delgado pide que paren las agresiones: "Estamos del mismo lado"

Los cinco detenidos por la muerte de Sofía Delgado fueron imputados este miércoles por la mañana en San Lorenzo y el fiscal apuntó a un crimen premeditado entre dos de los acusados.&nbsp;La audiencia imputativa fue encabezada por el juez de Primera Instancia, Eugenio Romanini, este miércoles por la mañana en la sala 1 de los Tribunales Provinciales de la localidad santafesina.&nbsp;En este contexto, el fiscal Carlos Ortigoza acusó a Alejandro José Bevilacqua, Eduardo Andrés Mordini, Brian Ezequiel Baumann por los delitos de homicidio calificado por el concurso premeditado de dos o mas personas cometido contra una mujer mediando violencia de género en calidad de autores. Los hombres quedaron bajo prisión preventiva por el plazo de 180 días.Por otro lado, las dos mujeres detenidas durante la investigación, Miranda Leguizamón y Natalia Fernanda Palavecino, fueron imputadas por encubrimiento. De esta manera, el juez dio lugar al pedido de Fiscalía de efectuar una medida cautelar sin privación de libertad para ambas, quienes tienen prohibido establecer contacto con los familiares de Delgado, entre otras prohibiciones.Según lo asegurado por el fiscal este miércoles en base a los resultados de la investigación, las pericias a los celulares secuestrados durante allanamientos revelaron que Bevilacqua y Mordini hablaban de un potencial crimen desde el 15 de octubre. Por su parte, a Baumann se le atribuyó haber participado en el descarte del cuerpo, encontrado atado de pies y manos dentro de una bolsa, el 15 de noviembre en un camino rural de Ricardone.<section class="noteSuggested" data-id="49468" data-title="Puede interesarte"></section>

Sofía Delgado: el fiscal señaló que se trató de un crimen premeditado entre dos de los acusados

Los cinco detenidos por la muerte de Sofía Delgado son imputados este miércoles por la mañana en San Lorenzo. La audiencia tuvo lugar en los Tribunales de la localidad vecina, ante una importante custodia policial en torno al edificio.Durante esta jornada, el fiscal Carlos Ortigoza desarrolla cuáles fueron los roles de los tres hombres y las dos mujeres que fueron aprehendidos días atrás durante la investigación.&nbsp;El cuerpo de la joven de 20 años fue encontrado el 15 de noviembre en un camino rural de Ricardone, luego de una intensa búsqueda ante la desaparición de Sofía el 30 de octubre.La víctima fue hallada atada de pies y manos, envuelta con aislante térmico dentro de una bolsa, mientras que los primeros resultados de la autopsia señalaron una posible muerte por asfixia mecánica.Los detenidos son Alejandro Bevilacqua (35), principal apuntado por la muerte de Delgado; Miranda Leguizamón (29), pareja de Bevilacqua que fue aprehendida junto a él en Pergamino; Eduardo Mordini (47), detenido durante uno de los allanamientos y dueño del taller donde se secuestró un Peugeot 308; Brian Bauman (34), empleado de Mordini y Natalia Palavecino (46), pareja de Bauman.<section class="noteSuggested" data-id="49367,49392" data-title="Puede interesarte"></section>

Caso Sofía Delgado: imputaron a los cinco detenidos por la muerte de la joven

Las principales asociaciones bancarias de Argentina, representadas por la Asociación de Bancos de Argentina (ABA), la Asociación de la Banca Especializada (ABE), la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA) y la Asociación de Bancos Públicos Y Privados de la República Argentina (ABAPPRA), mostraron su preocupación por un reciente fallo judicial que pone en riesgo el normal funcionamiento de los créditos hipotecarios ajustados por UVA (Unidad de Valor Adquisitivo) en el país.&nbsp;Se trata de una fallo denominado “Caso Azzimonti”, una disputa legal que empezó en el 2020 con la demanda de un empleado judicial al Banco Nación, por considerarse afectado por cláusulas que consideraba “abusivas” en el contrato de un crédito hipotecario UVA.&nbsp;En 2022 una jueza falló a favor de Azzimonti, luego de varios litigios en los cuales la defensa del denunciante alegó que el sistema de ajuste UVA le había generado un sobreendeudamiento insostenible al deudor. De esta manera, quedaron sin efecto varias cláusulas del contrato, lo que redujo notablemente la deuda.&nbsp;El caso fue apelado y, en 2023, la Cámara Federal de Posadas ratificó gran parte de la sentencia, modificando el sistema de ajuste del crédito hipotecario, y ordenando adaptarlo a las condiciones de préstamo de la línea “Nación Tu Casa”, que contempla una tasa fija en las primeras cuotas y luego una tasa variable.Por otra parte, se determinó que las cuotas no podían exceder el 30% del sueldo del deudor, mientras que la multa impuesta al banco se redujo de $1.040.000 a $500.000.Los bancos lanzaron un comunicado para manifestar su “profunda preocupación” por este fallo y otros similares, ya que sostienen que esto sienta un precedente que pone en duda la validez de las cláusulas contractuales y pone en riesgo la estabilidad jurídica de los contratos de crédito en general.&nbsp;En esa misma línea, el mensaje compartido por las asociaciones bancarias sostiene que esta situación "distorsiona las relaciones contractuales y socava la confianza en la herramienta crediticia al cuestionar la validez de contratos acordes a la legislación vigente y normativa del Banco Central".Asimismo, remarcaron que "este tipo de sentencias desalentará el otorgamiento de créditos hipotecarios, especialmente en Misiones, e impactará en el acceso y el costo del crédito para todos los clientes bancarios".En este sentido, sostuvieron: “Los problemas de pago en los créditos hipotecarios UVA son marginales, representando menos del 1% del total del total de los créditos otorgados. Sin embargo, este tipo de fallos arbitrarios afectan el cumplimiento de las obligaciones contractuales, agravan la incertidumbre y aumentan el déficit habitacional que es de aproximadamente 4 millones de viviendas”.<div class="raw-html-embed"><blockquote class="twitter-tweet">EL BANCO NACIÓN LIMITA SU OFERTA DE HIPOTECARIOS EN MISIONES La decisión es consecuencia de una resolución arbitraria de la Cámara Federal de la Ciudad de Posadas que dispuso un subsidio perpetuo a favor de un deudor hipotecario, estableciendo un precedente que podría afectar a…— Prensa BNA (@prensabna) <a href="https://twitter.com/prensabna/status/1851362888898019456?ref_src=twsrc%5Etfw">October 29, 2024</a></blockquote> <script async="" src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script></div>

Preocupación en el sistema bancario por un fallo judicial en Misiones que limita los créditos UVA

Cristina Fernández de Kirchner compartió una carta a través de sus redes sociales que hace referencia al fallo que dictará mañana la Cámara de Casación Penal por la causa vialidad, en una audiencia en la Sala B de la planta baja de Comodoro Py 2002.&nbsp;En el mensaje, titulado como “Los Copitos de Comodoro Py”, la ex presidenta de la Nación manifestó: “Mañana a las 11hs verás nuevamente en acción a “Los Copitos de Comodoro Py” cumpliendo la orden impartida por el Grupo Clarín en la tapa publicada días después de que intentaran asesinarme en la puerta de mi casa. ¿Te acordas? “La bala que no salió y el fallo que sí saldrá” era el título de la nota del editor del diario Clarín de ese día. O sea; si no me mataron, tengo que estar presa”.&nbsp;En la carta, la ex funcionaria describe al juicio como “un show” y sostiene que el objetivo principal es “proscribirla de por vida”.&nbsp;Asimismo, en la misiva Cristina arremete contra los jueces de la causa: “Los Copitos de Comodoro Py” son Mariano Borinsky, que jugaba al tenis con Mauricio Macri en Olivos; Gustavo Hornos, que visitaba a Macri en la Rosada y que esta denunciado por acoso sexual y violación; y Diego Barroetaveña, dirigente de la lista macrista de los magistrados para el Consejo de la Magistratura y tripulado, además, por Julio César Saguier, dueño del Grupo La Nación (…) La imparcialidad de estos jueces... te la debo!”.&nbsp;La causa vialidad tiene que ver con el desvío del 80% de la obra pública nacional en Santa Cruz, entre los años 2003 y 2015, hacia empresas que pertenecían a Lázaro Báez.En este sentido, la ex mandataria señaló: “Me juzgan por un delito que como Presidenta que nunca pude haber cometido: el de administración fraudulenta en obras viales, aprobadas por el Parlamento en los presupuestos nacionales, licitadas, ejecutadas y pagadas por el gobierno de la Provincia de Santa Cruz y aprobada su rendición de cuentas por la Auditoria General de la Nación y el Congreso de la Nación desde el 2003 al 2015".Además, Cristina Kirchner hizo hincapié en que pretenden proscribirla de por vida y expuso un contraste entre su situación y la de los condenados por la represión del 19 y 20 de diciembre del 2001, que provocó la muerte de 31 personas. En este punto, expresó: "El entonces secretario de seguridad Enrique Mathov, y su jefe de la Policía Federal, Rubén Santos, fueron condenados e inhabilitados para ejercer cargos públicos por 9 años y medio y 8 años, respectivamente &nbsp;el doble de las penas de prisión que les habían jado-. Osea: a los responsables de 31 muertes en Plaza de Mayo les impusieron una pena muchísimo más leve que a mí".El fallo de la sala VI del máximo tribunal penal federal del país se plasmará en una sentencia de más de 1500 fojas y mañana se dará a conocer la parte resolutiva. A partir de ese momento, habrá un plazo de diez días hábiles para apelar ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.&nbsp;<div class="raw-html-embed"><blockquote class="twitter-tweet">"Los Copitos de Comodoro Py" otra vez en acción. <a href="https://t.co/BdXJkO4Kx5">https://t.co/BdXJkO4Kx5</a> <a href="https://t.co/lEdH50zzPw">pic.twitter.com/lEdH50zzPw</a>— Cristina Kirchner (@CFKArgentina) <a href="https://twitter.com/CFKArgentina/status/1856442014423814498?ref_src=twsrc%5Etfw">November 12, 2024</a></blockquote> <script async="" src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script></div>

Cristina Kirchner compartió una carta antes del fallo por la causa vialidad: "El objetivo es proscribirme de por vida"

Gendarmería Nacional llevó adelante una investigación a través de la cuál logró rescatar a una niña, oriunda de Santa Fe, que fue secuestrada y vendida en la ciudad de Posadas, en la provincia de Misiones. Fue la madre de la menor quién presentó la denuncia luego del rapto de su hija.De acuerdo a la información, la niña habría sido comprada por una familia que reside en la capital misionera, para que contraiga matrimonio con uno de sus miembros. El grupo familiar es investigado por presunta trata de personas (ley 26.364).&nbsp;<figure class="image"><img src="https://rosarionuestrocdn.eleco.com.ar/media/2024/11/misiones_rapto_nina_1.jpeg" alt="misiones rapto niña - 2"></figure>Agentes de Gendarmería pertenecientes a las Unidades de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales Misiones y Santa Fe trabajaron de manera coordinada para dar con el paradero de la menor.La Justicia ordenó el registro simultáneo de tres domicilios en la localidad de Posadas, procedimientos que se llevaron adelante con el apoyo de la Subdirección de Apoyo a las Víctimas de Misiones.&nbsp;Durante el operativo se secuestro material y documentos de interés para la causa. Luego de su rescate, la menor quedó bajo resguardo y contención de personal especializado.<figure class="image"><img src="https://rosarionuestrocdn.eleco.com.ar/media/2024/11/misiones_rapto_nina_2.jpeg" alt="misiones rapto niña - 3"></figure>

Misiones: Gendarmería rescató a una niña que había sido raptada en Santa Fe

La Justicia laboral de Rosario aceptó un amparo presentado la semana pasada por 18 magistrados jubilados y cónyuges de jueces fallecidos de la Provincia de Santa fe contra la ley de Emergencia Previsional. De esta manera, la norma queda sin efecto para los demandantes. Desde la Provincia indicaron que apelarán al fallo.La jueza que emitió la resolución es Silvana Laura Guagliatti, de la Octava Nominación. Los reclamantes solicitaban que no se les apliquen los descuentos por aporte solidario en sus haberes previsionales y que se les devuelvan los aportes ya realizados.De la misma manera, el reclamo pedía dejar sin efecto el tope de 20 jubilaciones mínimas al considerar la inaplicabilidad e inconstitucionalidad del artículo 9 de la ley 14.283, de manera que se mantenga la movilidad en los haberes jubilatorios.&nbsp;Además de este caso, conocido como Barbero y otros, esta semana se presentaron en la Justicia otros dos amparos colectivos patrocinados por el mismo estudio jurídico.En el fallo, la jueza sostuvo: "Considero que la acción de amparo instaurada resulta admisible, toda vez que formulado tal test de selección, se advierten reunidos los requisitos enunciados. La afectación que se denuncia, con la urgencia que ello amerita, y dada la lesión potencial de derechos de trascendencia tal como son aquellos que hacen a la Seguridad Social, su libre ejercicio constitucionalmente reconocido y jerarquizado por los Tratados Internacionales de Derechos Humanos, determina la admisibilidad de la acción de amparo, siendo la vía idónea para sustanciar el debate"En esa misma línea, agregó: “Los haberes jubilatorios son derechos adquiridos por los amparistas, quienes planificaron su vida y su situación económica futura en función de ellos, confiando legítimamente en la estabilidad de las normativas vigentes al momento de su jubilación. La modificación sustancial de estos haberes mediante una reforma normativa que no respeta los principios de progresividad y no regresividad, representa una lesión a la confianza legítima de los afectados”.Por su parte, la Provincia ya prepara la apelación y sus argumentos se basan en que se trata de una ley válida cuya aplicación no reviste ninguna ilegalidad. En este sentido, señalan que las medidas tomadas se justifican dada la crisis del sistema previsional y no serían susceptibles de revisión judicial. Asimismo, afirman que la norma no afectan a los derechos de los jubilados y pensionados.

Santa Fe: la Justicia dio lugar a un amparo presentado por jueces contra la reforma previsional

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, consideró que la denuncia de la legisladora Lionella Cattalini contra el juez Marcelo Bailaque en el marco de la causa de Esteban Lindor Alvarado “fue muy contundente”.&nbsp;La diputada provincial acusó al magistrado por presunta "inacción" y "demorar los procesamientos contra Alvarado mientras éste empezó a generar terror en Rosario”. Bajo la misma denuncia están apuntados tanto el líder narco como su contador público, Gabriel Mizzau, apuntado por lavado de dinero y afirmando que estaba vinculado a Bailaque.En este contexto, Pullaro habló en móvil con Mauro Yasprizza de Radio Mitre Rosario esta mañana en la apertura de la Expo Empleo en la Estación Fluvial de Rosario, donde afirmó: “Fue muy contundente la denuncia, como también lo fue la del fiscal Luis Schiappa Pietra, hay datos que no se pueden soslayar, fundamentalmente en la causa Alvarado”.Luego, Pullaro se remontó a cuando, como ministro de Seguridad, declaró como testigo de Fiscalía en la audiencia en el marco de la primera condena de Alvarado. “Fuimos a buscar todos los elementos que tenía el fiscal Patricio Ferrari por la condena y había muchos elementos que hablaban de comercialización de estupefacientes que habían sido volcados a la Justicia Federal pero lamentablemente no habían sido investigados”, subrayó.“No estoy hablando de ningún tipo de vínculo oscuro o ilegal, pero la mirada laxa que tuvieron algunos jueces durante mucho tiempo, y también la Justicia provincial, nos llevaron a la situación que nos ha tocado vivir durante muchísimos años”, aclaró el gobernador.Por otro lado, el mandatario provincial destacó que “es central que la Justicia esté involucrada en la gestión de Seguridad como lo está en este momento". En este sentido, concluyó: "Los resultados &nbsp;de la baja de violencia que estamos teniendo en Rosario y Santa Fe no son solo un logro del poder Ejecutivo solamente, aquí actuó la Justicia al lado nuestro, el Ministerio Público de la Acusación y la Legislatura dándonos leyes muy duras”.&nbsp;&nbsp;

Pullaro, sobre la denuncia contra el juez Bailaque: "Fue muy contundente, hay datos que no se pueden soslayar"

Este miércoles el gobierno Nacional anunció el envío de 150 pliegos al Senado, con el objetivo de cubrir las vacantes en el Poder Judicial. La medida incluye nombramientos de jueces, fiscales y defensores en todo el país.El anuncio lo realizó el vocero presidencial, Manuel Adorni, en una conferencia de prensa donde estuvo acompañado del secretario de Justicia, Sebastián Amerio, quién sostuvo que la administración actual heredó un déficit del 30% en cargos de jueces y un 50% en fiscales. "Esto hacía imposible que el sistema funcionara correctamente. Es como jugar un partido de fútbol con tres jugadores menos”, sostuvo el funcionario.&nbsp;En este sentido, el secretario de Justicia señaló: "Desde el inicio de esta gestión, el Gobierno del Presidente Javier Milei estableció como prioridad la designación de jueces idóneos para cubrir las vacantes que hoy existen en todo el país. Heredamos un país con todas las instituciones destruidas y la justicia no es una excepción”.En esa misma línea, remarcó: "Con esta medida inédita, el gobierno se animó a meterse donde otros hicieron la vista gorda. Los 150 pliegos enviados superan la cantidad que se envió durante el primer año de los mandatos de Néstor Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner y Mauricio Macri”.Amerio aseguró que “esto le cambia la vida a la gente porque los jueces son los que meten presos a los delincuentes” y resaltó: ”Para que el que comete un delito vaya preso, necesitamos que haya un juez para condenarlo. Para que el que incumple un contrato pague las consecuencias, necesitamos que haya un juez dictando sentencia. Para que un proceso de adopción llegue a que un niño encuentre una familia, necesitamos un juez que lleve adelante el proceso”.En este punto, el secretario de Justicia hizo hincapié en que "hay tribunales donde se juzgan delitos ordinarios como robos, hurtos y violaciones, y están sin juez desde el año 2018".Por otra parte, el funcionario destacó que todos los candidatos a jueces enviados al Senado pasaron previamente por "una selección que realiza el Consejo de la Magistratura en la que se juzga su idoneidad para ocupar el cargo”.Amerio se refirió a que ahora la aprobación de estos jueces requerirá de la aprobación del Senado, lo que implica “el acuerdo de los distintos partidos políticos que conviven en esa Cámara y en la que el partido del Poder Ejecutivo es minoría”.En este sentido, concluyó: "Esperamos por parte del resto de los partidos que se tomen este proceso con responsabilidad, ya que no se trata de sacar ventajas políticas sino de tener un Poder Judicial con las herramientas y los recursos necesarios para resolver los problemas de la gente”.&nbsp;

El Gobierno anunció el envío de 150 pliegos al Senado para nombramientos de jueces, fiscales y defensores

El fiscal federal Ramiro González solicitó este lunes que el ex presidente, Alberto Fernández, sea citado a una declaración indagatoria por la causa de violencia de género contra su ex pareja Fabiola Yañez.&nbsp;Según Infobae, González presentó el pedido de declaración a través de un dictamen al juez Julián Ercolini, quien decidirá si dar lugar o no a la solicitud.&nbsp;El fiscal le achacó a Fernández dos hechos de violencia con lesiones leves en contra de Yañez, otro de lesión grave al debilitar permanentemente la salud de la víctima, y, por último, coaccionar a la ex primera dama a no presentar una denuncia.&nbsp;El funcionario afirmó en su dictamen que “el análisis de toda la prueba reunida en el caso permitió acreditar que el ex presidente Fernández ejerció distintos tipos de violencia contra su pareja desde el inicio de la relación”.&nbsp;“De acuerdo a las definiciones de la ley 26.485 de Protección Integral a la Mujer, se pudo detectar violencia psicológica, física y económica”, agregó.&nbsp;Por último, señaló: “Efectivamente, en un contexto de violencia de género signada por la particular relación asimétrica de poder con el agresor, por lo menos desde el año 2016 hasta que se formalizó la denuncia, Alberto Fernández ejerció de un modo sistemático violencia psicológica contra Fabiola Yañez bajo las formas de acoso, hostigamientos, controles, indiferencia, insultos, culpabilización, destrato, retiro de la palabra, ninguneos y hostilidad".&nbsp;<section class="noteSuggested" data-id="49075" data-title="Puede interesarte"></section>

Pidieron que Alberto Fernández sea citado a indagatoria por la causa de violencia de género contra Fabiola Yañez

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, reveló este sábado que la cartera denunció al ex presidente de Bolivia, Evo Morales, por trata de personas y abuso sexual.La funcionaria confirmó la acción legal realizada hace 15 días esta mañana, a través de declaraciones radiales y redes sociales, donde explicó que las acusaciones tienen que ver con delitos presuntamente cometidos durante la estadía del ex mandatario boliviano en Argentina.En detalle, Bullrich afirmó: “A la causa por abuso de menores que ya tiene abierta en Bolivia se suma algo aún más aberrante: al socialista expresidente boliviano se lo acusa de haber convivido con 4 adolescentes durante el asilo político que le brindó el kirchnerismo”.Por otro lado, la ministra explicó que “no le dieron publicidad” a la denuncia cuando fue realizada “por los niveles de violencia que había en ese momento en Bolivia”.<div class="raw-html-embed"><blockquote class="twitter-tweet">MORALES, DENUNCIADO. EL DELITO EN SUELO ARGENTINO SE PAGA A la causa por abuso de menores que ya tiene abierta en Bolivia se suma algo aún más aberrante: al socialista expresidente boliviano se lo acusa de haber convivido con 4 adolescentes durante el asilo político que le… <a href="https://t.co/CvEwJHUh5K">pic.twitter.com/CvEwJHUh5K</a>— Patricia Bullrich (@PatoBullrich) <a href="https://twitter.com/PatoBullrich/status/1852790348063371477?ref_src=twsrc%5Etfw">November 2, 2024</a></blockquote> <script async="" src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script></div>

Bullrich confirmó que Evo Morales fue denunciado por trata y abuso infantil durante su estadía en Argentina

La Justicia dispuso que Ricardo Jaime, quien fuera secretario de Transporte durante los mandatos presidenciales de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, regrese a la cárcel para cumplir una condena de seis años por su responsabilidad en la tragedia ocurrida en la estación de trenes de Once.&nbsp;El ex funcionario, quién reside actualmente en Córdoba, había sido liberado bajo libertad condicional tras pasar siete años en prisión, pero por orden del Tribunal Federal N° 2 deberá regresar a la cárcel para cumplir su condena.&nbsp;Jaime cuenta con un plazo de tres días hábiles para presentarse en los tribunales de Comodoro Py y ser trasladado a una cárcel federal. Tras el fallo de la Corte Suprema, el juez Rodrigo Giménez Uriburu ordenó su detención, aunque no pidió su captura debido a que el ex secretario de Transporte siempre cumplió con el proceso judicial. Cabe destacar que debido a su edad (cumplirá 70 años en 2025) y por sus problemas de salud, podría solicitar un arresto domiciliario.La condena de Ricardo Jaime tiene que ver con la tragedia ocurrida en la estación de trenes del barrio de Once, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en donde 51 personas perdieron la vida y 700 resultaron heridas a causa del choque de un tren de la línea Sarmiento, el 22 de febrero de 2012.Por este hecho, el ex funcionario fue sentenciado, en 2015, a seis años de prisión por administración fraudulenta junto con otros ex funcionarios, el maquinista y directivos de la empresa Trenes de Buenos Aires (TBA), quienes ya cumplieron su condena. &nbsp;Después de que la Cámara de Casación Penal le sumara el cargo de estrago culposo, la pena de Jaime aumentó a ocho años, pero en una segunda revisión se lo inculpó solo por el delito de administración fraudulenta, otorgándole una condena de 5 años que fue confirmada por la Corte Suprema de Justicia.Por otra parte, el ex secretario de Transporte enfrenta otras penas por diversos casos de corrupción, entre ellas, una condena de 1 año y 6 meses por aceptar dádivas, al vivir en un departamento financiado por Nestor Otero, titular de la terminal de Retiro a quién debía controlar y otros 6 meses por intentar ocultar documentación durante un allanamiento en su vivienda en Córdoba.Asimismo, tiene una sentencia de 8 años por enriquecimiento ilícito al no poder justificar la tenencia de bienes de alto valor, como un yate, un jet privado y otros activos, además de otras condenas por comprar trenes en mal estado a España y Portugal e intentar obtener un millonario soborno para un proyecto de un tren bala a Rosario que nunca se realizó.&nbsp;

La Justicia dispuso que Ricardo Jaime vuelva a la cárcel para cumplir su condena por la tragedia de Once

La Justicia condenó por enriquecimiento ilícito a &nbsp;Germán Rodrigo Matter, de 50 años, ex integrante de la Brigada Operativa de Drogas Peligrosas de San Lorenzo. De acuerdo a lo informado por el Ministerio Público de la Acusación (MPA) el ex agente recibió una pena de tres años de prisión condicional y una multa superior a los 23 millones de pesos.&nbsp;Asimismo, el ex policía fue inhabilitado de forma permanente para ocupar cargos públicos y se le aplicó una prohibición por seis años para la tenencia y portación de armas de fuego.&nbsp; Al mismo tiempo, deberá cumplir una serie de normas de conducta, como reportar mensualmente su situación laboral y lugar de residencia.El proceso abreviado se llevó adelante en los tribunales de Venado Tuerto, y estuvo a cargo de la jueza Paula Borello, quién dispuso la sentencia luego de que el imputado admitiera su responsabilidad por enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados, portación de arma de uso civil sin autorización y tenencia de materiales explosivos.En este sentido, el fiscal a cargo de la acusación, Eduardo Lago, indicó que el aumento patrimonial del ex policía entre 2013 y 2019, fue desproporcionado en comparación del sueldo que percibía, sin poseer otra actividad laboral registrada. Además, remarcó que Matter afronta otro proceso en la misma jurisdicción por amenazas y daños.&nbsp;En diciembre de 2019, la Dirección Provincial de Asuntos Internos, que pertenece al Ministerio de Seguridad, inició las investigaciones al descubrir la situación irregular en el patrimonio del ex agente de seguridad. Entre otros movimientos, lograron detectar la compra de 20 vehículos, entre motos, autos y camionetas.En esa sintonía, el fiscal agregó que Matter compro tres lotes en Venado Tuerto y San Lorenzo, que registró algunos a su nombre y otros a nombre de sus padres. También, Lago indicó que "el condenado compró la llave de una remisería venadense y participó de un fideicomiso inmobiliario relativo a una edificación sanlorencina".Por otra parte, durante un allanamiento en la vivienda de Matter, la policía secuestró 14.500 dólares en efectivo, que no pudieron ser justificados por el condenado. En ese mismo procedimiento, se secuestraron una pistola calibre 22 con 9 municiones y una granada de mano que fue desactiva mediante una detonación controlada por el personal policial.&nbsp;

San Lorenzo: condenaron por enriquecimiento ilícito a un policía de Drogas Peligrosas

14 personas fueron imputadas en el marco de la causa que investiga la compra de armas de fuego de grueso calibre de forma legal, para su posterior venta en el mercado negro. La mayoría se encontraban registradas como usuarios legítimos. La Justicia dictó la prisión preventiva para 11 de ellos.&nbsp;Los sujetos fueron acusados por los delitos de provisión ilegal de armas de fuego, tenencia ilegítima y, también, la participación necesaria en un homicidio, entre otras acusaciones. La imputación la llevaron adelante el fiscal de la Unidad Fiscal de Homicidios Dolosos, Patricio Saldutti, y los fiscales Gastón Avila y Carla Cerliani, integrantes del Equipo de Trabajo para el Abordaje Estratégico de Armas de Fuego.En este sentido, el juez Hernán Postma accedió al pedido de prisión preventiva por parte de la fiscalía para Federico P., Alexis M., Pablo S., José Martin R., Josué C., Julián B.E., Marcio M., Jorgelina B., hasta el 10 de diciembre de este año. Asimismo, para para Flavio P., y Lucas P hasta el 3 de febrero de 2025 y por el plazo de ley para Claudio S. En tanto, para Alfredo P., Pablo M. y Daniel P. se determinaron medidas alternativas por los próximos tres meses.&nbsp;La fiscalía indicó que 12 de los acusados son usuarios registrados legítimamente en la Agencia Nacional de Materiales Controlados. Estas personas habrían adquirido armas de fuego de manera legal para venderlas en el mercado negro y sin poder justificar con qué recursos las obtuvieron.El fiscal Gastón Ávila manifestó que la investigación parte de un convenio realizado entre el MPA y el Ministerio de Seguridad de la Nación para abordar el asunto del mercado ilegal de armas. En este sentido, las investigaciones apuntaron hacia aquellas personas que obtuvieron 5 o más armas calibre 9 milímetros y no contaban con el dinero para realizar dichas adquisiciones.&nbsp;“Determinamos un primer panorama de doce personas sospechosas que juntaban entre ellas más de 200 armas, en su mayoría pistolas de grueso calibre. Allanamos en busca de ese armamento y el resultado fue que de las más de 200 que teníamos que encontrar encontramos sólo dos", sostuvo el fiscal.En esa misma línea, Ávila indicó que se encontraron con gente que compra hasta cinco pistolas el mismo día, que no tiene ingresos y que adquieren una pistola de la misma marca, modelo y calibre, lo cual, remarcó, "es bastante inusual”.Asimismo, de las 200 armas que habían adquirido 12 de los sospechosos, al momento de realizar los allanamientos lograron encontrar tan solo 2 pistolas.En este punto, Ávila manifestó que las armas “no están” y destacó que "hay un caso muy emblemático de una misma persona que en los últimos 15 meses compró 35 pistolas calibre 9 milímetros por montos de más de 28 millones de pesos y tiene un ingreso mensual de 600 mil pesos”.

Compraban armas de fuego de forma legítima para venderlas en el mercado ilegal: 14 imputados

El Ministerio Público de la Acusación (MPA) avanza en el desmantelamiento de una red de apuestas ilegales online, que operaba mediante una Sociedad Anónima que habría sido utilizada como escudo protector de una organización que llevaba adelante estas acciones ilícitas.El dato más alarmante es el que indica que el 23% de las transacciones analizadas fueron realizadas por adolescentes que rondan los 15 años de edad. En este sentido, el promedio etario general de quienes participaban de las apuestas era de 24 años.&nbsp;Esta investigación, que comenzó en mayo de este año, forma parte del Plan de Persecución Penal por objetivos priorizados de la Fiscalía General.El ministro de Educación de la provincia, José Goity, junto a la ministra de Igualdad y Desarrollo Humano, Victoria Tejeda, y el Vicepresidente Ejecutivo de la Caja de Acción Social, Daniel Di Lena, fueron quienes realizaron la denuncia ante el MPA.&nbsp;Los denunciantes presentaron en ese momento el informe de 273 sitios webs que funcionaban de manera ilegal, número que posteriormente se amplio a 385.De esta manera, el fiscal Nigro dispuso que se identificaran los fondos que fueron bloqueados e inmovilizados en esta jornada. Asimismo, ordenó el bloqueo de los dominios web utilizados de manera ilegal.&nbsp;Este jueves se llevaron adelante cinco allanamientos en la Ciudad Autónoma y la Provincia de Buenos Aires, en donde se secuestraron teléfonos móviles, documentos de sociedades comerciales, computadoras y otros dispositivos que serán analizados para avanzar en el caso.

La Justicia avanza sobre un casino online ilegal que recibió apuestas de 35 mil menores de edad en Santa Fe

Este miércoles fue condenado a 7 años y 6 meses de prisión un motochorro que fue aprehendido por la policía, luego de detectar su ubicación a través de la geolocalización de un celular robado. El hecho ocurrió en octubre de 2023 en barrio Alberdi y el delincuente fue encontrado con 6 teléfonos móviles que había sustraído horas antes.&nbsp;Este miércoles, en el marco de una audiencia imputativa, el sujeto, identificado como Nahuel Luna, recibió la condena mediante un acuerdo de partes presentado por la fiscalía y la defensa, y aprobado por el juez.&nbsp;Según el relato del fiscal Rodrigo Urruticoechea, el 25 de octubre de 2023 a las 7:15, Luna junto con otro individuo sustrajeron, a bordo de una moto, el celular Motorola G22 de un hombre que se encontraba en Vila entre Maza y José C. Paz, en la zona norte de Rosario. La Policía logró detener a Luna unas horas más tardes en la calle Godoy Cruz al 1500, gracias al GPS del teléfono.&nbsp;En ese momento, los efectivos incautaron una pistola calibre 22 preparada para disparar, el carné de conducir y seis celulares, todos robados en esa misma jornada.&nbsp;La sentencia incluye los cargos de robo calificado por el uso de arma de fuego, portación de arma de fuego de uso civil y encubrimiento, agravado por poseer antecedentes condenatorios desde 2018.

La Justicia condenó a un motochorro que fue atrapado por la geolocalización de un celular robado

Pablo Andrés Mancini, uno de los imputados por la muerte de un hombre y su hijo de 8 años a causa de una picada de autos en la calle, recibió una reducción de su condena este jueves.Se trata del conductor del vehículo que participó de la carrera ilegal en avenida del Rosario y Ayacucho en marzo de 2021; donde un Renalt Sandero, manejado por Germán Schoeller, impactó contra un Citroen C3 en el que viajaban las víctimas fatales, David Pizzorno y Valentino Pizorno, junto con C.M.D, quien resultó herida.En diciembre de 2023, Mancini y Schoeller fueron condenados a 12 años de prisión y 10 años de inhabilitación para conducir. Este jueves, la Cámara de Apelaciones en lo Penal, encabezada por Tomás Orso, Daniel Curik y Guillermo Llaudet, determinó que la pena de Mancini bajó a 8 años, sosteniendo la década de inhabilitación.&nbsp;La modificación se debe a que los camaristas Orso y Curik consideraron que el automovilista tiene un rol como participante secundario y no como coautor como fue definido en una primera instancia. Por su parte, Llaudet consideró que la pena debía reducirse a un lapso de entre 6 meses y 3 años de cárcel por participar de una prueba de velocidad.

Caso Pizorno: disminuyeron la condena a uno de los conductores implicados en la picada mortal

El proyecto presentado por el Gobierno nacional referido a la posibilidad de divorciarse a través de un trámite administrativo, sin necesidad de acudir a la justicia, generó rechazo en distintos colegios de abogados del país.“Nosotros consideramos que esta opción atenta contra la seguridad jurídica de la ciudadanía, porque sustrae del foro de familia al divorcio, vulnerando al principio de progresividad y no regresividad que pruebe la Convención Americana de Derechos Humanos y también el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos", manifestó la vicepresidenta del Colegio de Abogados de Rosario, Valeria Argüello, en una entrevista realizada en el programa El Puente, que se emite por Radio Mitre Rosario.&nbsp;En este sentido, Argüello sostuvo que desde el Colegio de Abogados creen que esta decisión “atenta contra el espíritu del propio Código Civil y Comercial de la Nación” que se sancionó en el 2015 y se centra en la mirada integral de la familia. “El código del 2015 permite iniciar de forma unilateral o conjunta el divorcio, acompañando a una propuesta reguladora para incluir un régimen alimentario de hijos menores de edad o mayores que se encuentran capacitándose, y en relación a los incapaces. Es decir se pone el ojo en las personas vulnerables.”, señaló.En esa misma línea, agregó: “El mecanismo que establece el Código es virtuoso y el planteo que está haciendo el Gobierno a través de este proyecto va a terminar elevando la conflictividad porque vas a tener que ir al Tribunal a hacer, por ejemplo, el reclamo de alimentos o del régimen de comunicación”.Asimismo, la vicepresidenta del Colegio de Abogados hizo hincapié en la importancia no solo del asesoramiento letrado, sino de la intervención de un juez ante un trámite de divorcio. “El juez en materia de familia, través de una mirada integradora, va a analizar la situación en su conjunto y no va a ver solo un compartimento estanco que sería el divorcio”.&nbsp;En este punto, remarcó que el sistema actual protege principalmente a las personas más vulnerables dentro de una familia, como los hijos menores de edad o quienes se ven mas perjudicados económicamente tras una separación.&nbsp;Por otro lado, Argüello refutó la postura del Gobierno sobre la supuesta reducción de costos que traería el nuevo trámite. “Lo barato sale caro, porque en realidad vas a tener que iniciar todos esos expedientes por separado y tampoco va a haber una achicamiento de plazos porque igualmente vas a tener que recurrir a la vía judicial para poder reclamar estos derechos”, expresó.&nbsp;Del mismo modo, la referente de los letradas sostuvo que el proceso judicial del divorcio, en el caso de que no existan complejidades, es un trámite muy acotado y que la mirada debe ponerse no en el tiempo que dure el proceso, sino en la calidad. “Lo importante es como se va a resolver una situación familiar puntual, porque si están involucrados a los hijos, por ejemplo, el juez tiene que tener una mirada puesta en el interés superior del niño que, obviamente, no va a tener el funcionario del Registro Civil. Esto no podes pensarlo en términos de tiempo porque va a depender de la situación particular del caso”, aseveró.&nbsp;&nbsp;

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