El fiscal federal Eduardo Taiano avanzó con las primeras medidas de prueba, en el marco de la investigación por la presunta implicación del presidente Javier Milei y un grupo de empresarios en el caso de la criptomoneda $LIBRA. Como parte de la pesquisa, la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°3 ordenó "ampliar la intervención oportunamente conferida a la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia del Ministerio Público Fiscal de la Nación para que colaborara en la preservación y recuperación de evidencia".Según se informó, se solicitaron informes a diversas entidades, entre ellas el Banco Central, la Comisión de Valores, la Inspección General de la Justicia (IGJ) y Google. "Se solicitaron diversos informes a organismos públicos y privados vinculados con la temática", detalló la Fiscalía en un comunicado."Se procura establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar que rodearon a la creación y lanzamiento de $LIBRA y qué participación tuvieron Javier Milei, Hayden Mark Davis, Julián Peh, Mauricio Gaspar Novelli, Manuel Terrones Godoy y Sergio Daniel Morales en los hechos investigados”, indica el expediente, que investiga posibles delitos como abuso de autoridad, estafa, tráfico de influencias y cohecho.El caso trascendió luego de que el 14 de febrero pasado, Milei anunciara a través de su cuenta de X el lanzamiento del proyecto Viva La Libertad, cuyo objetivo era financiar pequeñas empresas y emprendimientos mediante $LIBRA. Sin embargo, la criptomoneda experimentó un repentino desplome tras una rápida alza, generando pérdidas millonarias para los inversionistas involucrados.Tras la ratificación de las denuncias en el Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal N°1, la jueza María Servini delegó la causa a la Fiscalía de Taiano, en el marco del artículo 196 del Código Procesal Penal. En los próximos días, se esperan nuevas medidas que ayuden a esclarecer los hechos y determinar responsabilidades en torno a este escándalo financiero.

La Justicia ordenó las primeras medidas en torno al escándalo de $LIBRA

El líder de Generación Zoe, Leonardo Cositorto, fue hallado culpable del delito de estafa y asociación ilícita.&nbsp;La pena fue otorgada este viernes por la mañana por el Tribunal de Goya, Corrientes, en una audiencia acalorada por gritos y la expulsión de la sala del acusado. Por otro lado, se confirmó que la audiencia de cesura se llevará a cabo el próximo martes 25 de febrero.Cositorto, quien fue retirado de la sala tras un intercambio verbal con el presidente del Tribunal, fue encontrado responsable penalmente como jefe de la asociación ilícita y como coautor de estafa. Además, tanto Miguel Ángel Echegaray como Maximiliano Javier Batista y Lucas Damián Camelino fueron hallados culpables por ser miembros y coautores del delito de estafa con modalidad de delito continuado.A su vez, Nicolás Ismael Medina y Javier Sebastián Medina quedaron absueltos luego de que el Tribunal dictamine un veredicto de inocencia. Los acusados enfrentarán procesos y serán indagados en las provincias de Córdoba, Santa Fe, Salta y Buenos Aires.En detalle, el presidente del tribunal, Ricardo Carbajal, detalló los hechos, viajes y fechas en las que la organización se instaló en Goya y el esquema de reconocimiento de jerarquía para acreditar la existencia de esta organización. En este sentido, explicó: “Está comprobado documentadamente que se instalaron en la localidad de Goya y que la asociación ilícita y el dolo por estafa existió desde el principio”.Luego, el titular agregó: “Se sostuvo como maniobra el uso de pantallas mediáticas y medios de comunicación y la ostentación mostrando viajes de lujo para construir el engaño”.

Leonardo Cositorto fue declarado culpable por asociación ilícita y estafa

Andy Benítez, recluso de la cárcel de Piñero, fue imputado como instigador del crimen del colectivero César Roldán.Se trata del asesinato ocurrido el 2 diciembre de 2023, en la zona de Eva Perón y Cullen, cuando un tirador menor de edad mató al chofer de la línea 116 y dejó una amenaza escrita sobre el vehículo antes de huir con un cómplice, también menor.&nbsp;El hecho es uno de los 7 homicidios que se le atribuyen a Benítez como actor intelectual, además de otros 4 episodios que tienen que ver con tentativas de homicidio, abuso de arma de fuego y lesiones.El fiscal Gastón Ávila brindó declaraciones esta mañana, tras la imputación del miércoles, y detalló: “Hicimos una evaluación integral de casos que habían quedado sin individualizar a los autores, muchas veces la lógica de que distintos fiscales investiguen según el sistema de turnos genera esta dificultad de poder tener una lectura más global”.&nbsp;En la misma línea, quien encabeza la investigación señaló: “Esto nos posibilitó, con un equipo abocado al barrio Ludueña entre el 2021 y 2023, imputar todos estos hechos”.Por otro lado, el fiscal puntualizó que “la gran mayoría de los homicidios tienen que ver con una lógica de disputa entre bandas que querían conquistar un territorio para la venta de estupefacientes”. Luego, agregó: “La banda de los Riquelme contra la banda de Andy Benítez, Mauro Geréz y Matías César fue la que generó una gran violencia en Rosario”.Nota en desarrollo.

Imputaron a Andy Benítez como instigador del crimen del colectivero César Roldán

La Corte Suprema de Justicia de Santa Fe resolvió este martes no homologar el concurso de acreedores de Vicentin, lo que abre la puerta al proceso de rescate de la empresa a través del mecanismo de cramdown.La decisión del tribunal deja sin efecto la aprobación que había otorgado previamente la Cámara de Apelaciones y devuelve el expediente para que esta determine cómo y cuándo se llevará adelante el proceso de salvataje.El rechazo de la Corte coincide con el fallo original del juez de Reconquista, quién había desestimado la oferta de pago de Vicentin debido a objeciones de un grupo de acreedores agropecuarios. Entre ellos, el acopio Commodities denunció que la propuesta implicaba una quita del 80% para los medianos y grandes acreedores, lo que consideraban injusto.Con este nuevo panorama, la Cámara de Apelaciones de Rafaela asumirá el caso, desplazando a la de Reconquista, cuya imparcialidad había sido cuestionada por los acreedores disconformes con la oferta de la empresa.La resolución judicial mara un punto de inflexión en el proceso de reestructuración de Vicentin, que ahora deberá afrontar un escenario incierto con el cramdown en marcha y la posibilidad de que nuevos actores intervengan en su futuro.&nbsp;

Vicentin: la Corte Suprema de Santa Fe anuló la homologación del concurso de acreedores

El Tribunal de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires resolvió que la muerte de Lucía Pérez no fue un femicidio y anuló la prisión perpetua que recaía sobre Matías Farías. De este manera, ordenó al Tribunal N°2 de Mar del Plata que dicte una nueva sentencia, con una condena que se enmarcará en el delito de "abuso sexual con acceso carnal agravado".La decisión del Tribunal de Casación se dio a conocer justo el día en que Lucía hubiera cumplido 25 años. El hecho ocurrió el 9 de octubre de 2016, cuando la adolescente fue declarada muerta en la Sala de Primeros Auxilios de Playa Serena, en Mar del Plata, a la que había sido ingresada por los dos acusados de la causa.&nbsp;Esta decisión se tomó en respuesta a la apelación presentada por la defensora oficial de Farías, Laura Solari, y los abogados de Pablo Offidani, César Sivo y Romina Merino. En el segundo juicio por el caso llevado a cabo en marzo de 2023, el Tribunal N°2 de Mar del Plata había condenado a Farías a prisión perpetua por los delitos de abuso sexual agravado por el suministro de estupefacientes y por la muerte de la víctima, en concurso ideal con femicidio. Offidani, en tanto, recibió una pena de ocho años de prisión como partícipe secundario del abuso sexual, que se sumaron a una condena previa por venta de drogas, resultando en una pena unificada de 15 años.Los jueces Víctor Violini y Florencia Budiño, al revisar el fallo, reconocieron la existencia de un contexto de violencia de género y una asimetría de poder entre Lucía Pérez, una adolescente de 16 años con consumo problemático de drogas, y Faría, un vendedor de estupefacientes de 23 años que no consumía. En este aspecto, destacaron que "Farías buscaba chicas para venderles" y no le interesaba comercializar con hombres, "lo que permite inferir que era intencional programar encuentros con objetivos sexuales".Sin embargo, concluyeron que no existe responsabilidad penal con la muerte de Lucía, y descartaron de esta manera tanto el dolo eventual como un posible homicidio culposo.Con la anulación de la condena por femicidio, el Tribunal de Casación instruyó al Tribunal N°2 de Mar del Plata a fijar una nueva pena para Farías, exclusivamente por el delito de abuso sexual agravado, cuya pena máxima alcanza hasta 15 años de prisión, además de una condena previa por narcotráfico de ocho años.A pesar de este fallo, la familia de Lucía Pérez aún tiene la posibilidad de apelar la resolución ante la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, lo que podría prolongar el proceso judicial.

El Tribunal de Casación Penal resolvió que el caso Lucía Pérez no fue un femicidio

Los cuatro jóvenes detenidos por el triple crimen en Villa Banana fueron imputados este viernes en Rosario y dos de ellos recibieron prisión preventiva.Se trata de Josué Nehemías Catán (18), Joel Rodríguez (19), Franco Maximiliano Pereyra (23) y Nahuel Adrián Rodríguez (26); aprehendidos tras una balacera en Lima y Rueda ocurrida el domingo. Durante el hecho fueron asesinados Damián Soplan, Eliana Deasis y Fabián Soplan; mientras que dos jóvenes resultaron heridos.<section class="noteSuggested" data-id="51260" data-title="Puede interesarte"></section>La audiencia fue llevada a cabo esta mañana en el Centro de Justicia Penal y fue encabezada por la jueza Eleonora Verón. Según las primeras informaciones, el fiscal Alejandro Ferlazzo acusó a Catán de conducir la moto en la que fue trasladado el tirador y a Pereyra por facilitar el vehículo y el arma.Por otro lado, a Adrián y Joel Rodríguez se les adjudicó haber encubierto al resto de responsables, a quienes recibieron en una vivienda de Felipe Moré al 2300. El autor de los disparos permanece prófugo.De esta manera, la jueza Verón dictó prisión preventiva por ocho meses para Catán y Pereyra; mientras que Adrián y Joel Rodríguez quedaron en libertad.En diálogo con la prensa, Ferlazzo precisó que el triple crimen ocurrió a causa de una disputa territorial aunque todavía investigan por qué se desató dicho conflicto.&nbsp;“Sabemos que es una zona en la que existe la venta de drogas y en donde hay bandas enfrentadas que se dedican a ello”, señaló.&nbsp;Luego, se refirió a los imputados: “Todo este grupo de personas son parte de una de las organizaciones criminales y creemos que a raíz de esas disputas ocurrieron los homicidios”.<section class="noteSuggested" data-id="51292,51267" data-title="Puede interesarte"></section>

Triple crimen en Villa Banana: los detenidos fueron imputados y dos de ellos recibieron prisión preventiva

El padrastro de una niña de 13 años que fue mamá quedó detenido por violación, en el marco de una causa que comenzó en Santa Fe y se trasladó a Río Tercero, Córdoba, debido a que en esa localidad se perpetraron varios de los abusos.La Unidad Fiscal Especial de Delitos contra la Integridad Sexual de Rosario inició una investigación en enero de 2025, que involucraba a un hombre de 36 años acusado de violar y embarazar a la hija de su pareja.La fiscal Paula Bruera realizó el pedido de imputación, captura y detención del sujeto, que fue finalmente aprehendido en Santa Fe.El hombre fue acusado por el Ministerio Público Fiscal de Córdoba por el delito de abuso sexual con acceso carnal calificado por la situación de convivencia preexistencia y corrupción de menores agravada por la guarda.En este sentido, el escrito judicial señala que “la investigación determinó que, bajo condiciones de extrema vulnerabilidad,&nbsp;el imputado habría manipulado y abusado sexualmente de su hijastra desde los 11 años, quien, a sus 13, dio a luz a una niña”.Asimismo, agrega: “El imputado la habría manipulado, a punto tal de que en reiteradas oportunidades la víctima se fue del domicilio que compartía con su madre para vivir a escondidas en una zona rural”.Ante este panorama, la madre de la niña y ex pareja del acusado realizó las denuncias en la provincia con el objetivo de conocer el paradero de su hija.Las autoridades informaron que la pesquisa continúa, y que el imputado ya fue indagado y se encuentra detenido en dependencias del Servicio Penitenciario de Bouwer.En tanto, la menor, su hija y su madre fueron trasladadas a los Tribunales de la Jurisdicción de Río Tercero y a dependencias de Policía Judicial de Córdoba, donde se llevarán adelante los actos procesales en relación con la causa, tales como&nbsp;pericia psicológica, cámara Gesell y pruebas de ADN.

Una niña de 13 años fue mamá y su padrastro quedó detenido por violación

En una sesión llevada a cabo este jueves, la Asamblea Legislativa de la provincia de Santa Fe aprobó la designación de tres nuevos ministros para la Corte Suprema de Justicia. Los elegidos para ocupar los cargos fueron Jorge Baclini, Rubén Luis Weder y Margarita Zabalza.El senador Raúl Gramajo, quien preside la Comisión de Acuerdos, informó durante el debate que el dictamen emitido por dicha comisión fue aprobado por unanimidad y recomendaba dar acuerdo legislativo a los pliegos enviados por el Ejecutivo de la Provincia.Las votaciones se realizaron de manera nominal. Baclini obtuvo 51 votos a favor, 6 en contra y 5 abstenciones; Zabalza recibió 53 votos a favor, 6 en contra y 3 abstenciones; mientras que Weder logró 34 votos a favor, 6 en contra y 3 abstenciones.&nbsp;Los tres nuevos jueces reemplazarán a Mario Netri y María Angélica Gastaldi, quienes se retiraron recientemente. Además, con estas incorporaciones, la Corte pasará de tener seis a siete miembros, tras la reforma aprobada en la Legislatura.En cuanto a sus trayectorias, Baclini y Weder cuentan con una extensa experiencia dentro del Poder Judicial. Baclini es oriundo de Rosario, mientras que Weder, nacido en Humboldt, en el departamento Las Colonias, cursó sus estudios en la Universidad Nacional del Litoral, en la ciudad de Santa Fe.Por su parte, Margarita Zabalza, quien es rosarina e hija del histórico dirigente socialista Juan Carlos Zabalza, proviene del ámbito académico y desarrolló su carrera en la gestión universitaria dentro de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario.<h3>EL CRUCE ENTRE GRANATA Y MICHLIG</h3>Durante la votación de los pliegos, se produjo un tenso cruce entre la diputada Amalia Granata, y el senador Felipe Michlig.&nbsp;La legisladora del bloque Somos Vida, lo acusó de llamarla “atorranta”, epíteto que el senador radical dijo haber utilizado en referencia a que la diputada “no trabaja”, y agregó: "Hace 60 meses que es diputada y no saco una ley. Nos critica por el manejo de fondos de los senadores, explicaciones que damos en nuestra rendición que es pública y está en internet. Pregúntenle dónde va la plata que ella recibe”.Por su parte la diputada dijo que Michlig representa a “la casta más rancia y oscura de la provincia" y que "hace más de 30 años que él y su familia viven del Estado”. En esa misma línea, añadió: “En plena sesión me gritó atorranta porque no voto gente corrupta como él. Prefiero que me griten atorranta y no ladrona”, dijo la diputada Granata.En medio de la discusión intervino la diputada Alejandra Rodenas, quien manifestó: "No justifico Felipe la calificación que acabás de hacer, pero también es cierto Amalia que llevás la discusión a un lugar que a las feministas tampoco nos representa. Tus calificaciones están absolutamente masculinizadas y también son agraviantes. Los agravios no tienen género. No empañemos esta puesta en consideración de una muchacha muy inteligente (por el pliego de Zabalza). No nos sumemos al clima de época que ha impulsado el presidente de la Nación”.<div class="raw-html-embed"><blockquote class="twitter-tweet">“Le dije atorranta porque no trabaja, hace 60 meses que es diputada y no saco una ley. Nos critica por el manejo de fondos de los senadores, explicaciones que damos en nuestra rendición que es pública y esta en internet. Pregúntenle dónde va la plata que ella recibe” sostiene el… <a href="https://t.co/4yZMxSNgQ7">pic.twitter.com/4yZMxSNgQ7</a>— Mario Galoppo (@mariogaloppo) <a href="https://twitter.com/mariogaloppo/status/1890098957726208303?ref_src=twsrc%5Etfw">February 13, 2025</a></blockquote> <script async="" src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script></div>

La Asamblea Legislativa confirmó a tres nuevos jueces para la Corte Suprema de Santa Fe

El recital de Milo J, programado para este miércoles en el Espacio Memoria y Derechos Humanos (Ex ESMA), fue cancelado pocas horas antes de su inicio por decisión del gobierno nacional. A pesar de que el escenario ya estaba montado y se esperaba alrededor de 20 mil personas, las autoridades dieron de baja el evento.A través de sus redes sociales, el joven artista expresó su descontento con la medida y señaló que la suspensión del show se debió a una cuestión política. "Nos lo volaron. Supongo que junto a 20.000 personas en un espacio de memoria, al gobierno de ahora no le gusta y nos suspenden el evento”, expresó.Milo J aclaró también que la presentación no tenía fines lucrativos y que él no recibiría ninguna retribución económica. "Lo quise hacer gratis para no recibir ningún pago por esto, no sé qué excusa tendrá el presidente", sostuvo en su publicación.La cancelación habría ocurrido, producto de una medida cautelar aprobada por la Justicia tras un pedido del Gobierno. En este sentido, organismos de Derechos Humanos asociados al predio denunciaron la censura del evento y alertaron sobre un fuerte despliegue policial en los alrededores. "El gobierno de Milei censuró a Milo J y dejó a 20.000 jóvenes sin su recital", manifestaron.El fallo, firmado por la jueza María Alejandra Biotti del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°5, estableció la suspensión del espectáculo.En el documento judicial, el Ministerio de Justicia argumentó que el recital no contaba con la autorización correspondiente por parte del Poder Ejecutivo Nacional, tal como exige la Ley N° 26.415. Dicha normativa regula el funcionamiento del Espacio Memoria y Derechos Humanos y establece que cualquier actividad realizada en el predio debe estar alineada con su propósito para preservar la memoria histórica y la promoción de los derechos humanos.Además, desde la cartera que conduce Mariano Cúneo Libarona subrayaron que el evento no tenía tampoco el aval del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, lo que lo convertía en una actividad "ilegal, arbitraria y contraria a los fines del espacio público". También, indicaron que ni el Ejecutivo Nacional ni las autoridades porteñas fueron notificadas con antelación sobre la realización del show.En tanto, Milo J confirmó la suspensión durante una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram e instó a sus seguidores a retirarse del lugar para evitar incidentes. "No voy a poder dar el show. Estoy muy triste por eso. Tienen preparados policías afuera para que si entra la gente repriman, así que si están afuera y ven esto por favor váyanse a sus casas tranquilos, en orden, por favor, no quiero que hagan quilombo. No quiero que a ningún fan le pase nada, hablo en serio, pórtense bien", manifestó el cantante.<div class="raw-html-embed"><blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned="" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/reel/DF-9G8xSaK9/?utm_source=ig_embed&amp;utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/reel/DF-9G8xSaK9/?utm_source=ig_embed&amp;utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;">Ver esta publicación en Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/reel/DF-9G8xSaK9/?utm_source=ig_embed&amp;utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Una publicación compartida de Milo J (@milo.j)</a></div></blockquote>
<script async="" src="//www.instagram.com/embed.js"></script></div>Asimismo, el artista denunció que el gobierno utilizó información falsa para justificar la cancelación. "Mostró papeles y datos de salud, de planes de evacuación que eran falsos, de salidas de emergencia que sí están y dijeron que no estaban y se los llevaron a una jueza y nos suspendieron el evento", explicó.A pesar de la situación, Milo J publicó su nuevo álbum "Retirada Deluxe" a las 21 de este miércoles, según lo previsto.&nbsp;

La Justicia ordenó la suspensión del recital de Milo J en la ex ESMA

La Justicia de Córdoba continúa avanzando en la investigación de la trágica explosión ocurrida a fines de enero en Villa María, que dejó como saldo dos víctimas fatales y varios heridos.&nbsp;En las últimas horas, la Fiscalía de Instrucción de Tercer Turno, encabezada por René Bosio, amplió las imputaciones e incluyó a nuevos responsables dentro de la empresa constructora vinculada al hecho.Inicialmente, la acusación recaía únicamente sobre el operario que manejaba la maquina retroexcavadora cuyo accionar habría generado el daño en el gasoducto y el posterior estallido. Sin embargo, en el marco de la causa, el fiscal decidió imputar también al jefe de obra, personal técnico y al capataz general.Según la información brindada por el diario La Voz de Córdoba, los nuevos imputados son el ingeniero Vicente Cocciolo, jefe de obra de la circunvalación de Villa María; los ingenieros Manuel Albornoz y Ornela Emilse Chialva, responsables de la Oficina Técnica de la Obra; y Miguel Toniato, capataz general. Todos ellos fueron acusados como coautores del delito de estrago culposo agravado y continuarán en libertad mientras avanza la investigación.En el marco de las pesquisas, se llevaron a cabo allanamientos en distintas dependencias de la empresa en Villa María y en la ciudad de Córdoba, lo que permitió el secuestro de documentación, equipos electrónicos y la recopilación de testimonios clave para el caso.Por otra parte, el Hospital Pasteur de Villa María informó sobre la evolución de los heridos que permanecen internados. Se trata de una adolescente de 15 años y un niño de 11, quienes continúan en sala común con una evolución favorable tras más de dos semanas de internación.

Avanza la investigación por la explosión en Villa María y hay nuevos imputados

Este lunes comenzó en el Centro de Justicia Penal de Rosario el juicio contra la médica obstetra María Cristina Giménez, de 69 años, quien enfrenta cargos por homicidio culposo y lesiones gravísimas en relación con dos casos de partos domiciliarios que derivaron en graves consecuencias para las pacientes y sus bebés.La médica, cuya defensa está a cargo de un abogado de la defensa pública, es reconocida dentro del ámbito del denominado parto respetado y enfrenta una posible condena de siete años de prisión y una inhabilitación de diez años para ejercer la medicina.Los hechos por los que se acusa a Giménez ocurrieron en 2015 y 2017, cuando dos de sus pacientes optaron por dar a luz en sus hogares. En ambos casos, las mujeres presentaron complicaciones severas: una de ellas falleció tras ser trasladada de urgencia a un hospital de Rosario, mientras que la otra debió ser sometida a una histerectomía. En ambas situaciones, los bebés murieron.El tribunal encargado de juzgar a la médica está integrado por los jueces Carlos Leiva, Florentino Malaponte y Paula Álvarez. La acusación, liderada por los fiscales Mariana Prunotto y Matías Edery, sostiene que Giménez actuó con "imprudencia, negligencia e impericia en su arte y profesión, además de la inobservancia de reglamentos y deberes a su cargo". Por ello, solicitaron una pena de siete años de prisión efectiva.Según la Fiscalía, en el primer caso, ocurrido el 4 de mayo de 2015, la médica atendió a Mariel Zuñiga, sin realizar estudios de rutina durante todo el embarazo, y sin advertir sobre los riesgos del parto domiciliario. Ese día, al notar un agravamiento en el estado de la paciente durante el trabajo de parto en una vivienda de Soldini, optó por trasladarla en un vehículo particular en lugar de recurrir a una ambulancia. La mujer llegó al Hospital Roque Sáenz Peña sin signos vitales, y los médicos que la asistieron constataron lesiones en su útero, además del fallecimiento del bebé. A pesar del trabajo de los médicos, la madre también falleció.El segundo caso ocurrió el 7 de marzo de 2017 en Rosario, cuando Giménez asistió a otra paciente en un parto domiciliario que también se complicó. La médica, como en el episodio anterior, decidió trasladar a la mujer en un auto particular sin previa notificación a una institución sanitaria. Al llegar al Hospital Eva Perón, los médicos realizaron una cesárea de urgencia y comprobaron el fallecimiento del bebé. Además, la paciente sufrió daños severos en el útero y tuvo que ser sometida a una histerectomía.“Su conducta negligente, imprudente e imperita en su arte y profesión, sumada a la inobservancia de los reglamentos y deberes a su cargo, se tradujo en que, conociendo los antecedentes médicos de la paciente, quien había tenido un parto anterior con cesárea, le aconsejó, trató y practicó un parto domiciliario, a pesar de que dicha práctica estaba contraindicada por la comunidad médico-científica”, señalaron desde Fiscalía.En tanto, hicieron hincapié sobre el hecho de que la acusada no realizó las advertencias necesarias a sus pacientes sobre los riesgos reales que conlleva el procedimiento del parto domiciliario y, además, no tomó las medidas de seguridad necesarias. Entre las irregularidades, se encuentran la no contratación de un servicio de traslado de emergencia y la ausencia de notificación a algún centro médico sobre los procedimientos.&nbsp; &nbsp;

Comenzó el juicio a una médica obstetra por la muerte de una paciente y lesiones gravísimas en otra

Juan Pablo Gallego, el abogado de la familia de Loan Danilo Peña, el nene que desapareció en la localidad de 9 de Julio, en Corrientes hace más de siete meses el 13 de junio pasado, cree que el caso está pronto a resolverse.&nbsp;En diálogo con Infobae, el letrado precisó que en el transcurso de la causa hubo “tanto cuento” que recién ahora se está viendo “el tremendo avance y vuelco de la causa”.&nbsp;En ese sentido, sostuvo que los principales sospechosos son Carlos Pérez y María Victoria Caillava, quienes ya están imputados y con prisión preventiva.En base a ese punto, afirman tener la “cuasicerteza de que no lo pudieron sacar de Corrientes si es que intentaron hacerlo”.&nbsp;Para el abogado, tanto Pérez, Callaiva como los otros cinco aprehendidos son los autores principales y finales de la desaparición de Loan. Por lo tanto, niegan que el caso esté vinculado al narcotráfico o la trata de personas.&nbsp;No obstante, apunta a que el secuestro del menor podría haberse llevado a cabo por fines sexuales.“No creo en la hipótesis de la venta porque hay un entrecruzamiento que al principio no surgió. Al momento en que se buscaba a Loan pensando que se había perdido, Laudelina le preguntó a Caillava cuándo volvía”, señaló.&nbsp;Luego, agregó: “Esto hace suponer que la desaparición era temporaria. Podría tener una connotación sexual, pero dentro de ese grupo y destinatario”.&nbsp;Así las cosas, apuntó que, de haber sucedido eso, los más complicados serían Pérez y Daniel Óscar Ramírez -otro de los imputados-, siendo este último el encargado de entregárselo a Pérez.&nbsp;“La entrega sexual de un niño a cambio de un beneficio económico es algo común en Corrientes y el Obelisco porteño. Lo que no pudieron suponer era que a las pocas horas aparecieran los canales de televisión”, consignó.&nbsp;Luego explicó la secuencia de los hechos que llevó a la desaparición de Loan, según su hipótesis: “Está claro que se lo lleva Pérez y que, al momento en que Laudelina inventa lo del extravío, faltan tres personas: Pérez y Caillava que se lo llevaron y Ramírez, que se los entregó, &nbsp;personas que no intervinieron en la búsqueda sino hasta muchas horas después”.&nbsp;Por último, aseveró que no puede responder si Loan “está vivo o muerto”.&nbsp;<section class="noteSuggested" data-id="50336" data-title="Puede interesarte"></section>

Desaparición de Loan: el abogado de la familia confía en que están cerca de resolver el caso

Dos agentes del Servicio Penitenciario Provincial (SPP) fueron imputados y recibieron prisión preventiva este viernes por el crimen del broker de seguros Agustín de la Encina Capelletti en la Cárcel de Piñero.Se trata de Gustavo R. y Julián A., los dos detenidos por el asesinato del recluso de 26 años, ocurrido el pasado 13 de enero, en el Pabellón N.º 6 de la Unidad Penitenciaria N.º 11.&nbsp;Los empleados del establecimiento fueron acusados por la Fiscalía de permitir el ingreso de un grupo de internos que hirieron de gravedad a la víctima, quien falleció horas más tarde en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca).La audiencia se llevó a cabo esta mañana en el Centro de Justicia Penal de Rosario, donde ambos involucrados recibieron prisión preventiva efectiva por el plazo de ley.

Crimen en la cárcel de Piñero: imputaron a dos empleados penitenciarios por complicidad

El juez Mariano Aliau dictaminó este jueves la condena de 5 años y 2 meses de prisión para Leandro Romero, un trabajador de una cooperativa eléctrica acusado de organizar el robo de cuatro transformadores pertenecientes a la Empresa Provincial de la Energía (EPE). Los dispositivos sustraídos fueron vendidos a chatarrerías, donde extrajeron el cobre de su interior.La investigación, encabezada por el fiscal César Pierantoni, reveló que Romero operaba junto a un grupo de personas en una organización delictiva que actuó entre noviembre de 2023 y mayo de 2024. Entre los involucrados, ya detenidos e imputados, se encuentran el chatarrero Joel Espíndola y Kevin Astudillo, quien se hacía pasar por empleado de la EPE. Otras personas continúan bajo investigación.Según la Fiscalía, Romero (29) era el cabecilla de la banda. Su empleo en una cooperativa eléctrica que prestaba servicios a la EPE le permitió conocer el sistema y coordinar los robos con eficacia. Finalmente, el acusado admitió su responsabilidad y aceptó la pena impuesta por los delitos de asociación ilícita en calidad de jefe y organizador, además de coautor de robo calificado por ser en poblado y en banda, y por entorpecimiento del servicio eléctrico.El caso salió a la luz en mayo de 2024 cuando la Policía de Investigaciones (PDI) logró detener a tres sospechosos en un depósito de metales no ferrosos en la localidad de Pérez. Entre los aprehendidos estaba Espíndola, uno de los principales investigados. La captura se produjo tras seguir la pista de un transformador robado en Cepeda al 4000, en Villa Manuelita, el último golpe del grupo.Las pesquisas confirmaron que la banda operaba bajo un esquema bien estructurado: Romero alquilaba grúas, falsificaba autorizaciones de retiro con membrete de la EPE y coordinaba con sus cómplices la venta del material a chatarrerías.&nbsp;

Condenan a un empleado de una cooperativa eléctrica por ser cabecilla de una banda que robaba transformadores de la EPE

La Fiscalía Regional 2 reveló este miércoles que Agustín López Gagliasso, automovilista que atropelló y mató a Tania Gandolfi (40) y su hija Agustina Magalí García (17) en la costanera central, dio positivo de alcoholemia.Horas después de haberse dado a conocer la suspensión preventiva de la licencia de conducir del joven de 20 años, salieron a la luz los resultados de los exámenes a los que se sometió el imputado por homicidio simple por dolo eventual y lesiones leves por dolo eventual.En detalle, López dio positivo tanto en alcoholemia en sangre como en alcoholuria en orina con 0,20 g/l por presencia de etanol. Por otro lado, el autor del hecho arrojó negativo en narcolemia y narcoluria. Según confirmó Fiscalía, las muestras serán conservadas en laboratorio para estudios posteriores.El resultado del testeo coincide con la versión declarada en la audiencia de la semana pasada por Giovanna R., quien viajaba como acompañante del automovilista. La joven afirmó ante la jueza Paola Aguirre que el conductor había bebido en la Isla horas antes del choque.A su vez, las fiscales Mariana Prunotto y Valeria Piazza Iglesias solicitaron la reconstrucción digital de la secuencia del 21 de enero. Tras la finalización de la etapa de toma de testimonios, en las próximas semanas se realizará la pericia accidentológica del hecho y, tal como anticipó este miércoles la Fiscalía, se elevará la causa a juicio oral y público.<section class="noteSuggested" data-id="51046" data-title="Puede interesarte"></section>

El conductor que mató a una madre y su hija en el centro dio positivo en alcoholemia

Agustín López Gagliasso, conductor de 20 años que atropelló y mató a una madre y su hija en la costanera central de Rosario, recibió la suspensión de su licencia de conducir.Se trata del automovilista que el 21 de enero a la noche, en Illia y Presidente Roca, embistió a una familia cordobesa a 120 kilómetros por hora mientras transitaba por el centro con una acompañante. En el siniestro vial murieron Tania Gandolfi (40) y su hija Agustina Magalí García (17), mientras que una niña de 6 años resultó herida y su padre, Diego García, ileso.La medida preventiva fue confirmada este miércoles a la mañana por la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV), desde donde publicaron en redes sociales la resolución firmada por el secretario del ente, Carlos Torres.El joven de 20 años tenía antecedentes de infracciones de tránsito por circular a velocidades no permitidas en la vía pública, pasar semáforos en rojo y por conducir tras haber bebido alcohol, caso que le valió una suspensión de licencia de un mes en 2023, cuando le detectaron 0.93 gramos por litro de sangre.<div class="raw-html-embed"><blockquote class="twitter-tweet">La APSV informa que por aplicación del Art. 26 de la Ley Provincial 13.133 dispuso la suspensión preventiva de la licencia de conducir de Agustín López, el conductor que el 21 de enero circulaba a 120 km/h y que atropelló y mató a dos personas en la costanera de Rosario. <a href="https://t.co/VQ0EVNsRdN">pic.twitter.com/VQ0EVNsRdN</a>— Agencia Provincial de Seguridad Vial (@RedSegVial) <a href="https://twitter.com/RedSegVial/status/1884585183124299850?ref_src=twsrc%5Etfw">January 29, 2025</a></blockquote> <script async="" src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script></div>Días atrás, López fue imputado por homicidio simple con dolo eventual y recibió prisión preventiva en una audiencia encabezada por la jueza Paola Aguirre. Durante esta instancia del proceso, las fiscales Mariana Prunotto y Valeria Piazza Iglesias le adjudicaron al joven haber mantenido un altercado con un motociclista en el túnel Illia, metros antes de atropellar a las víctimas.Luego, el intendente Pablo Javkin reveló a través de redes sociales las imágenes previas al siniestro vial que captaron las cámaras de videovigilancia de la ciudad. El metraje muestra el recorrido que el Peugeot 206 hizo desde Ayacucho y Arijón al lugar del impacto.&nbsp;<section class="noteSuggested" data-id="51002" data-title="Puede interesarte"></section>

Le suspendieron la licencia de conducir al autor del atropello fatal en la costanera central

Un hombre que protagonizó un violeto incidente al embestir con su auto la sucursal del Banco Nación ubicada en Córdoba y San Martín, fue condenado a dos años de prisión en suspenso, luego de admitir su culpabilidad en un juicio abreviado.&nbsp;La pena contempla, también, reglas de conducta específicas y suma un episodio previo de vandalismo y resistencia a la autoridad.El viernes pasado, en el Centro de Justicia Penal, el juez Facundo Becerra avaló el acuerdo entre las partes, condenando a Antonio Picolini a una pena de prisión condicional. Entre los cargos se encuentran daños calificados y resistencia a la autoridad.El hecho por el que fue condenado Picolini ocurrió el 9 de septiembre del año pasado, cerca de las 20:30, cuando el hombre ingresó a gran velocidad con su Chevrolet Corsa en la peatonal San Martín, y se dirigió hacia la casa central del Banco Nación en Rosario.De acuerdo al fiscal Guillermo Apanowicz, el conductor aceleró y chocó intencionalmente contra la fachada del banco, destruyendo tres paneles de vidrio tipo Blindex.&nbsp;Después del impacto, Picolini descendió del vehículo y, con un cuchillo que portaba, golpeó la puerta de ingreso a los cajeros automáticos y luego se dirigió hacia la entrada principal. En ese momento fue detenido por efectivos de la Brigada de Orden Urbano que patrullaban la zona.La condena incluye, además, un episodio anterior ocurrido en marzo de 2023, cuando Picolini escaló unos andamios frente a la sede de Gobernación, arrancó una cámara de seguridad y la destruyó. Durante su detención, se resistió a las autoridades.El imputado deberá cumplir normas de conducta, entre ellas iniciar un tratamiento psicológico dentro de los próximos 30 días.

Condenaron a dos años de prisión al hombre que impactó su auto contra el frente de la casa central del Banco Nación

Un médico psiquiatra y un instructor de tiro de Rosario recibieron una condena de tres años de prisión condicional tras admitir su participación en una organización dedicada al desvío ilegal de armas al mercado negro.&nbsp;Según la investigación, ambos profesionales facilitaron la obtención de credenciales de legítimos usuarios a personas sin idoneidad, eludiendo los controles establecidos por la Agencia Nacional de Materiales Controlados (Anmac).El psiquiatra Marcelo Lemoine, de 40 años, y el instructor de tiro Paulo Fedeli, de 50, fueron señalados como responsables de emitir certificados de aptitud psicofísica a "prestanombres", personas de bajos recursos eran reclutadas por los líderes de la organización para comprar armas legalmente. Estas credenciales eran luego utilizadas para adquirir armamento que terminaba por venderse en el mercado ilegal a precios tres veces superiores.El fiscal Gastón Ávila, encargado de la investigación, imputó a ambos como miembros de la asociación ilícita en diciembre del año pasado. Tras permanecer un mes en prisión, las defensas de los acusados alcanzaron un acuerdo con la Fiscalía, que fue homologado por el juez Facundo Becerra.La condena incluye, además de la prisión condicional, diez años de inhabilitación profesional. Lemoine no podrá ejercer como médico habilitado para emitir certificados psicofísicos, mientras que Fedeli quedó inhabilitado para trabajar como instructor de tiro y certificante de idoneidad.Esta situación es muy habitual en otros países, como Estados Unidos, donde este fenómeno es conocido como Straw purchase o "compras de paja". Usuarios legales adquieren armas de fuego para desviarlas al mercado negro.En octubre, la Fiscalía imputó a doce "prestanombres" que habían acumulado un total de 210 armas, de las cuales solo dos pudieron ser recuperadas durante los allanamientos. Estas armas, en varios casos, terminaron en manos de personas vinculadas al crimen organizado.Según la investigación, los líderes de la red, identificados como Lucas Petrovelli, Rodrigo Sinsig y Javier Hernández, permanecen detenidos con prisión preventiva por su rol en la captación de personas vulnerables y la coordinación del circuito ilegal.“El circuito de armas estaba muy bien estructurado. Había dos personas encargadas de captar a individuos con necesidades económicas, ofreciéndoles dinero a cambio de tramitar la credencial de legítimos usuarios”, aseguró el Fiscal.En este esquema, el psiquiatra Lemoine realizaba los certificados sin tener en cuenta los protocolos exigidos por Anmac para declarar apta a una persona, mientras que Fedeli certificaba que las personas eran idóneas para el manejo de armas de fuego, sin reparos.

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