La Justicia imputó a los empresario Foster Gillet y Guillermo Tofoni por presunto lavado de dinero en una investigación que pone el foco en operaciones y vínculos con clubes y sociedades del fútbol argentino.La causa estaá a cargo de la Fiscalía N°3 en lo Penal Económico, que encabeza el fiscal Emilio Guerberoff, quien ordenó una serie de medidas para reconstruir el circuito de fondos.Entre las primeras indicaciones, el Ministerio Público dispuso pedidos de informes a Estudiantes de La Plata (club con el que el empresario estadounidense tuvo vínculo) y a otras instituciones deportivas, además de solicitudes a empresas relacionadas con el negocio del fútbol.Asimismo, la pesquisa alcanza a las firmas Grupo Gillet y World Eleven, asociadas a los imputados, con el fin de identificar operaciones realizadas o negociadas.Gillet desembarcó en el país proveniente de Estados Unidos junto a Tofoni a partir de su vínculo con Estudiantes. Allí habían anunciado incialmente una inversión cercana a los 150 millones de dólares que finalmente no se concretó.Sin embargo, el grupo habría movilizado alrededor de 30 millones de dólares entre pases concretados y negociaciones inconclusas.En este marco, la investigación menciona gestiones vinculadas a los futbolistas Cristian Medina, Rodrigo Villagra, Valentín Gómez y Ezequiel Piovi. En marzo, tanto los jugadores como sus representantes fueron citados a declarar para precisar los detalles de las transacciones relacionadas con sus eventuales transferencias.También, se encuentra bajo la lupa el contrato firmado por Foster Gillet con el club uruguayo Rampla Juniors, por un plazo de 30 años. La hipótesis de la Fiscalía apunta a determinar si existió un esquema de “triángulo Uruguay–Argentina–Europa” utilizado para el presunto blanqueo de fondos a través del mercado de pases y acuerdos deportivos.

Imputaron a Foster Gillett y Guillermo Tofoni por presunto lavado en operaciones ligadas al fútbol

La Justicia Federal autorizó a Cristina Fernández de Kirchner a utilizar la terraza del edificio donde cumple prisión domiciliaria, al entender que ese espacio se asimila al patio al que acceden los internos en las cárceles comunes.La decisión fue tomada por el Tribunal Oral Federal 2, que avaló que la expresidenta permanezca hasta dos horas diarias en la terraza del inmueble ubicado en San José 1111, en el centro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde permanece alojada bajo arresto domiciliario y con tobillera electrónica.En la resolución, los jueces señalaron que el acceso a ese sector del edificio se ajusta a los estándares previstos en los tratados internacionales sobre derechos de las personas privadas de la libertad, así como a las condiciones mínimas de recreación contempladas en el sistema penitenciario.El tribunal remarcó que la prisión domiciliaria no implica un aislamiento absoluto y que deben garantizarse espacios de esparcimiento compatibles con el lugar de cumplimiento de la pena, siempre que no se alteren las condiciones de seguridad ni el control judicial.

La Justicia habilitó a Cristina Kirchner a usar la terraza durante su prisión domiciliaria

El Gobierno de Santa Fe confirmó este miércoles a sus tres postulados para ocupar las vacantes en la Corte Suprema provincial.La medida fue oficializada esta mañana a partir de la firma de un decreto por parte del gobernador Maximiliano Pullaro y el ministro de Gobierno e Innovación Pública, Fabián Bastia, en donde el Ejecutivo santafesino revela los nombres propuestos para tomar los lugares de Eduardo Spuler, Roberto Falistocco y Rafael Gutiérrez.Se trata de el juez federal, Aldo Alurralde; el secretario administrativo de la Cámara de Senadores, Diego Maciel; y la abogada rosarina integrante de la Federación Argentina de Colegios de Abogados, Jorgelina Genghini.De esta manera, se habilitó un periodo de 15 días corridos (hasta la primera semana de enero) para la presentación de adhesiones o impugnaciones hacia los postulados. En caso de que no haya restricciones, las presentaciones serán elevadas a la Legislatura.En una publicación desde su cuenta oficial de redes sociales, Pullaro argumentó las elecciones y consideró que “el máximo tribunal contará con jueces de formación académica sólida, que representan los diferentes estamentos, con perspectivas de género y regiones”.En la misma línea, el mandatario recalcó: “Nos permitirá contar con una justicia moderna y de cara a los nuevos desafíos que tenemos el conjunto de los santafesinos”.<div class="raw-html-embed"><blockquote class="twitter-tweet" data-media-max-width="560">Hace instantes firmé un decreto con los nombres de los tres candidatos propuestos para renovar la Corte Suprema de la Invencible Provincia de Santa Fe. De esta manera, en cumplimiento de la ley y los preceptos que la Constitución imponen, se inicia la última etapa de un proceso… <a href="https://t.co/fc5vIsh9Ss">pic.twitter.com/fc5vIsh9Ss</a>— Maximiliano Pullaro (@maxipullaro) <a href="https://twitter.com/maxipullaro/status/2001312230248194276?ref_src=twsrc%5Etfw">December 17, 2025</a></blockquote> <script async="" src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script></div>

Pullaro postuló tres nombres para cubrir las vacantes en la Corte Suprema de Santa Fe

Dos hombres de 35 años fueron imputados por un ataque incendiario en la zona norte de Rosario que terminó con un joven de 29 años grave con quemaduras en el 65 por ciento del cuerpo.Se trata de Manuel Palacios y Heber Molina, detenidos desde el lunes 8 de diciembre por rociar con combustible y prender fuego a Alexis Gabriel Ardiles, quien dormía bajo un puente de Circunvalación en Joaquín Suárez y Baigorria. Se encontraba junto a &nbsp;su hermano, Mariano, a quien le echaron líquido inflamable en los ojos.La audiencia imputativa se llevó a cabo este viernes en el Centro de Justicia Penal de Rosario, donde la fiscal Laura Ricardo les adjudicó a los coautores del hecho el delito de tentativa de homicidio calificado por alevosía. En este marco, la jueza Natalia Benvenuto dispuso prisión preventiva por el plazo de ley para ambos.Durante la instancia judicial, la Fiscalía aseguró que Mariano vio a Alexis corriendo en llamas y alertó a la policía, quien detuvo a los responsables antes de que regresaran a su vehículo, un Peugeot 206 negro que dejaron estacionado junto a una fábrica cercana.El joven que sufrió las quemaduras fue trasladado al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca) en helicóptero sanitario y permanece internado en terapia intensiva, con lesiones en el 65 por ciento del cuerpo.<section class="noteSuggested" data-id="57854" data-title="Puede interesarte"></section>

Prisión preventiva para los dos hombres que prendieron fuego a un joven en zona norte

El ministro de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, Rafael Gutiérrez, confirmó este martes que dejará su cargo en noviembre de 2026.El cortesano con 25 años de trayectoria en el cuerpo provincial era el último ministro que superó el límite de edad de 75 años establecido por la nueva Constitución de Santa Fe que no había oficializado su salida.De esta manera, el recambio en el máximo tribunal santafesino se producirá el próximo año, cuando en septiembre se retire el juez Eduardo Spuler y, en noviembre, harán lo propio Gutiérrez y Roberto Falistocco. También anunció su jubilación para 2026 el secretario de Gobierno de la Corte, Eduardo Bordas,&nbsp;Previamente, dieron un paso al costado Mario Netri y María Angélica Gastaldi, quienes le dejaron su lugar en marzo de este año a Jorge Baclini y Margarita Zabalza. A su vez, en abril ingresó el fiscal Rubén Weder. Por otra parte, Daniel Erbetta continúa como magistrado.

Rafael Gutiérrez dejará la Corte Suprema de Santa Fe en 2026

Ocho años después del fallecimiento de María de los Ángeles Paris dentro de la seccional 10ª, el Tribunal Oral integrado por Rafael Coria, Florentino Malaponte y Trinidad Chiabrera absolvió este viernes a los cinco policías imputados, al considerar que actuaron cumpliendo su función de servidores públicos.El comisario Silvio Adrián Cortés y la suboficial Susana Beatriz Domínguez habían sido acusados de homicidio preterintencional (es decir, de haber tenido intención de agredirla), mientras que los agentes Damián Enrique Zalazar, Silvina Paola Gianotti y Andrea Guadalupe Allovatti enfrentaban cargos por incumplimiento de los deberes de funcionario público.Durante el juicio, la fiscal de Violencia Institucional Karina Bartocci había solicitado penas de hasta cuatro años, y la familia de Paris acompañó su postura, calificando el caso como un episodio de “violencia institucional”.Según la teoría fiscal, Paris, de 45 años, bibliotecaria en la escuela Gurruchaga, llegó a la comisaría 10ª el 3 de mayo de 2017 alrededor de las 21. La recibió la suboficial Allovatti, quien advirtió que la mujer necesitaba de atención médica.Luego de unos minutos en la guardia, la docente salió y cruzó a la funeraria de enfrente, regresó brevemente y volvió a retirarse. Cerca de las 21:40, en la esquina de Darragueira y Marull, intentó subir a un auto y correr por la calle. En ese contexto, los agentes Zalazar y Gianotti la subieron al patrullero y la trasladaron nuevamente a la seccional.La fiscal Bartocci sostuvo que, tras descender del móvil, Paris permaneció unos minutos en el tapial, se levantó y caminó hacia la entrada de una vivienda cercana. Allí, según la acusación, el comisario Cortés la tomó del cabello, la sujetó del cuello y la inmovilizó junto a Domínguez, quien la sostenía de los pies. Para la Fiscalía, ambos la llevaron a la fuerza hasta un cuarto interno, donde, según la acusación, Cortés le propinó golpes en la boca y el abdomen antes de colocarle las esposas.El querellante Gustavo Feldman planteó durante su alegato que la situación evidenciaba “esta disparidad salvaje, casi animal, que muestra una víctima inerte e inerme a merced de su predador, de su verdugo”, y afirmó que el objetivo del juicio era “evitar la impunidad”.

Absolvieron a los cinco policías acusados por la muerte de María de los Ángeles Paris

El Tribunal Oral Federal 1 absolvió este viernes a los ex jefes de Gabinete Aníbal Fernández y Jorge Capitanich, junto a otros 12 imputados, en el marco de la causa que investiga presuntas irregularidades en el programa "Fútbol para todos".La resolución dictada por los jueces Ricardo Basílico, José Michilini y Adrián Grünberg se tomó de manera unánime y se basó en la "nulidad absoluta" de la acusación presentada por el fiscal Miguel Ángel Osorio.Los magistrados concluyeron que "no hubo acusación fiscal válida", debido a que la presentación carecía de fundamentación suficiente y no hacía una valoración adecuada de la prueba. El fallo indica que esas falencias impidieron al tribunal avanzar en el análisis de eventuales responsabilidades penales.El caso investigaba una presunta administración fraudulenta vinculada al manejo de fondos públicos del programa entre 2009 y 2015, durante el convenio firmado entre la AFA (encabezada en aquel momento por Julio Grondona) y el Estado nacional para la televisación del torneo de primera división.Entre los absueltos se encuentran el ex presidente de la AFA Luis Segura y ex directivos de la casa madre del fútbol argentino y de Futbolistas Argentinos Agremiados. La fiscalía había solicitado penas de hasta tres años de prisión para seis de ellos, incluidos Fernández, Capitanich y Segura.Además de las absoluciones, el tribunal rechazó el pedido del Ministerio Público Fiscal para decomisar 456 millones de pesos. Los fundamentos completos del veredicto se darán a conocer el 11 de marzo del 2026, fecha a partir de la cual el fiscal Osorio podrá apelar ante la Cámara Federal de Casación Penal.

Absuelven a Aníbal Fernández, Capitanich y todos los acusados en la causa “Fútbol para Todos”

La Corte Suprema de Justicia dispuso que el Estado Nacional, las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos, y los municipios de Rosario y Victoria implementen cuanto antes un Plan Integral Estratégico &nbsp;para la Conservación y Aprovechamiento Sostenible del Delta del Paraná (PIECAS-DP).La resolución se dictó en el marcó de la causa iniciada por los reiterados incendios en las islas frente a Rosario y la región.El máximo tribunal respondió así a la demanda presentada en 2020 por la Asociación Equística Defensa del Medio Ambiente que exigió acciones urgentes para frenar los incendios y evitar la quema indiscriminada de pastizales en el humedal.El fallo, firmado por los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, ordena instalar sistemas de alerta temprana, reforzar la Red de Faros de Conservación y poner en marcha un esquema sistemático de control y manejo del fuego en todo el Delta. Los jueces subrayaron que el PIECAS-DP —vigente desde 2008— es el instrumento adecuado para coordinar políticas entre la Nación y las jurisdicciones involucradas.

La Corte ordenó a Nación, provincias y a Rosario avanzar con el plan para frenar las quemas en el Delta del Paraná

El Tribunal Oral en lo Criminal N°7 de San Isidro ratificó que el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona comenzará el 17 de marzo de 2026 y acordó, junto a todas las partes, la participación de 120 testigos que declararán durante el proceso.La fecha se confirmó luego de una audiencia preliminar, que se realizó este martes por la mañana, con la presencia de Dalma, Gianinna y Jana Maradona, además de representantes de la querella, los fiscales y los abogados de los imputados.En este sentido, Francisco Oneto, uno de los defensores del neurocirujano Leopoldo Luque, solicitó la nulidad del debate. Un planteo similar fue presentado por Vadim Mischanchuk, abogado de la psiquiatra Agustina Cosachov.Tras un cuarto intermedio, los jueces Alberto Ortolani, Alberto Gaig y Pablo Rolón rechazaron los pedidos y las partes discutieron la incorporación de la prueba. Finalmente, se acordó que 120 personas (90 propuestas por la acusación y 30 por las defensas) presten declaración testimonial en el juicio por presunto homicidio simple con dolo eventual.Las audiencias se desarrollarán los martes, miércoles y jueves de 10 a 17. El proceso buscará establecer las eventuales responsabilidades de Leopoldo Luque, Agustina Cosachov, el psicólogo Carlos Díaz, el médico clínico Pedro Di Spagna, el enfermero Ricardo Almirón, su jefe Mariano Perroni y Nancy Edith Forlini, médica de Swiss Medical a cargo de la internación domiciliaria del exfutbolista, quien murió en su casa de Tigre el 25 de noviembre de 2020.

El juicio por la muerte de Maradona comenzará el 17 de marzo de 2026 y tendrá 120 testigos

Tres hombres que agredieron a inspectores municipales en una fiesta clandestina en la zona noroeste de Rosario fueron imputados por resistencia a la autoridad y heridas leves.Se trata de los acusados por el hecho sucedido el domingo 23 de noviembre en D’Arienzo al 8900, en barrio Tango, cuando cuatro agentes se dirigieron al lugar ante un reclamo por ruidos molestos, recibieron una golpiza y terminaron heridos.El secretario de Control y Convivencia, Diego Herrera, brindó detalles sobre lo ocurrido: "Fue la segunda vez porque ya habían ido más temprano. Cuando llegan se encuentran que la música estaba muy elevada, estaban tirando pirotecnia y había una camioneta haciendo maniobras peligrosas”.Luego, el funcionario relató que “salieron desde adentro de la vivienda tres personas y empiezan a golpear a los inspectores sin mediar palabras”.Durante la secuencia, una de las víctimas logró reportar la situación al 911 y, minutos más tarde, la policía detuvo en el lugar a los agresores y secuestró el vehículo que fue conducido de forma temeraria.En la audiencia imputativa desarrollada días atrás en el Centro de Justicia Penal de Rosario, el fiscal Lucas Altare le adjudicó a los aprehendidos los delitos de lesiones leves y desacato a la autoridad.En este marco, el juez Bilabo Benítez dispuso prisión preventiva para S.C. y M.C. por un plazo de 60 días. Por otro lado, E.A. quedó en libertad sujeto al pago de una fianza y la obligación de presentarse ante la oficina judicial de forma periódica.<figure class="image"><img src="https://rosarionuestrocdn.eleco.com.ar/media/2025/12/inspectores_golpeados_1.jpg" alt="inspectores golpeados"></figure>

Imputaron a tres hombres que golpearon a inspectores municipales en barrio Tango durante una fiesta clandestina

La Justicia federal realizó una serie de allanamientos contra Sur Finanzas, empresa vinculada al presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, en el marco de una causa por presunto lavado de dinero.La medida fue ordenada por el juez federal Luis Armella y los procedimientos se realizaron en la sede central de la financiera, ubicada en Adrogué, provincia de Buenos Aires. Asimismo, hubo allanamientos en otros domicilios asociados a operaciones sospechosas que incluirían el uso de 74 firmas ficticias y un flujo total de $72.342 millones. La causa apunta a determinar si esas estructuras fueron utilizadas para canalizar dinero a través del club del sur del Gran Buenos Aires.Al mismo tiempo, fue allanada la sede social del club Banfield. El operativo, ordenado por el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°2 de Lomas de Zamora, busca reconstruir movimientos económicos registrados entre 2019 y 2023. La institución informó sobre el procedimiento mediante un comunicado oficial donde afirmó haberse puesto “a entera disposición de la justicia”.<div class="raw-html-embed"><blockquote class="twitter-tweet">Comunicado Oficial ℹ️ <a href="https://t.co/lYOkw2QKi2">https://t.co/lYOkw2QKi2</a> <a href="https://t.co/VzUa5UZkCV">pic.twitter.com/VzUa5UZkCV</a>— Club A. Banfield (@CAB_oficial) <a href="https://twitter.com/CAB_oficial/status/1995572086308569282?ref_src=twsrc%5Etfw">December 1, 2025</a></blockquote> <script async="" src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script></div>La investigación se concentra especialmente en la venta de Agustín Urzi al fútbol mexicano. Los investigadores sospechan que esa operación podría haber funcionado como vehículo para maniobras irregulares. Por esa situación, la Justicia dispuso 19 allanamientos vinculados tanto al club como a Sur Finanzas.La financiera, que desde 2022 es sponsor de Banfield, ganó un rol central en la economía del club durante la gestión de Eduardo Spinosa. La relación se profundizó en 2024, cuando se renovó el contrato bajo nuevas condiciones que incluían la reestructuración de una deuda que la institución mantenía con la empresa. Incluso con el cambio de autoridades, tras la llegada de Matías Mariotto en octubre de ese año, el vínculo comercial continuó vigente.

Allanaron Sur Finanzas y la sede de Banfield por una causa de lavado vinculada al círculo de “Chiqui” Tapia

La Cámara Federal de Casación penal anuló un falló de la Cámara Federal de Rosario y dispuso que se dicte un nuevo pronunciamiento en la causa que investiga la descarga de efluentes cloacales sin tratamiento en el río Paraná por parte de Aguas Santafesinas S.A. (ASSA). Esta medida pone bajo la lupa a cinco directivos de la empresa, cuyos procesamientos habían sido revocados.El máximo tribunal penal entendió que la cámara rosarina interpretó de forma errónea la Ley 24.051 al considerar que los efluentes cloacales no constituyen "residuos peligrosos" y que ASSA, por ser un servicio público, quedaba fuera del régimen penal ambiental.En esa línea, Casación sostuvo que ninguna actividad está exenta de cumplir las normas de protección ambiental y recordó que el concepto legal de residuo peligroso es más abarcativo que el adoptado en el fallo anulado.La investigación se produjo en el período 2018-2021, cuando peritajes de la Policía Federal y técnicos judiciales señalaron que se habrían volcado al Paraná alrededor de 350 millones de litros diarios de líquidos cloacales desde la Planta Emisario Sur, en la zona sur de Rosario.La fiscalía detectó presencia de escherichia coli, altos niveles de coliformes y trazas de plomo y níquel en las muestras tomadas en la desembocadura y aguas abajo.El caso se inició por la denuncia de la Asociación Civil Cuenca Río Paraná y derivó en el procesamiento de exdirectivos y un exgerente de ASSA por contaminación peligrosa para la salud y el ambiente, un delito penado con hasta 10 años de prisión. Tras una apelación, la Cámara Federal rosarina había desestimado la acusación, y la causa quedó paralizada.Ahora, Casación consideró arbitraria aquella decisión, ordenó su nulidad y dispuso que la Cámara dicte un nuevo fallo ajustado al marco legal de residuos peligrosos.

Rosario: Casación ordenó continuar la investigación por la contaminación con residuos cloacales del río Paraná

En el marco de la quinta jornada de debate oral por la causa Cuadernos, el Ministerio Público Fiscal avanzó con la exposición de los cargos dirigidos contra Cristina Fernández de Kirchner, señalada como receptora final de dinero durante su presidencia. En la sala se leyó que la ex mandataria "recibió sumas de dinero en sus domicilios" provenientes de presuntas maniobras de coimas.El texto elaborado por el fiscal federal Carlos Stornelli, que da sustento a la elevación a juicio, plantea que “la principal receptora resultó ser Cristina Elisabet Fernández, quien más allá de ser la Presidenta de la Nación Argentina, era quien tomaba posesión final de la mayoría del dinero otorgado por los privados”. Dentro de ese planteo se remarca que el departamento de la calle Uruuguay, en Recoleta, operaba como espacio de "acopio" para esos pagos.La audiencia comenzó cerca de las 09:30 y permitió cerrar la lectura de las 678 páginas correspondientes a la acusación principal. Tras un cuarto intermedio, el tribunal retomó la actividad para abordar el requerimiento fiscal de un expediente vinculado.La fiscalía subrayó que “específicamente se encuentra acreditado que Cristina Fernández recibió sumas de dinero en sus domicilios, y a través de Héctor Daniel Muñoz, de parte de los empresarios”. La ex presidenta siguió la jornada de forma remota desde su domicilio de San José 1111, donde cumple prisión domiciliaria por la condena a seis años dictada en el caso Vialidad.En el expediente central, CFK está imputada como presunta jefa de una asociación ilícita y por cohecho en 22 hechos. Durante la lectura se detallaron varios episodios incluidos en un total de 128 hechos vinculados al pago de sobornos, y se remarcó que "los eslabones convergen así en un solo punto", en referencia a la exmandataria.El juicio involucra a otros 85 acusados, entre los que se encuentran ex funcionarios como Julio De Vido, Roberto Baratta, Nelson Lazarte, Enrique Llorens y Jose María Olazagasti, entre otros. señalados por "recibir y/o participar" de los supuestos pagos ilegales.

Avanza el juicio por la causa Cuadernos y la fiscalía apunta a Cristina Kirchner como receptora de pagos ilegales

Tres policías de Seguridad Vial de Santa Fe fueron imputados por pedir coimas a conductores en controles este fin de semana.Se trata de los agentes identificados como P.J.G., M. A. M. y E. E. M., quienes fueron llevados a audiencia este miércoles ante el juez Sergio Carraro de la Investigación Penal Preparatoria por un episodio ocurrido este sábado en la ruta provincial 1, a la altura de la localidad ubicada a 170 kilómetros de Rosario, Los Zapallos.De acuerdo a la acusación del fiscal Ezequiel Hernández, los uniformados recibieron en un primer caso 200.000 pesos en efectivo y 150.000 por transferencia bancaria a una cuenta que le adjudicaron a “la jueza”. Además, se tomó registro de declaraciones falsas en el libro de guardia.Luego, los policías recibieron otros 220.000 pesos por parte de los ocupantes de un Fiat Siena con la Verificación Técnica Vehicular (VTV) caducada. En este sentido, el monto exigido fue camuflado como una multa económica por el valor de 300 litros de combustible premium.De esta manera, a los involucrados se les adjudicaron los delitos de exacciones ilegales agravadas y falsedad ideológica en instrumento público.

Imputaron a tres policías de Seguridad Vial por exigir coimas a automovilistas

Tres hombres fueron condenados a más de cinco años de prisión por extorsionar y aplicar intereses usurarios a una mujer que tomó un préstamo informal y terminó obligada a vender su vivienda para cumplir con las exigencias de los prestamistas.El acuerdo abreviado fue firmado por el fiscal Germán Mazzoni y las defensas de Franco Leonel Arias, Alexis Ángel Chamorro y Diego Luis Ovelar, quienes permanecen detenidos desde diciembre de 2024.Los acusados fueron arrestados el 20 de diciembre del año pasado, durante allanamientos realizados por la Policía de Investigaciones en los barrios De La Carne y La Paloma, donde se secuestraron una bicicleta, dos motos, teléfonos celulares y más de 114 mil pesos. El juez Mariano Aliau homologó esta semana el procedimiento abreviado.El caso comenzó a partir de la denuncia de la víctima, quien en junio de 2024 había solicitado un préstamo a través de un contacto de Facebook. Cuando se retrasó en el pago mensual, en septiembre, comenzó un período de hostigamiento que incluyó amenazas constantes, reclamos de sumas desproporcionadas y plazos que nunca habían sido acordados. Según la investigación, Chamorro otorgó el préstamo y luego se hizo pasar por un supuesto acreedor para exigir montos imposibles desde una línea telefónica registrada a su nombre.Chamorro llegaba al domicilio o enviaba mensajes advirtiendo que enviaría “a su gente”. En varias oportunidades, se presentaban Ovelar y Arias, quienes increpaban a la víctima y a sus familiares. El temor creciente llevó a la mujer a vender una heladera, su moto y finalmente su vivienda. También entregó como parte de pago celulares, una bicicleta y más de dos millones de pesos en total.La situación se agravó el 19 de noviembre, cuando dos hombres llegaron al domicilio, discutieron con el padre de la víctima, lo golpearon y sustrajeron una notebook, una tarjeta SUBE y 200 mil pesos que había sobre la mesa. Los mensajes extorsivos también incluyeron amenazas para que la mujer abandonara su casa en 24 horas.Tras reunir la evidencia, Arias y Ovelar fueron condenados como coautores del delito de extorsión. El primero recibió 5 años de prisión; el segundo, 5 años y 2 meses. Chamorro fue sentenciado a 5 años y 3 meses por tres hechos de usura agravada por la habitualidad. &nbsp;

Condenan a más de 5 años a tres prestamistas que extorsionaron a una mujer hasta obligarla a vender su casa

El juicio por el doble homicidio de Claudia Deldebbio y su hija, Virginia Ferreyra, asesinadas el 23 de julio de 2022 mientras esperaban el colectivo en Maestros Santafesinos e Ísola, comenzó este miércoles por la mañana en Rosario.&nbsp;La primera audiencia empezó alrededor de las 8:00 en el Centro de Justicia Pena (CJP), encabezada por los jueces Alejandro Negroni, Facundo Becerra y Gonzalo López Quintana.El hecho ocurrió frente a la plaza Rodolfo Walsh de zona sur. Virginia, de 32 años, se dirigió a tomar el colectivo y su madre Claudia, de 57, decidió acompañarla por temor a la inseguridad. En ese momento, un Peugeot 308 negro se detuvo a pocos metros y desde el interior se disparó una ráfaga que impactó de lleno sobre las dos mujeres. Claudia falleció en el lugar, mientras que Virginia fue trasladada al Heca, donde permaneció dos meses internada y donde se le realizaron múltiples cirugías hasta su fallecimiento el 24 de septiembre.Tres años después, cuatro hombres serán juzgados como partícipes del atentado, que la Fiscalía vincula a una organización narco encabezada desde la cárcel por René “Brujo” Ungaro.Según la teoría de los fiscales Patricio Saldutti y Franco Carbone, el atentado fue ordenado desde la prisión por Ungaro, quien, pese al encierro, mantuvo el manejo territorial de una facción narco en la zona sur.La investigación sostiene que ofreció una recompensa de 30 mil pesos por cada muerte que generara un ataque en los Fonavi del Parque del Mercado, como maniobra para sembrar miedo entre los vecinos y reafirmar su control ante bandas rivales dedicadas al narcomenudeo. En ese esquema también habría intervenido Nicolás Alberto “Cara de burro” Martínez, detenido en la cárcel de Coronda por otros dos homicidios.Los investigadores identificaron a los autores materiales como Fernando David Cortez y su hijo, Lautaro José Cortez. Fernando manejaba el Peugeot desde donde se efectuaron los tiros. Ambos fueron capturados el 8 de septiembre de 2022 cerca de Sánchez de Thompson y Abanderado Grandoli.&nbsp;Además, el mayor de los Cortez está vinculado a la balacera contra el Distrito Sur municipal ocurrida el 4 de septiembre, donde se dejó un mensaje dirigido a la banda de Los Monos.

Empezó el juicio por el doble crimen de Virginia Ferreyra y Claudia Deldebbio

El Gobierno de Santa Fe avanzó este martes con el nuevo sistema de tobilleras electrónicas que reemplazará al botón de pánico como herramienta de prevención de casos de violencia de género.La medida fue presentada esta mañana en un acto encabezado por el gobernador Maximiliano Pullaro y los ministros de Justicia y Seguridad e Igualdad y Desarrollo Humano, Pablo Cococcioni y Victoria Tejeda, respectivamente. También formó parte de la exposición la fiscal general del Ministerio Público de la Acusación (MPA), María Cecilia Vranicich.Se trata del mecanismo de monitoreo electrónico dual mediante el que los denunciados serán rastreados por geolocalización por personal de la Central 911 de Emergencias, con el fin de evitar el incumplimiento de ordenes de alejamiento respecto a las víctimas.&nbsp;Por un lado, el agresor deberá utilizar un artefacto en su pierna, mientras que la denunciante contará con un dispositivo similar a un celular que mide la distancia entre sí en tiempo real y, en caso de un acercamiento, recibe una notificación y emite una alerta policial inmediata.El presupuesto del proyecto asciende al millón de dólares, utilizado para adquirir las tobilleras y los equipos de monitoreo que serán utilizados por el 911.Pullaro habló sobre el sistema este martes y consideró que “cambia el paradigma porque el agresor será la persona que lleve la tobillera y el dispositivo que lo geolocaliza”. Luego, agregó: "A la víctima no la estamos revictimizando, sino que al agresor lo vamos a estar controlando permanentemente”.Por otra parte, la fiscal Vranicich detalló que en 2024 hubo “30 mil legajos iniciados en violencias de género” en la provincia y remarcó: “Estamos trabajando en la instalación de criterios para imputar femicidios en contexto de criminalidad organizada, ya tenemos antecedentes, producción y sistematización de información sobre femicidios y muertes violentas de mujeres con un registro único en Santa Fe”.<figure class="image"><img src="https://rosarionuestrocdn.eleco.com.ar/media/2025/11/pullaro_tobilleras.jpeg" alt="pullaro tobilleras"></figure>

La provincia presentó las tobilleras electrónicas que reemplazarán al botón de pánico en casos de violencia de género

Un hombre de 64 años llamado Miguel Ángel Berlini falleció el miércoles tras ir a ciudad de Buenos Aires para hacerse un implante dental. Dos médicos resultaron detenidos y la clínica donde se realizó el procedimiento fue clausurada.&nbsp;El fatídico hecho tuvo lugar en la Clínica Robles, en el barrio porteño de Belgrano, ubicada en Virrey del Pino al 2530, luego de que el paciente quedará inconsciente una vez terminaron de intervenirlo. Como no se despertaba, los dos profesionales presentes, que eran un cirujano plástico y otro maxilofacial trataron de aplicarle maniobras de reanimación que no surtieron efecto.Poco después, personal del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) arribó al lugar y comprobó que Berlini, que aun esta en la sala quirúrgica, había fallecido. Tras la llegada de la Policía, la clínica no mostraba signos de violencia o desorden alguno.&nbsp;Según lo consignado por Infobae, la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Nº59, ordenó que los dos médicos que formaron parte del procedimiento fueran detenidos, se les secuestró sus credenciales profesionales y se caratuló la causa como homicidio culposo.&nbsp;Asimismo, se clausuró el establecimiento médico y se derivo el cuerpo para que se le practicara una autopsia y así establecer las causas detrás del fallecimiento.&nbsp;En tanto, la hermana de la víctima realizó una denuncia por lo ocurrido y sostuvo que el hombre no tenía enfermedades preexistentes.&nbsp;<section class="noteSuggested" data-id="57522" data-title="Puede interesarte"></section>

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