El Gobierno provincial se constituyó como querellante en la causa que investiga una presunta desestabilización social por la difusión de audios y mensajes falsos. El hecho ocurrió este lunes luego de que el ministro de Gestión Pública, Marcos Corach, junto al fiscal de Estado, Rubén Weder, se presenten ante el Ministerio Público de la Acusación (MPA).
El proceso legal está indagando en torno a la circulación “masiva e intencionada” de audios y mensajes falsos, que fueron apuntados como mecanismos encargados de “generar brotes de desestabilización social” en Rosario, en marco de la ola de violencia.
Corach brindó declaraciones al respecto y señaló: “Trabajamos todos los días para paliar el flagelo de la inseguridad, sabiendo que los resultados están lejos de las expectativas. Y no podemos tolerar que haya sectores que busquen ir en sentido contrario”. Además, añadió que “los vecinos de Rosario merecen saber quiénes son los que se aprovechan de estas bajezas para echar nafta al fuego”.
En tanto a la causa, el MPA comenzó una investigación penal para determinar las correspondientes responsabilidades penales; a lo que se suma ahora el Gobierno de Santa Fe para ejercer las facultades otorgadas por el ordenamiento jurídico procesal penal, colaborando en el proceso y poniendo a disposición la capacidad del Estado para determinar las responsabilidades de quienes «eligen infundir un temor público y suscitar desórdenes», según afirmaron.
