La bajante del río Paraná se instaló en la agenda principal del gobierno nacional y es por ello que el Consejo Federal de Gestión del Riesgo y Protección Civil definió este martes líneas de acción frente «una situación muy grave» que atraviesan las poblaciones ribereñas. El encuentro se dio en la capital entrerriana y contó con la presencia del jefe de Gabinete de ministros, Santiago Cafiero, la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic y autoridades de las carteras de Ambiente y de las provincias afectadas, entre otros.
Alertas tempranas, mapas dinámicos y datos de organismos científicos, son algunas de las estrategias que definieron para tratar de brindar soluciones a esta grave problemática. «Desde hace semanas se viene colaborando y contribuyendo con saberes y soluciones ante una situación muy grave como la que están sufriendo las provincias de la zona», aseguró Cafiero.
«El Presidente declaró la emergencia hídrica en la cuenca del Paraná (Decreto 482/2021) y cristalizó el trabajo que se venía llevando adelante, que incluye obras de infraestructura, de acceso al agua potable mediante un fondo hídrico de más de mil millones de pesos», añadió el funcionario y continuó: «El compromiso es avanzar allí donde surgen los problemas, sin mirar para otro lado, con una perspectiva federal y concreta propia del trabajo articulado».
Por su parte, la ministra Frederic señaló la importancia de «articular y coordinar las acciones de los ministerios nacionales y organismos a nivel regional, provincial y municipal, junto con las Organizaciones No Gubernamentales y de la comunidad para fortalecer y optimizar la reducción del riesgo de desastre». Además, destacó que se busca es optimizar «el manejo de la crisis y la recuperación para la asistencia a las poblaciones ribereñas, tanto en el río Paraná, como en su sistema de afluentes».
El secretario de Articulación Federal Gabriel Fuks expresó que «queremos llevarnos un mapa con los puntos más vulnerables que pueden ser afectados por esta emergencia hídrica». Y agregó que lo que se busca en el Consejo es «un acuerdo entre las provincias y el Estado nacional» y que el plan de respuesta «será asentado en esas comunidades, ciudades y lugares puntuales».
«Pusimos a disposición de cada uno de los distintos organismos técnicos el acceso a informaciones, alertas tempranas, análisis y mapas dinámicos para monitorear la situación en su conjunto con datos de organismos científicos para sustentar el proceso de toma de decisiones», continuó el funcionario y pidió a las autoridades provinciales que se sumen al uso de esta herramienta, «para de esta manera enriquecer los planes de respuesta georreferenciados con insumos de información territorial y avanzar así en la definición de un mapa común que, además, pueda incluir índices de vulnerabilidades».
