A un año del asesinato de George Floyd, en los Estados Unidos de América a manos de la policía es casi una necesidad afirmar y reafirmar que lo acontencido lejos de ser un hecho accidentalmente trágico, es la resultante de una idiosincrasia social e institucional históricas, avalada política y hasta judicialmente, y que ha caracterizado y caracteriza aún al “Gran Pais del Norte.”

La exploración de las costas de África, el descubrimiento de América en el siglo XV y su colonización en los tres siglos siguientes, impulsó de forma considerable el comercio de esclavos. Existían leyes y reglamentos que consideraban a las personas como cosas, como mercancía. Pero además del ingrediente económico, la cuestión estuvo signada históricamente por el componente racial. En el norte del continente americano esos esclavos fueron en su mayoría negros.

En 1776, la Declaración de Independencia incluía una postulación fundamental todos los hombres tiene derecho a “la vida, la libertad y la búsqueda de la igualdad”. Dice a la búsqueda de la igualdad, no a la igualdad misma. Esa “búsqueda” de la igualdad se interpretó siempre de manera muy singular, siempre de forma sesgada y sectaria. En 1822 la llamada Sociedad Americana de Colonización adquirió a la corona británica territorios en el continente africano, con la idea de la instalación de un gran gheto para enviar a todos los esclavos liberados, por supuesto todos afroamericanos.

Durante 1793 George Washington sancionó la Ley de Esclavos Fugitivos, acogiendo los deseos de los propietarios de esclavos sureños: Aquel esclavo que se hubiere fugado y era aprendido con vida debía ser devuelto a su “legítimo” dueño, además de sufrir un castigo corporal que por lo general era la amputación de alguno o ambos pies.

En 1857 se produce el primer gran hito jurisprudencial; la Corte Suprema Federal emite el fallo  Dred Scoot v. Standford (1857), en el cual el máximo tribunal dijo  que un esclavo, aun cuando no estuviera prófugo, no adquiría  la libertad por radicarse en un Estado donde no existiera la esclavitud, en el mismo fallo  negó  que un negro pudiese ser  ciudadano norteamericano y declaró inconstitucional una  ley federal que databa de  1820 por la que se sustanció el Compromiso de Missouri, por el que los estados sureños debían abolir la esclavitud.

No puede negarse el aporte del presidente Lincoln, que abogó por la sanción de la XIIIª Enmienda constitucional que abolía la esclavitud en todo el país. Poco después sería asesinado al haber hecha pública su propuesta de otorgar el voto a la población negra. Esta muerte y la llegada de quien fuera su vicepresidente a la presidencia constituyó una importante involución y desbarató los tibios avances contra el racismo y la discriminación.

Los estados sureños empezaron a sancionar leyes que consagraban explícitamente la segregación racial en los espacios públicos., eran los Black Codes, o leyes para negros. La época, últimas décadas del siglo XIX, coincide con el nacimiento del Ku Klux Klan.

La Corte Suprema federal, fiel intérprete de los peores sentimientos y prejuicios   de la sociedad americana, seguía acompañando. En en el caso   Slaughter House Cases la confirmación de la validez de la 14ª Enmienda, fue un caballo de Troya que limitó los poderes del gobierno federal, favoreciendo la vigencia y validez del poder  de policía de los Estados, de evidente impronta racista y supremacista.

Fue en 1875 que el Congreso aprobó la primera Ley de Derechos Civiles..Esta anulaba la legislación racista de algunos Estados. La llegada de los republicanos a la presidencia en 1877 dio por tierra con la ley que nunca llegó a tener vigor real sino una mera vigencia formal. Y por supuesto, la Corte federal ratificó una vez más la postura de ignorar el avasallamiento de los derechos de la población negra. El fallo en el caso Civil Right Cases de 1883, ratificó lo dicho diez años antes en el caso Slaughter House Cases, rechazando los planteos que ciudadanos negros formulaban   contra las leyes de segregación racial de sus respectivos Estados, y que consagraba la Ley de Derechos Civiles de 1875. El Maximo Tribunal falló que la XVª Enmienda constitucional no daba potestad al Congreso federal a prohibir la discriminación entre personas privadas. Así tornaba legales a las escuelas, teatros, restoranes, bares y bibliotecas en donde solo se admitían blancos.

“Separados pero iguales”, eso fue lo consagrado en el fallo Plessy v. Ferguson de 1896.  Aquí la Corte pretendió decir que la separación de las razas no implicaba racismo o segregación. Este fallo constituye la culminación de toda una doctrina supremacista, una alegoría del prejuicio disfrazada hipócritamente. Este fallo permitió un racismo “legal” y legalizado; un parámetro jurídico que se impuso durante muchas décadas en muchos estados de la Unión.

En junio de 1963 el presidente Kennedy remitió al congreso el proyecto de Ley de Derechos Civiles, la segunda, refrito de la primera de 1875 de ningún vigor. Fue el Presidente Lindon Johnson, recién en 1964 quien logró su aprobación. En el medio sucede el asesinato del Presidente Kennedy y la aparición del Revendo King. Y en 1965 aparece la Ley del Derecho a Voto que anuló la discriminación electoral.

Quizás la única expresión jurisprudencial de la Corte federal se haya dado en 1967 en el caso Loving v. Virginia. Allí la Corte declaró inconstitucionales toda prohibición de matrimonios entre mujeres y hombres de distintas etnias. Antes de esa resolución todavía estaban vigentes en 14 Estados del sur, normas que vedaban los matrimonios entre personas de distintas razas.

Más acá en el tiempo,  la Corte en los casos “Endo” y “Korematsu” avaló un decreto del Presidente Roosvelt del bombardeo de  Pearl Harbor en 1941,  que ordenó el confinamiento en ghetos de ciudadanos norteamericanos de origen japonés.

En este breve repaso no puede obviarse el paso adelante que significó la llegada de Barak Obama a la presidencia, con la presencia de una primera dama militante de los derechos humanos y de las cuestiones de género. Paso adelante insuficiente, desandado rápidamente con el advenimiento de Donald Trump y la caterva de neonazis que lo acompañó. No se trata de una cuestión política, ni siquiera ideológica o religiosa; evidentemente existe un arraigo cultural en buena parte de la sociedad norteamericana que desdeña la condena a toda discriminación o segregación. La muerte de Floyd y su conmemoración sin dudas no alcanza.