Fuente Universidad del Gran Rosario

“Yo no tengo policía, tampoco justicia, ni fiscales ni jueces”. El contundente reclamo fue expresado por el intendente de Rosario, Pablo Javkin, ante la consulta sobre el accionar del municipio frente a la ola de inseguridad que padece la ciudad en los últimos meses.

Así, el alcalde rosarino volvió a abrir el debate sobre las limitaciones institucionales de los municipios (las ciudades santafesinas no cuentan con una fuerza de seguridad propia ni un sistema para juzgar delitos) y las responsabilidades de cada uno de los tres niveles del Estado en la lucha contra la inseguridad.

Aunque el intendente puso el foco en la carencia de competencia de la Municipalidad para disponer de personal idóneo para resolver esta problemática, los gobiernos de las diferentes urbes pueden gestionar políticas que mejoren la seguridad de una sociedad.

“El proceso de involucramiento de los municipios en la gestión de la seguridad se fue dando de manera progresiva en las últimas décadas. Creo que es parte de un proceso más general, de carácter global, de descentralización de la gestión pública. El mundo se fue volviendo cada vez más global y cada vez más local al mismo tiempo”, señaló Andrés Escudero, docente de docente de la Licenciatura en Seguridad Pública y Ciudadana de la Universidad del Gran Rosario.

Según detalló el especialista, se podrían trazar dos grandes líneas de acción que los municipios pueden encarar:

• Por un lado, están las tareas de apoyo al funcionamiento policial. Eso incluye la videovigilancia, los sistemas de alerta temprana (como las alarmas en escuelas que tienen riesgo de ser vandalizadas), las alarmas comunitarias que se instalan en las cuadras residenciales, los llamados botones antipánico (como los que se entregan a las mujeres víctimas de violencia). etc. También incluye el apoyo logístico a la policía, como la contribución para la carga de combustible, la compra de móviles para funcionar como patrulleros, la compra o el alquiler de predios o edificios que pueden funcionar como comisarías o talleres logísticos, etc.
• Por otro lado, están todas las políticas que la literatura llama de prevención situacional o de prevención social del delito. Las primeras tienen que ver con intervenciones en el entorno urbano, intervenciones de infraestructura, de movilidad, etc., que ayudan a cambiar los patrones de uso del espacio público, y que de esa forma generan un efecto preventivo. En términos de oportunidades para cometer un delito, no es lo mismo un espacio urbano degradado, incomunicado, donde el transporte público pasa muy poco, sin dependencias públicas, que un lugar iluminado, con una plaza con juegos, con oferta cultural y recreativa en la vía pública. Las segundas son políticas dirigidas a trabajar focalizadamente con ciertos grupos. Por ejemplo, si sabemos que la tasa de reincidencia es alta, y si una parte de los delitos son cometidos por personas reincidentes, entonces sería muy sensato tener un buen programa social para trabajar específicamente con ese grupo poblacional.

Si simplificamos la problemática de la inseguridad a la falta de una fuerza de seguridad local, la autonomía municipal aparece como la solución a todos los males. Sin embargo, Escudero advirtió: “Respecto a la cuestión de la autonomía y de la policía municipal, sería muy cuidadoso. La experiencia más avanzada en la Argentina es la de la Provincia de Buenos Aires. A diferencia de lo que mucha gente cree, en Buenos Aires no hay policías municipales, la policía sigue siendo provincial, y tiene distintas especialidadades, entre ellas la Policía Local, o la Policía Comunal, que son especialidades de cercanía, de proximidad, que tienen vínculos muy fluidos con la municipalidad, más o menos institucionalizados. Pero la policía es una, y es provincial. La creación de muchas policías a cargo de los municipios conlleva un riesgo importante en materia de coordinación”.

“No es lo mismo coordinar una operación policial teniendo que establecer consensos entre policías de distintos municipios, con distintos jefes políticos, que aplicar la jerarquía. El mando jerárquico coordina mucho mejor que cualquier otro método, y es lo natural para una policía. En Argentina no tenemos una tradición de coordinación operativa de distintas fuerzas. Hay que romper con la visión de que la única herramienta para construir seguridad es la Policía. La policía es una herramienta importantísima, pero es una más entre diversas agencias del estado que son necesarias para construir orden y convivencia. El municipio tiene un rol muy importante en la producción de seguridad, pero no significa que para eso necesite una policía propia sí o sí, esto debe ser analizado en cada contexto”, aclaró el docente de la UGR.

A la hora de analizar la problemática, el especialista afirmó que no se pueden “esperar resultados mágicos” en el área de Seguridad y remarcó: “Toda política pública se debería planificar en el corto, mediano y largo plazo. En materia de seguridad, la medida de corto plazo por excelencia es la saturación. Se identifica un lugar crítico, y se satura con mucha policía durante un tiempo. Pero la saturación no funcione para siempre. Al principio tiene un impacto muy bueno, si se planifica bien, y luego ese efecto se empieza a estabiliza, e incluso a debilitarse, porque aparecen problemas nuevos. La saturación es igual a un corticoide. Si está bien suministrado, funciona bien durante un tiempo estipulado, corto, para atacar de lleno una situación. Pero su uso prolongado en el tiempo va generando problemas. En seguridad es igual”.