opinión

Salpicados


Por Andrés Cánepa

El gobierno de Alberto Fernández tomó la decisión de intervenir a la empresa Vicentín después de que se conociera en el último tiempo el desmanejo financiero de una de las firmas más importantes del país. La medida trajo viento de cola, con adeptos y reticentes, y puede hasta resquebrajar la estructura política del gobierno de Omar Perotti. Los alcances de la medida no están determinados y el proyecto de expropiación que enviarán todavía no se conoce.

Desde el entorno de Omar Perotti, más allá de que se mostraron a favor de la medida, se vieron sorprendidos por la rigidez con la que manejó el gobierno central a este tema. No se filtró jamás la información, la guardaron bajo siete llaves y la administración provincial se enteró, como la empresa y todos los santafesinos, por los medios. Y claro que generó ruido en el seno de la gestión del PJ.

Tanto el rafaelino como su ladero principal en los temas políticos, el senador nacional Roberto Mirabella, se mostraron públicamente y vía Twitter a favor de la designación de Gustavo Delgado –bien visto por todos los sectores como un técnico sabio en la materia- como interventor de Vicentín por los próximo 60 días hasta que el Congreso discuta la expropiación definitiva. Pero su Ministro de la Producción, Daniel Costamagna, demostró su descontento con la medida y se lo hizo llegar a los productores, a los medios de comunicación y a los diputados que vienen realizando el seguimiento.

Costamagna tiene un pie y medio afuera del gabinete, después de rebelarse antes un eje central del gobierno nacional y sobre el que la provincia tiene principal interés. Es una persona con mucha llegada al sector agropecuario, cercano a la Sociedad Rural y a toda la mesa de enlace y, fiel a su pensamiento, dejó en claro que Vicentín podría haber tenido otra salida no tan drástica a la crisis que afrontaba.

Juntos por el Cambio emitió un comunicado muy duro al respecto y hablan de “un camino hacia la Venezuela chavista” para encuadrar la expropiación que se pretende para la empresa. Bajo el argumento de la deuda con el Banco Nación –por créditos en total de 18 mil millones de pesos- ponen sobre la mesa las deudas colosales que tienen otras firmas, como las de Cristóbal López, con el Estado, pero que no corrieron la misma suerte que el grupo económico con base en en el norte santafesino.

En las ciudades de Reconquista y Avellaneda, donde la compañía juega de local, se vieron manifestaciones públicas de vecinos y trabajadores de Vicentín apoyando a los dueños y rechazando la intervención. Pero no ha habido una “pueblada” ni mucho menos, ya que en total hablamos de unas 200 personas sobre un total de 120 mil habitantes. Para contextualizar el alcance de los reclamos que se exacerban por la viralización que hoy tiene Whatsapp o las redes.

La lógica de la necesidad de tener una empresa testigo en el mercado agrícola, estampada en el discurso de Alberto Fernández durante la conferencia de prensa del anuncio, tiene sentido en el marco de un mundo que se acomodará distinto en la salida de la pandemia. Pero si queremos entender a ese sector económico, hoy no hay necesidad de garantizar un precio para los productores o para la generación de divisas, ya que hay demanda, precios de referencia y competencia en el sector. En criollo: los productores tienen a muchos actores demandando granos y la referencia no está en riesgo.

Vicentín no es solo la agroexportación, también tiene capitales en Renova, en ARSA, una parte importante de Sancor–lácteos-, la algodonera, una curtiembre, el frigorífico Friar, bodegas de vinos y múltiples inversiones en el mercado de valores. Por eso es indispensable conocer el alcance de la expropiación, aunque el Presidente haya dicho en declaraciones periodísticas que todavía no han definido si van por todo, o solo por las plantas de acopio y comercialización de soja y aceite.

Ahora hay una disputa dialéctica sobre quién es responsable de la situación de Vicentín. Son conocidos los vínculos que tuvo la empresa con Venezuela durante el kirchnerismo y cómo el gobierno de Cristina benefició al gigante local en las negociaciones bilaterales. Además, el ex Presidente de la Bolsa de Comercio y directivo de Vicentín, Alberto Padoan, está procesado en la causa de los cuadernos de Baratta. Sin embargo, los aportes de campaña, los vínculos entre Nardelli y Macri, sumado a la deuda inexplicable con el banco público nacional hacen que la historia reciente los ubique del lado Cambiemos de la historia. Pero el dinero no entiende de política partidaria.

Es un sacudón a la tensa calma que traíamos durante la pandemia. La empresa emitió un comunicado en el que percibe un ataque del gobierno, y anunció que defenderá sus derechos en la Justicia. Aunque, en la lectura entre líneas de lo discursivo, podemos desentramar un acuerdo tácito entre los directores de Vicentín y Casa Rosada, dado que se le bajó el precio a las investigaciones legales ante la denuncia de defraudación que corre en la Justicia Federal por el endeudamiento desenfrenado entre 2018 y 2019 que mencionamos más arriba con el Banco Nación.

En esa denuncia figuran los nombres de Gustavo y Sergio Nardelli y Alberto Padoán, directivos de la empresa, y el de Javier González Fraga como ex presidente de la entidad bancaria nacional. Sin embargo, Fernández anticipó que la voluntad no es ir en busca de una persecución penal contra los dueños, sino de un salvataje a una empresa que garantiza 4 mil puestos de trabajo directos y muchos más indirectos.

El juego sigue abierto, pero en el Congreso el Frente de Todos tiene los votos que necesita para darle tratamiento y su posterior aprobación al proyecto del Ejecutivo. En el Senado tiene quórum propio y en Diputados necesita de sólo 8 escaños para poder sesionar. Mientras tanto, escucharemos atentos a los debates que se vienen sobre este tema como faro ejemplificador para oficialistas y opositores. Soberanía alimentaria vs la Venezuela Chavista. Tenemos para rato.