El Gobierno Nacional promulgó la ley que crea juzgados y fiscalías en Santa Fe para reforzar la lucha contra el narcotráfico.
A través del Decreto 255/2023, publicado este miércoles en el Boletín Oficial, que lleva las firmas del presidente Alberto Fernández, del jefe de Gabinete Agustín Rossi y del ministro de Justicia Martín Soria, se promulgó la iniciativa que fue sancionada por el Congreso de la Nación a fines de marzo.
De este modo, se crearon 27 fiscalías federales, 15 de ellas en Rosario; 9 defensorías y 6 juzgados federales, así como 6 cargos de juez penal federal con funciones de revisión, 57 cargos en total, con el fin de poder avanzar con mayor rapidez con las causas penales en la provincia.
Por unanimidad, convirtieron en ley el Proyecto de Ley sobre fortalecimiento de la Justicia Penal Federal en la provincia de Santa Fe. Con la creación de estos cargos como contó Tiempo Judicial, se busca preparar a la Justicia federal para la implementación del nuevo Código Procesal Penal y el sistema acusatorio además de ampliar una estructura judicial que permanece intacta desde hace 40 años. Y hoy se oficializó tras su publicación en el BO para que los diferentes organismos avancen en la designación de jueces, fiscales y defensores oficiales.
Del Ministerio Público Fiscal: En cuanto al MPF, el proyecto crea cinco cargos de Fiscal Federal Penal ante los jueces con función de garantía, revisión, de juicio y de ejecución para la ciudad de Rosario, tres cargos para la ciudad de Santa Fe; uno para Rafaela, uno para Reconquista, uno para San Lorenzo, uno para Venado Tuerto y otro para San Nicolás (provincia de Buenos Aires).
Del Ministerio Público de la Defensa: Además, se generan tres cargos de Defensor Penal Federal, con jurisdicción en Rosario y uno con jurisdicción para la ciudad de Santa Fe. En lo que respecta a los magistrados, la iniciativa origina un cargo de Juez Penal Federal con funciones de garantía, con asiento en la ciudad de Santa Fe, uno con asiento en la ciudad de Rafaela, uno con asiento en la ciudad de Reconquista y uno con asiento en Rosario. También un magistrado trabajará en la ciudad de San Lorenzo y otros en Venado Tuerto.
En este sentido, el siguiente paso será que los organismos «judiciales» pongan en marcha el funcionamiento de los nuevos cargos, juzgados y sus integrantes. La ley aprobada explica que «la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de la Magistratura, la Procuración General de la Nación, la Defensoría General de la Nación y el Poder Ejecutivo Nacional “en ejercicio de sus respectivas competencias, tomarán las medidas administrativas y presupuestarias conducentes para la puesta en funcionamiento de los organismos conformados a partir de lo dispuesto en la presente ley, creando los cargos inherentes necesarios y garantizando de igual manera el normal funcionamiento para la conclusión de las causas radicadas con anterioridad a la implementación de la presente ley”.
