SITUACIÓN DELICADA

Por la crisis, una empresa de colectivos evalúa abandonar el servicio

Se trata de El Cacique, que administra 10 líneas urbanas. Piden al municipio medidas para sanear su difícil situación económica.


La empresa de colectivos El Cacique, que administra diez líneas urbanas en Rosario, evalúa abandonar el servicio en medio de una profunda crisis que atraviesa, por lo que le piden a la Municipalidad que articule medidas para tratar de sanear su delicada situación financiera. Lo hizo a través de un documento, en el que advierten que las autoridades del gobierno local tienen hasta el 31 de octubre para lograr conseguir un subsidio extraordinario que regularice su realidad económica.

Se trata de la empresa que tiene a su cargo las líneas 112, 115, 122, 126,127, 131, 132, 138, 139 y 140, que el pasado 10 de septiembre presentó ante el Concejo esta exigencia formal a través del escrito y aguaran por respuestas favorables, porque de lo contrario podrían dejar de prestar el servicio y dar por finalizado el contrato de concesión. Entre las posibles soluciones que proponen en el texto, está que les paguen por kilómetro recorrido y no por pasajero transportado.

Desde el inicio de contrato (NdR: principios de 2019), la firma se encuentra con serias dificultades para lograr un correcto equilibrio de la ecuación económica financiera”, aseguran en el documento y continúan: “Desde el punto de vista jurídico, podría asegurarse que el sector está en emergencia desde el momento del inicio de la concesión. No puso implementarse desde el arranque".

"Durante el transcurso del año 2019, y ante la imposibilidad de lograr el equilibrio prometido, el estado de situación crítica fue puesta en conocimiento y de manifiesto, no sólo al poder concedente sino también al Ente de la Movilidad y el Concejo Deliberante, a partir de distintas presentaciones instrumentales, de las que no hemos tenido ni respuesta ni resolución formal al día de la fecha”, señalan desde la empresa que, como otra muestra de cómo le impactó la crisis, en julio pasado debió devolver 50 unidades.

“Con la llegada de la pandemia se impuso legal y socialmente el aislamiento social obligatorio decretado por el Ejecutivo Nacional con la consecuente desmotivación en la utilización del transporte público por riesgo de contagio, que se tradujo directamente en una sustancial reducción de carga de pasajeros y, por ende, de los servicios y de la recaudación”, destacaron y siguieron: “Hace más de cinco meses que estamos obligados a sostener el cien por ciento de la estructura y recaudamos por debajo del treinta por ciento del caudal histórico. La Jurisdicción no ha reconocido, a la fecha, ningún tipo de compensación extraordinaria que pueda compensar el desequilibrio financiero generado, no sólo por el atraso en las contraprestaciones contractuales por parte del Poder Concedente, sino también por la desnaturalización de la contraprestación prevista”.