La polémica se instaló en Rafaela luego de que concejales aprobaran una ordenanza que impide el aborto legal. La ordenanza votada, que se opone a la interrupción del embarazo incluso en casos de violación busca la «protección integral de la mujer embarazada en situación de vulnerabilidad y del niño por nacer».
A raíz de la noticia, decenas de asociaciones y ONG’s se opusieron a la ordenanza y emitieron un comunicado repudiándola fuertemente: «El proyecto desconoce nuestro ordenamiento jurídico de manera flagrante. Desde 1921, el aborto está parcialmente despenalizado en Argentina en casos de peligro para la vida o la salud de la mujer y en casos de embarazo producto de violación. En el fallo “F., A. L.”, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido que las mujeres tienen derecho a interrumpir un embarazo en estos casos y que el Estado (a nivel Nacional, Provincial y Municipal) tiene la obligación de garantizarlo. Así, afirmó no solo que garantizar el acceso al aborto en los casos previstos en el Código Penal es respetuoso de nuestro ordenamiento jurídico sino que, por el contrario, el Estado (y sus funcionarios/as) incurren en responsabilidad si no se garantizan los mecanismos para hacerlo».
El escrito difundido llevó las firmas de ELA, CEDES, REDAAS, CELS, CDD, Mujeres X Mujeres, Amnistía Internacional Argentina, FUNDEPS e INSGENAR. «La iniciativa evidencia un absoluto desconocimiento de las normas que rigen tanto a nivel nacional como internacional. También supone ignorar de manera evidente el principio republicano de gobierno y la jerarquía normativa que de él se desprende. Las provincias o los municipios no pueden modificar los códigos penales y civiles como tampoco pueden dictar normas en clara oposición a los mismos», continúa el comunicado.
Los objetivos de la ordenanza aprobada son «satisfacer la necesidad de elaborar una política pública de protección integral de los derechos de la mujer embarazada y del niño por nacer, como sujetos de derechos que gozan de la dignidad de seres humanos y que, por tanto, deben ser objeto de un cuidado especial por parte de nuestro Municipio» y además «lograr la tutela de los derechos de los cuales son titulares las personas señaladas en el punto precedente, para evitar que las circunstancias difíciles que puedan presentarse luego del embarazo, pongan en peligro sus vidas y su salud».
El proyecto propone el «acompañamiento a la mujer embarazada desde distintos aspectos (médico, psicológico, económico, cultural, laboral, entre otros), ampliando así la posibilidad de que esta ayuda facilite el período gestacional hasta llegar al momento del alumbramiento y de los primeros años de vida del menor».
Por parte, de las asociaciones sociales que criticaron la ordenanza, afirmaron: «Si bien proyectos como el presentado en Rafaela carecen de todo valor jurídico, repudiamos la posibilidad de que los poderes del Estado convaliden el uso de estas estrategias por parte de grupos de oposición a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Estas estrategias, que buscan generar confusión en la población y restringir el ámbito de libertad de las mujeres, no deben prosperar».
