Por Lisandro Enrico, Senador Provincial

La situación de la narcocriminalidad que se vive en Rosario y en otras regiones de la provincia de Santa Fe, otra vez nos pone frente a la necesidad de cambiar el enfoque del Estado Provincial respecto de los delitos de narcotráfico y la cadena delictiva que éste genera.

Santa Fe es la única provincia del centro del país que todavía sostiene un sistema de persecución de delitos de narcotráfico basado únicamente en la Justicia Federal. Es decir, que uno de los delitos que más ha crecido, se ha masificado y se ha esparcido sigue siendo considerado como un delito de carácter excepcional y no común, dando intervención sólo a la Justicia Federal sin la participación de la Justicia Provincial.

Es por ello, que seguimos teniendo una congestión y aglomeración de causas en dos juzgados federales y solamente se cuenta con dos jueces para juzgar los delitos de narcotráfico para una población cercana a los dos millones de habitantes como es la de Rosario y su zona contigua, como así también sucede con el resto del territorio provincial donde se esparce y agrava esta problemática.

El diseño por el cual los delitos de narcotráfico son tenidos en cuenta como federales proviene de la mirada de las década del ´70 y ‘80 del siglo pasado, cuando estos delitos estaban vinculados a los pasos fronterizos y a la producción de sustancias farmacológicas ilegales. Treinta y cinco años después, nadie puede dudar de que son delitos comunes en donde la producción, distribución y venta de droga se hace en el interior del país y su ramificación está en todas las ciudades argentinas.

Esta ley que proponemos busca que la Justicia Provincial (sus fiscales, agencia de investigaciones y jueces) se aboque conjuntamente con la Justicia Federal a la investigación y juzgamiento de estos delitos.

Mientras que la Justicia Federal sigue con 2 jueces y 4 fiscales. La Fiscalía Regional de Rosario cuenta con 87 fiscales y hay además más de 40 jueces penales. Nuestro sistema penal es más ágil para la investigación y más riguroso para las medidas cautelares que el procedimiento federal.
El contraste es evidente y la consecuencia de este atraso legislativo es la falta de respuesta al problema.

La ley que se propone ya la vienen aplicando las provincias de Bs As, Córdoba, Entre Ríos, Santiago del Estero, Corrientes y Chaco, entre otras. Santa Fe es la única provincia en el centro del país que mantiene un esquema judicial de la década del ´80 y las promesas de más cantidad de jueces y fiscales nacionales tienen la misma antigüedad.

Esta ley no es condición suficiente pero sí necesaria para empezar a abordar eficientemente el problema del narcotráfico en Rosario y otras zonas de Santa Fe. Es sin duda, ineludible para empezar un camino distinto y superador a fin de ir contrarrestando el crecimiento del narcotráfico en la ciudad y terminar con la peregrina idea de que dos jueces federales, que se deben a organismos nacionales en la capital del país, puedan abordar esta gruesa problemática santafesina con mejores resultados de los que obtendrían con la gran cantidad de recursos provinciales que tenemos en materia penal y que hoy no participan en la investigación y juzgamiento de los delitos de narcotráfico.

El resto de las provincias nos han sacado una ventaja importante en el diseño e implementación de sistemas de persecución y juzgamiento del narcotráfico y, si bien la problemática es fuerte en todo el país, en ningún lugar es tan fuerte como en Rosario.

Por ello, es impostergable dar inicio a este cambio de modelo judicial que va a llevar un tiempo en implementarse pero que resulta imprescindible ante la insistencia de métodos que ya no funcionan.

Hace años que la Justicia Federal rosarina en materia de narcotráfico está sobrepasada por la situación. De las cerca de 3000 causas de narcotráfico que atienden sólo 2 juzgados, casi el 80% son de tenencia para consumo personal, lo que claramente no es el problema que nos lacera como sociedad. El 20% de las causas restantes que están vinculadas al narcotráfico se encuentran demoradas por una Justicia Federal lenta y poco eficiente.

Volvemos a poner de relieve la necesidad de que Santa Fe esté a tono con el resto de las provincias y de dar inicio a un sistema de abordaje penal sobre el problema de la venta de drogas que sea más abarcativo, amplio y eficiente tal como lo exige la situación actual.