Por Ignacio Pellizzón
Los créditos hipotecarios en UVA parecían ser la panacea, pero, como ya venía advirtiendo Rosario Nuestro, la brecha entre el salario y el incremento inflacionario -por el que se rigen los UVA- se va ampliando cada vez más al punto de empezar a ser un dolor de cabeza estar al día con la cuota.
El hecho de adquirir un crédito para comprar una vivienda (dolarizada) es cada vez más complejo. Con la mega devaluación que hubo en 2018 y la inflación que rozó el 50%, la mayoría de los adjudicatarios de los préstamos quedaron en off side a la hora de recibir los pesos con los que pretendía igualar el costo en dólares de la vivienda, sencillamente porque no les alcanzaban.
El UVA comenzó cotizando en enero de 2018 a $21, 15 y terminó el año en $31, 06, es decir que sufrió un incremento del 46%, mientras que los salarios no aumentaron en el mismo porcentaje, por ende, aquel que obtuvo el préstamo en enero por un monto de 1 millón de pesos, por ejemplo, culminó el año debiendo 1, 5 millones de pesos. Esto derivó en que la cuota mensual se vaya encareciendo al punto de ser cada vez más complicado estar al día con el pago.
De un modo más gráfico: quien pidió un préstamo por 102.900 dólares en junio pasado (unos 2,9 millones de pesos de entonces) la cuota inicial de 19.237 ya se le transformó en una de 25.159 pesos, casi 6 mil mayores. Del mismo modo, durante los últimos 12 meses, pagos de 7.600 saltaron a casi 11.200, los de 10 mil pesos se fueron ya a 14.750 mil, y los de 15 mil, a más de 22.100 pesos.
Morosos complicados
En la Secretaría de Vivienda de la Nación calculan que alrededor de 30 mil deudores -sobre más de 130 mil préstamos- habrían quedado a fines de 2018 en condiciones de activar la “cláusula gatillo” que el sistema UVA prevé para aliviar las cuotas en períodos como el actual.
Se trata de que todos los créditos UVA que, desde el inicio de las cuotas subieron 10 puntos porcentuales más que lo que habrían aumentado al ajustarse según el Coeficiente de Variación Salarial del INDEC (inflación), el cliente puede pedir que le recalculen los pagos con un plazo hasta 25% mayor: por ejemplo, pasar de 20 años a 25, o de 30 a 37, lo que rebaja un poco los montos, aunque en algunos casos de manera poco significativa. Esto se puede hacer sólo una vez a lo largo de toda la vida del préstamo.
“Los créditos han sufrido los avatares de la economía argentina”, afirmó a Rosario Nuestro el economista, Alejandro Bonalumi. “El grave problema que se sufrió tiene que ver con aquellos que terminaron el año con un préstamo otorgado y al recibir los pesos quedaron distorsionados en relación al costo del inmueble a comprar, producto de los tiempos de la burocracia entre la solicitud del empréstito y la entrega física del mismo”.
Como alternativa, en octubre se sumó un sistema que le pone un tope a las cuotas, para que nunca sean más de un 10% mayores al valor que tendrían si se hubiesen ajustado con el índice de salarios. Así se logra un techo a las subas sin ampliar el plazo, pero lo que deja de pagarse se compensará con cuotas más altas en futuros años de bonanza, en los que los sueldos le ganen a la inflación (como había sucedido en 2017). Y por ahora, sólo los bancos públicos planean tener disponible este recurso, no los privados.
¿Riesgo de burbuja?
“La burbuja se puede dar si hay una gran demanda con una alta inconsistencia en relación a la capacidad de pago de la gente, lo cual produciría que se caigan los créditos”, explicó Bonalumi y agregó: “El 2018 dejó en evidencia que tomar un crédito ajustado por inflación es un gran problema, pese a que sea una medida exitosa en otros países con estabilidad económica, algo que Argentina no tiene”.
Por ahora, pese a los aumentos, el Banco Central registra que casi no hay clientes que hayan dejado de pagar (la tasa de morosidad está en 0,2%). Pero la situación causa una creciente inquietud entre los deudores, que hasta empezaron a organizarse por redes sociales en distintas ciudades para reclamar soluciones.
