Luego que el presidente Alberto Fernández anunciara la intervención estatal y futura expropiación de Vicentín, una de las agroexportadoras más grandes del país, desde la empresa afirmaron que se enteraron de la decisión «por los medios» de comunicación y además dijeron que están «realizando las consultas necesarias para entender la profundidad de las medidas anunciadas». 

El jefe de Estado aseguró este lunes que enviará al Congreso nacional un proyecto de ley para avanzar con la expropiación de la firma, con el objetivo de “rescatar el grupo Vicentín”. Agregó además que la compañía “será una empresa de utilidad pública”.

En este contexto, desde Vicentín difundieron un comunicado aclarando su situación. En primer lugar, dejaron en claro que la noticia les llegó «por los medios y estamos realizando las consultas necesarias para entender la profundidad de las medidas anunciadas«.

«Existe una deuda importante, pero también activos e inversiones para afrontarla y el marco para dilucidar el mejor camino para todos los involucrados, debería ser el que brinda la Ley Concursal», agrega el aviso.

En esa línea, afirmaron que «todos sabemos lo que representa YPF para Argentina en el negocio de hidrocarburos, pero también tiene una vinculación muy importante con nuestro Agro, por lo cual en ningún momento descartamos que puede ser un actor importante en el futuro de Vicentín, pero el camino elegido nos llena de incertidumbre y preocupación«.

Con respecto a la deuda que posee la empresa, aseguraron que «desde diciembre de 2019 el Directorio de Vicentín viene explorando distintas alternativas para refinanciar su deuda y recobrar el nivel de operación que supo tener en el pasado, que de ninguna manera se remonta a los últimos 4 años, sino que puede medirse en décadas de esfuerzo e inversión».

Asimismo, dejaron en claro que «no se ha despedido una persona durante el proceso, aunque obviamente buena parte de ellos han sufrido la angustia de permanecer en sus casas y cobrar sus emolumentos, sin la posibilidad gratificante del trabajo entregado».

«Por último reivindicamos la legitimidad de proteger los derechos de una empresa argentina y de sus accionistas, de origen familiar y del interior del país ,que se encuentra ajustada al marco legal vigente, dentro de un concurso preventivo de acreedores y que ha manifestado reiteradamente la voluntad de honrar los compromisos asumidos», concluye el texto.