“Se deben arbitrar los medios para la reubicación y/o traslados de los internos hoy alojados allí sin perjuicio de continuar con las medidas adoptadas en pos de incorporar nuevas plazas a la brevedad conforme el plan de obras”, indica el escrito del juez Gustavo Pérez de Urrechu.
La orden, que debe cumplirse en un plazo de 120 días, es en respuesta a un hábeas corpus presentado por el Servicio Público de la Defensa Penal. Además se ordenó la prohibición del ingreso de presos federales a la misma cárcel por encima del número fijado, y se pidió el traslado de los ya presentes a cárceles federales.
Por otro lado se ordenó el establecimiento de un régimen de monitoreo y seguimiento de la situación carcelaria para que no vuelva a sobrepoblarse el penal.
