El Poder Ejecutivo no puede salirse de la agenda de la seguridad. El fuego cruzado que dejó tantas vidas en el camino entre la banda del Barrio Municipal y el clan Funes de Tablada ha sido tema exclusivo durante todo el verano y el gobierno provincial no puede escaparle porque cada día hay una nueva noticia impactante.
La gestión de Miguel Lifschitz ha bajado los índices de delitos violentos y de homicidios drásticamente. Inclusive, se venía mostrando como uno de los mayores logros de cara a un 2019 que va a ser crucial para el futuro político del Frente Progresista. Pero en los últimos dos meses, la seguridad se tornó un tema de preocupación nuevamente y acaparó todos los titulares de los medios de comunicación.
Nunca salió del tópico que preocupa a los santafesinos en cada una de las encuestas que realizó el gobierno provincial, pero sí había logrado una merma en el tratamiento de las noticias sobre la violencia urbana en la ciudad de Rosario y sus zonas de influencia. A partir de los asesinatos de los últimos tiempos ha vuelto a ser agenda y esto afecta directamente a la imagen del ministro Maximiliano Pullaro y del mismo gobernador Miguel Lifschitz.
Sin embargo, no han eludido las preguntas al respecto e insisten en hablar de un buen trabajo realizado hasta el momento, mancomunado con las fuerzas federales que están en la ciudad coordinados por la Ministra de Seguridad nacional Patricia Bullrich. Y hasta han apuntado contra la Justicia, ya que insisten con que cada uno de los jefes de estas bandas han estado tras las rejas y han salido por distintos aspectos procesales que, desde su punto de vista, han sido vagos para el tratamiento de delincuentes tan temerarios.
El plan de obras continúa, las inauguraciones están al pie del cañón. El viernes el Acuario, una obra paradigmática que fue foco de las críticas a Binner y a Bonfatti porque no podían terminarlo, abrirá sus puertas definitivamente; la autopista Rosario-Santa Fe está en plena etapa de repavimentación completa en sus dos manos de la cinta asfáltica; los Hospitales que se planearon hace una década se fueron terminando; estas cosas son las que les gusta comunicar a los asesores de Lifschitz. Pero en el medio, la emergencia que provocan las noticias sangrientas hacen que se baraje y se dé de nuevo en los planes informativos que se tenían establecidos para este 2018.
Lifschitz utilizó una estrategia que tiene anclaje en la realidad. Hablar de que es un enfrentamiento entre bandas es certero y se asemeja a lo que los investigadores siguen de cerca. También a la hora de insistir en que se ha puesto una y otra vez tras las rejas a los cabecillas de estos grupos. Pero lo cierto es que los muertos aparecen y estremecen las noticias sobre jóvenes rosarinos que pierden su vida en disputa por territorios o viejas peleas familiares.
En el medio de este avance en la violencia -21 muertes violentas en lo que va del año-, se reanudó el juicio a la presunta banda narcocriminal de Los Monos en el nuevo Centro de Justicia Penal. Y allí se seguirán, casi como en un reality show digno de Gran Hermano, los discursos de fiscales y abogados defensores que discutirán sobre la culpabilidad o no de la familia Cantero y sus aliados sobre los eventos ocurridos en 2013 y su condición de asociación ilícita.
Hay un ausente sin aviso: la Justicia Federal. Sobre finales del 2015 procesaron a 23 integrantes de Los Monos por comercialización de estupefacientes, pero desde entonces no se conoció un solo avance en la investigación. Sin este actor es difícil avanzar sobre estos grupos delictivos que amedrentan a la tranquilidad con la que quieren vivir los rosarinos.
