La causa de juego clandestino en Santa Fe sumó otro capítulo más. En este caso, el senador por el departamento San Lorenzo, Armando Traferri, quien es uno de los sindicados como partícipe de esta asociación ilícita por los mismos imputados, denunció en la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe a la Jueza de Primera Instancia María Isabel Más Varela, la cual homologó el juicio abreviado que condenó al ex fiscal Gustavo Ponce Asahad como miembro del grupo delictivo.
El ex funcionario fue condenado bajo la figura de arrepentido en una instancia abreviada a principios de septiembre a la pena de tres años de cárcel -luego quedó en libertad- y quedó inhabilitado de por vida a ejercer cargos públicos. En ese sentido, Traferri denunció a la magistrada, ya que el legislador y su abogado defensor reclaman que la figura del arrepentido no está legalizada en la provincia y, por otra parte, que no se le fijaron a Ponce Asahad las multas correspondientes, que serían de unos 400 mil dólares.
El juicio abreviado que condenó al ex funcionario fue un acuerdo entre la defensa de este y los fiscales que intervienen en el caso, Matías Edery y Luis Schiappa Pietra.
Oscar Romera, representante legal de Armando Traferri, explicó que a Más Varela “no se la acusa por cometer delito alguno, sí se denuncia a la jueza en la Corte por haber cometido lo que nosotros consideramos algunos errores en la aplicación del derecho, que pueden dar lugar a alguna sanción del tipo administrativa. No ponemos en duda la calidad moral de la magistrada, sino la aplicación del derecho en un caso concreto donde se han incurrido en errores que hacen que haya una falla funcional por parte del control que ella debía hacer” sobre los fiscales, en palabras del letrado.
Consultado sobre por qué decidió Traferri denunciar a la jueza que condenó a Ponce Asahad, siendo que el legislador asegura no formar parte de la causa, Romera indicó: “No nos inquieta el acuerdo (el juicio abreviado) en sí, porque lo de Ponce Asahad para Traferri suma cero, pero es una manera de exigir legalidad”.
En ese contexto, señaló que la causa del juego clandestino “ya tiene ribetes de circo; esto se ha salido de lo jurídico, es un espectáculo donde se están dirimiendo en la justicia cuestiones que no tienen nada que ver, son problemas de crisis institucional del partido gobernante que es evidente, un conflicto, una interna peronista”, en palabras de Romera, en diálogo con El Puente (Radio Mitre Rosario).
“Errores en la aplicación del derecho”
La defensa de Traferri dio a conocer cuáles -según ellos- son los errores que cometieron los fiscales del caso, posteriormente avalados por la jueza Más Varela, que llevaron al acuerdo de juicio abreviado que condenó a Ponce Asahad. En esa línea, criticó que el ex fiscal no pudo ser juzgado bajo la figura de arrepentido porque eso no está legalizado en Santa Fe; que la pena fue muy baja de acuerdo al Código Penal; y que no se cobró la multa correspondiente.
El ex fiscal fue condenado bajo la figura de arrepentido por haber aportado evidencias a la causa. En ese sentido, Romera dijo: “La primera objeción que hacemos es que en la provincia no está regulada esa figura como lo indica la ley, y entonces no hay un modo concreto de cómo se debe incorporar y valorar”.
Sin embargo, “ese no es el tema más grave”, conforme al abogado, “el más grave es que en la pena que se aplicó (tres años de prisión) hicieron mal las cuentas. Cuando uno es arrepentido se toma la escala de los delitos, Ponce Asahad cometió el delito de asociación ilícita, cohechos pasivos que son coimas, y algún otro delito más; cuando uno suma cual es el monto mínimo y máximo, de acuerdo a una ecuación que da el Código Penal, esa pena es de 4 a 10 años”.
Agregó en ese sentido: “La figura de arrepentido permite que la pena se baje de un tercio a la mitad, con lo cual la pena quedaría de 2 a 8 años de prisión. Sobre esa escala, los fiscales pidieron 6 años de prisión, y ahí se agota el beneficio. Los fiscales acordaron en un juicio abreviado esa pena, pero como (Ponce) estaba arrepentido, la dividieron por dos, pero es ilegal porque no está autorizado. Las penas que establece el cogido penal son ecuaciones sencillas, no puede uno salirse de la regla de la pena para poner una menor que la que le corresponde”.
Por último, según Romera, «el delito por el cual condenaron a Ponce Asahad lleva también la pena de multa. Si uno hace un cálculo de lo que reconoció Ponce Asahad que se metió en el bolsillo, mas o menos da como 40 millones de pesos estimativos, porque él reconoce haber recibido 100 mil dólares de Peiti, cobrar 10 mil dólares por mes y además recibió bonos extras».
«Hoy Ponce Asahad se fue a su casa, habiendo reconocido un delito y con plata en el bolsillo porque no le pusieron la pena de multa que le tenían que poner. La jueza mas allá de su caridad de persona, no ejerció el debido control que debía hacer y lo cual permitió esta ilegalidad. La multa para este delito es de dos a cinco veces el monto del beneficio», cerró.
