Luego que imputaran al ex diputado peronista Darío Scataglini en la causa de juego clandestino, los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra aseguraron que «tenía participación directa», ya que negociaba en nombre del senador departamental Armando Traferri y además mencionaron que fue partícipe de una reunión clave ocurrida en marzo del año pasado en la cual se buscaba habilitar el juego ilegal al empresario Leonardo Peiti.
Al respecto, Edery destacó: “La jueza valoró toda la evidencia que teníamos de una manera muy contundente. La evidencia fundamental parte del teléfono de Fernández Chemes y un par de cruces de antenas que nos permitió ver de qué manera se gestó este negocio. Fue una reunión en las oficinas que Traferri tiene en San Lorenzo, en las que estuvieron Peiti, Chemes, Traferri y el mismo Scataglini, en la que se empezó a buscar de qué manera se iba a intentar a habilitar el juego ilegal a Peiti”.
“En el teléfono de Fernández Chemes está toda esta negociación ilegal que se hizo tratando de influir en la influencia de Traferri y Scatalini como funcionarios públicos para que se habilite el juicio ilegal a Peiti”, continuó el fiscal y agregó: “En ese momento Scataglini era asesor de la Cámara de Diputados, ya que asumió a fines de 2019 y esta reunión fue en marzo de 2020”.
Sobre el vínculo de Scataglini en esta red de juego clandestino, señaló: “Tenía participación directa, cuando analizamos los antecedentes de Scatalini, él formó parte de la Comisión de Juegos de Bingos y Casinos cuando era diputado en ese momento. Tenía no solo conocimiento de la materia, sino también contacto con las personas que habilitaba. Creemos que por eso se lo convocó. Se le imputa tráfico de influencias y negociación incompatible con la función pública”.
Por su parte, Schiappa Pietra informó: “Scataglini va a continuar en libertad y la jueza le prohibió mantener todo tipo de comunicación con todas las personas mencionadas, entre ellos el senador Traferri. La valoración que hizo la jueza de la evidencia fue contundente, al punto que arriesgó aclarando que lo hizo a título de hipótesis, que la pena que podría recibir en el juicio podría ser de cumplimiento efectivo por la obligación del Estado argentino de investigar corrupción”.
“La investigación está avanzando a pasos muy firmes y se demuestra que hay núcleos de poder históricamente no tocados que empiezan a verse seriamente afectados. Hay que resguardar y asegurar mucho esta investigación. No tenemos miedo de investigar, pero estas investigaciones pueden ser afectadas de un montón de maneras, pero esperemos que no sea así”, finalizó.
