Por Ignacio Pellizzón

Hasta los acreedores de Vicentín se sorprendieron con el anuncio que dio ayer el gobierno nacional sobre la intervención de la firma y la posibilidad de expropiar la empresa, en el caso de que el Congreso de la Nación apruebe el proyecto del Ejecutivo.

De los 1.350 millones de dólares que adeuda la aceitera, el 26 por ciento lo contrajo con productores de granos que no han cobrado las ganancias. El monto que se les debe se estima en 100 mil millones de pesos. En total son 1.800 los acreedores rurales y no 2.600 como se informa. Este es un motivo suficiente para encender las alertas y ver si, mediante la posible expropiación del Estado, logran obtener un acuerdo de pago superador al que Vicentín podría proponerles o quedar relegados y envueltos en la burocracia de las demandas judiciales.

En ese marco, el patrocinador de cuatro acreedores importantes, el abogado Fabio Cerutti Sacco,  dijo a Rosario Nuestro que “es todo muy apresurado, anticiparse de si los acreedores están a favor o están en contra”. Según entiende, “el proceso concursal, por lo general, tiene todos los elementos para beneficiar siempre al deudor, más todavía que estamos en una jurisdicción extraña, porque somos de Rosario y Cañada de Gómez y tenemos que ir a litigar a Reconquista”.

Sacco dejó entrever que aún falta conocer la actitud que va a tomar el juez al respecto, porque “las intervenciones, como están decretadas, las debe hacer el juez y no el Poder Ejecutivo, con lo cual deberá resolver esta situación”. El magistrado tiene facultades para rechazar la intervención y esperar la ley de expropiación.

“En última instancia se cambia la calidad de deudor a los efectos de los acreedores y en la ley estarán las pautas para poder cobrar y, quizás, sean mejores que las que podría proponer Vicentín o, por el contrario, peores. No lo sabemos. Hay expectativas y mucha cautela por parte de los acreedores”, aseguró el letrado.

Tras el anuncio del presidente Alberto Fernández en conferencia de prensa, Roberto Baravalle, el vocero de los síndicos del concurso –Diego Oscar Telesco, Ernesto Norberto García y Carlos Julio Amut- “excede los límites legales” dijo a Rosario Nuestro, porque entiende que Vicentín es una empresa que está radicada en la provincia de Santa Fe, sometida al imperio de su Justicia y a las disposiciones de la Personería Jurídica.

“En nuestro estudio se están presentando acreedores granarios, sobre todo cercanos a la ciudad de Rosario, y están realmente con un signo de interrogante muy grande”. Además, están manejando “muy mal las cifras”. “Nación habla de 2.600 y en realidad los acreedores granarios son 1.800, mientras el resto son financieros”, señala y agrega: “Los están aumentando en nombre de ellos”.

Para el representante de los síndicos y titular del estudio Baravalle & Granados, el Estado podría intervenir solamente si “Vicentín no lograra superar su cesación de pago con sus acreedores, de modo de entrar para ayudar a sostener el empleo –que hoy no están en riesgo- y nuevos negocios, pero no de así de esta manera”.

Y auguró: “Si sale la (ley) Expropiación podría irse más rápido a una quiebra, porque el propio Estado está anunciando que la firma está en quiebra. La empresa tiene hasta septiembre de 2021 para lograr acuerdo con los acreedores”.