La ministra de Seguridad de la Nación Patricia Bullrich fue imputada este viernes por el fiscal federal Franco Picardi por la supuesta elaboración de un “plan criminal” contra la comunidad mapuche del sur del país.
A través de su cuenta de Twitter, Bullrich salió al cruce de la imputación. “Acá estoy y acá me voy a quedar. Como ministra, como ciudadana de bien, defendiendo siempre la Verdad. Mintieron cuando dijeron que había habido desaparición forzada con Maldonado. Crearon un plan para sembrar odio y miedo en la gente”, escribió.
“No habrá apriete que me pueda frenar“, agregó la funcionaria.
Acá estoy y acá me voy a quedar. Como ministra, como ciudadana de bien, defendiendo siempre la Verdad.
Mintieron cuando dijeron que había habido desaparición forzada con Maldonado. Crearon un plan para sembrar odio y miedo en la gente.
No habrá apriete que me pueda frenar. pic.twitter.com/HOVbTEnf0V— Patricia Bullrich (@PatoBullrich) November 1, 2019
También fueron imputados el ex jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad, Pablo Noceti; el ex secretario de Cooperación con los Poderes Judiciales, Ministerios Públicos y Legislaturas, Gonzalo Cané; y el ex secretario de la Seguridad Interior, Gerardo Milman.
La causa judicial se inició a raíz de una denuncia de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH) que advirtió que funcionarios del Ministerio de Seguridad habrían encabezado desde diciembre del año 2015, «un plan organizado con el objeto de llevar adelante un accionar ilegal contra las comunidades mapuches, aprovechándose del aparato coercitivo estatal con el propósito de coaccionar ilegalmente a los mismos a fin de que depongan su derecho a ejercer la protesta y sus reclamos de tierras y de esta manera favorecer negocios inmobiliarios» de poderosos.
En su dictamen, el representante del Ministerio Público Fiscal pidió investigar si se realizaron tareas de inteligencia ilegal, en coordinación con carabineros de Chile para involucrar falsamente a personas, y «construir en la figura del RAM una categoría de guerrilla o grupo terrorista inexistente , con el fin de justificar la represión de comunidades indígenas».
El fiscal pidió además saber si los funcionarios de Macri utilizaron recursos estatales para manipular investigaciones penales, y encubrir su responsabilidad en ellas.
En la denuncia, la APDH, destaca la actuación de fuerzas de seguridad federales sin orden judicial en determinados conflictos, la realización de tareas de inteligencia ilegal, la creación de un falso enemigo interno en la figura de la Resistencia Ancestral Mapuche (R.A.M) y los hechos que culminaron con la muerte de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel Domingo Salvo.
En tal sentido, la APDH expuso cómo, a su criterio, los funcionarios del Ministerio de Seguridad utilizaron de forma ilegal y excediéndose en sus facultades la figura de flagrancia, apuntando así a una resolución violenta de los conflictos que terminó en muchos casos, en fatalidades; para luego intentar influir en las investigaciones en curso y así sustraerse de su responsabilidad y la de otros miembros de las fuerzas de seguridad en ellos.
A lo largo de su dictamen, el fiscal expone la situación actual de los pueblos originarios en base al Informe del Relator Especial de Naciones Unidas (ONU) sobre las formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia tras su misión a la Argentina en mayo de 2016, así como de los Comités de Derechos Humanos y Derechos Económicos Sociales y Culturales de la ONU, respectivamente.
Por otro lado, se agregó que la planificación ilícita tendría también una intención de disciplinamiento del resto de la sociedad, especialmente de aquellos sectores que no concuerdan con el poder de turno.
Pidió dilucidarm además si en el marco de dicha organización se llevaron adelante tareas de inteligencia ilegal, entre ellas, aquellas efectuadas en coordinación con Carabineros de la República de Chile, a los fines de involucrar falsamente a personas en actividades ilícitas así como a construir en la figura del R.A.M. una categoría de guerrilla o grupo terrorista inexistente o sobredimensionada adrede, con el fin de justificar la represión de comunidades indígenas y/o el cercenamiento de los derechos constitucionales que las asisten.
Además, se delimitó la pesquisa a establecer si mediante un acuerdo entre los funcionarios, una vez producidos hechos ilegales y/o incluso muertes luego de las actuaciones presuntamente irregulares por ellos promovidas, “han utilizado los recursos estatales a su disposición para entorpecer y manipular las investigaciones penales en curso, encubrir su responsabilidad en las mismas así como las de miembros de las fuerzas de seguridad e instalar versiones falsas e inexactas de los sucesos acaecidos”.
