Por José Luis Juárez
Nuevamente la institución policial se ve envuelta en un episodio que desnuda las desprolijidades internas. Esta vez, el grupo rapero Nicotina Lyrical coordinó con una Unidad Móvil Policial la realización de un video clip en el ingreso a la localidad de Ibarlucea.
El video que fue inmediatamente difundido en las redes y, por supuesto, llegó a conocimiento de los altos mandos de la Unidad Regional II, quienes se preguntaban quién autorizó semejante aberración. Claro que la respuesta fue mirarse entre los oficiales superiores y llegar a la inmediata conclusión que nadie había autorizado la puesta en escena.
Una vez más se expone la delicada situación interna del funcionamiento policial, donde en forma reiterada algunas conductas de efectivos policiales que hacen uso y abuso de bienes públicos adquiridos por erario provincial para garantizar la seguridad a la ciudadanía, son utilizados de forma arbitraria por estos policías que posicionándose como dueños de dichos bienes lo hacen en cuestiones de índole personal.
Por eso, más allá de este caso que saltó a la luz por la difusión del video clip, hay otros de consumación diaria, por ejemplo, policías que llevan a sus hijos a la escuela en el patrullero de la dependencia para la cual trabajan, o trasladan a su mujer, esposa o pareja al supermercado.
Esta situación, repetitiva en el mundo interno policial, denota, además, una total falta de control por parte de los superiores naturales internos (superior de servicio, jefe o subjefe de la comisaría o dependencia a fin e inclusive del inspector zonal ), que, al no ejercer su deber de supervisión o bajar directivas de forma constante sobre el uso y cuidado de los bienes públicos asignados a la dependencia, favorecen la exposición de estos episodios donde el personal subalterno los maneja de forma arbitraria sin diferenciar entre lo público y oficial y lo privado.
Tras el escándalo, la Jefatura de Policía de Rosario, a través de su director, Adrián Forni, dispuso la inmediata intervención de los organismos de control involucrados y la iniciación de un expediente administrativo, medidas tendientes a identificar a los protagonistas y las unidades utilizadas en el hecho, que lejos de reconocer de forma natural a sus superiores y acatar las ordenes existentes actúan abusivamente, utilizando los bienes del estado provincial para cuestiones personales.
