Ante este nuevo paradigma de seguridad implementado por la ministra Patricia Bullrich, desde el Colegio de Magistrados de la provincia de Santa Fe, su presidente, Gustavo Salvador, se mostró preocupado por el uso de las armas de las fuerzas de seguridad y consideró «peligrosa» su aplicación en imposible de llevar a la práctica.
“Realmente esto está trayendo mucha incertidumbre, se están violentando dos cuestiones que hacen a las formas, es decir, se está tratando de una reglamentación que esta disponiendo un ministro del Poder Ejecutivo y está intentando reglamentar la forma de actuación de las fuerzas de seguridad cuya posibilidad de encuadre está dentro de una norma de jerarquía superior como es el código penal”, explicó el jurista a Radio Mitre Rosario.
En la misma sintonía argumento que “no puede un ministro por si solo reglamentar un artículo del Código Penal ya que la ley es operativa por sí misma y no necesita de la reglamentación”. Por otra parte refutó que, desde el punto de vista material, el yerro en el que se está incurriendo es desde la forma en que se está queriendo hacer, y que lo preocupante es que “se le está dando vía libre a las autoridades para aplicar el uso de las fuerzas en situaciones en los que realmente no está adecuada la situación”.
Además indicó que existe “la particularidad” de que si es necesario el uso de la fuerza, como en este caso se está regulando, esas situaciones ya están previstas en la norma, ya está previsto en el Código Penal cómo es la formas que tiene que desempeñar el deber, la autoridad policial o el ejercicio de un derecho por parte de un ciudadano.
“El código penal ya reglamenta situaciones en donde un agente policial se puede encontrar en la situación de tener que repeler una agresión por parte de alguien que está cometiendo un delito y no se necesita una reglamentación para eso, aclaró. Para Salvador esta reglamentación “más que traer una claridad viene a traer un oscurantismo” en cuanto a la posibilidad de darle a las fuerzas policiales una mayor capacidad de actuación.
“Como juez penal he decidido en distintos casos, en donde había por parte de algún uniformado que tuvo que hacer uso de una fuerza superior a la que está habituado a utilizar mediante el empleo de un arma de fuego, la configuración de una situación de legítima defensa o necesidad y no necesité ninguna reglamentación que me avalara dicha situación”, contó.
Asimismo sostuvo que el problema es cuando el agente policial en exceso de su función utiliza la respuesta mediante un arma, cuando no era necesario, y ahí es “cuando entra en colisión con la norma y va a seguir entrando en colisión con la norma aunque esté esta reglamentación”.
Para finalizar señaló que el protocolo es “imposible de llevar a la práctica” ya que “se estaría dando la paradoja de que una norma de jerarquía inferior”, como es la reglamentación de un ministro, va a modificar lo que establece una ley emanada del Congreso de la Nación.
Angelini: “Los que se oponen al protocolo son responsables del sistema de puerta giratoria”
