La balacera en un local del Grupo Razzini ocurrida el domingo pasado por la noche disparó dos principales hipótesis para los fiscales, que siguen investigando el hecho que incluyó una nota amenazante firmada por “Camioneros”.
El episodio tuvo lugar en Arijón al 2500, cuando, alrededor de las 21, “un sujeto fue caminando, se acercó hasta una de las puertas de ingreso del local comercial, estuvo un tiempo haciéndose el tonto, yendo y viniendo por la cuadra, hasta que tomó coraje para lo que iba a hacer, efectuó disparos a la puerta y dejó una nota intimidatoria”, explicó Pablo Salvatori, abogado de Grupo Razzini, en diálogo con El Puente (Radio Mitre Rosario).
Cabe recordar que el Grupo Razzini sufrió bloqueos en su empresa por parte del Sindicato de Camioneros de Santa Fe durante 2020. Y a raíz de ese hecho, la titular de la firma, Verónica Razzini, formuló una denuncia en la justicia y a la par impulsó la creación del Movimiento Empresarial AntiBloqueos.
Con respecto a la balacera, el abogado explicó que los fiscales persiguen dos hipótesis. Una es que el atentado está relacionado a la denuncia de Razzini por los bloqueos en 2020; y la otra “con lo que estaba sucediendo en La Virginia durante el fin de semana, en el cual mi clienta no tiene nada que ver porque ella no formuló denuncia” por ese hecho, comentó Salvatori.
La balacera “está siendo investigada, la fiscalía ha ordenado que haya una intervención de parte del grupo que se dedica a la protección de víctimas de esta clase de delitos, y ahora hay un patrullero permanente en la puerta de la empresa”, añadió el abogado de la firma.
En tanto, se refirió a un panorama general y criticó a “ciertos agentes” de la Justicia que no consideran el bloqueo y las amenazas sindicales como un delito.
“La familia se encuentra con gran preocupación frente a esta situación, en la cual en Rosario en cierto modo se ha naturalizado. Pero estamos acá para no hacerlo, para no naturalizarlo de ningún modo. No es la forma en la que queremos vivir”, señaló.
En la misma línea añadió: “Todo lo que esté vinculado con el apriete y el hostigamiento sindical es un delito. Si bien para nosotros no son grises, para ciertos operadores de la justicia -que gracias a dios no son los fiscales con los que estamos trabajando- es un terreno un poquito vidrioso e interpretaban que esto era un ejercicio legítimo de una garantía constitucional, y está lejos de ser así”.
Por otra parte, en la balacera del domingo el delincuente dejó una nota que amenazaba a los titulares del Grupo Razzini. «Retirá la denuncia porque no abrí más. Atte Camioneros», rezaba el escrito.
En ese contexto, Salvatori explicó que esos delitos (aprietes y amenazas), una vez que el estado investiga no se puede levantar la denuncia. No hay forma de bajarse de ninguna denuncia, y esto ha dejado a la luz la clara y valiente decisión de mi cliente de constituirse como querellante en la causa que dio origen la denuncia del 2020”.
