Se aprobó en el Concejo una iniciativa para que la Municipalidad publique un informe anual sobre el transporte urbano de pasajeros, haciendo foco en la situación que presente cada una de las empresas. Estuvo motivada por la crisis de la pandemia, que se vio reflejada principalemente en los últimos tiempos en El Cacique, que analizó dejar de funcionar en caso que las autoridades del gobierno local no les brinden un subsidio para sanear su difícil realidad económica.
Algunos de los items que deberá exponer el municipio en su informe anual son la cantidad total de viajes mensuales de cada línea (discriminados en viajes pagos, trasbordos gratuitos, y viajes franquiciados), los kilómetros reales mensuales realizados por línea, la cantidad de contravenciones registradas por cada empresa (incluyendo incumplimientos de frecuencias, falta de unidades, limpieza, faltas de tránsito y otras), consumo de combustible mensual (y de energía eléctrica en el caso de los trolebuses), entre otros.
La idea fue impulsada por el edil Eduardo Toniolli, que contó: “Luego de cuatro años de tratamiento, finalmente logramos aprobar esta iniciativa que entendemos va a ser un gran aporte a la transparencia del sistema, permitiendo mejorar el control social sobre las empresas de colectivos”.
“Lo que está sucediendo con El Cacique demuestra la importancia de que este tipo de información sea pública: hoy la empresa solicita un virtual salvataje integral del Estado o sino la caducidad de la concesión por mutuo acuerdo, porque dice que hubo omisión del Estado durante la pandemia por no prever ningún tipo de asistencia, pero también argumenta que tuvo que soportar desequilibrios en la ecuación económica financiera desde el inicio de la concesión, para acto seguido reconocer que el Ejecutivo le permitió incumplir el pliego por medio de una ‘aplicación progresiva’ que no figura como posibilidad en ningún lugar del contrato», aseguró el concejal.
A su vez, Toniolli remarcó: “Si tuviéramos la posibilidad de comparar por ejemplo los kilómetros teóricos que debería haber recorrido cada línea el año pasado, en función de lo que indicaban las grillas oficiales, con los kilómetros reales efectivamente recorridos, nos encontraríamos con los incumplimientos sistemáticos de las dos empresas privadas. Contar con esta información es entonces un aporte al control legislativo, pero sobre todo al control social de un servicio público fundamental, y su publicidad permitiría mostrar los incumplimientos y el deterioro del servicio prestado por una empresa que ahora aprieta con vehemencia al Estado”.
