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Citaron a Marcelo Sain y otros exfuncionarios en la causa por espionaje ilegal

El ex ministro de Seguridad de Santa Fe y parte de su equipo deberán presentarse en la Agencia de Investigación Criminal, para ser notificados y advertidos de que están siendo investigados.


El ex ministro de Seguridad de Santa Fe, Marcelo Sain, y otros exfuncionarios de la cartera fueron citados por la Fiscalía provincial en el marco de la causa que investiga presunto espionaje ilegal de la dependencia estatal a periodistas, políticos, empresarios y gremialistas, y también una anomalía en una licitación en compra de armas.

Además de Marcelo Sain, fueron citados el exsecretario de Seguridad Pública Germán Montenegro, la exasistente técnica Nadia Schujman, el exdirector de Análisis Criminal Sebastián Sánchez, el exsubsecretario de Investigación Criminal Pablo Álvarez y la jefa de Inteligencia zona sur del Organismo de Investigaciones (OI) del MPA. También fue citado Maximiliano Novas, exsecretario de Finanzas del Ministerio.

El ex ministro fue destituido de su cargo en el MPA por la Legislatura en noviembre pasado y ahora integra el equipo de Aníbal Fernández, en el Ministerio de Seguridad de la Nación. El resto de los citados son ex funcionarios que presentaron la renuncia en los últimos días.

Si bien no está claro de qué se los acusará, trascendió que los exfuncionarios deberán presentarse a la sede de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) para escuchar sus derechos y ser notificados que están siendo investigados.

La causa tomó estado público tras los allanamientos llevados adelante en las oficinas del Ministerio de Seguridad, tanto en la capital provincial como en Rosario.

El expediente, llevado adelante por los fiscales de Delitos Complejos provinciales Ezequiel Hernández y Mariela Jiménez, persigue dos líneas investigativas: una relacionada a un presunto espionaje ilegal que la cartera -entonces al mando de Sain- llevó adelante a diferentes actores; la otra está enmarcada de posibles malversaciones en una licitación de compra de armas que finalmente no se concretó.

De hecho,  el fiscal general de Santa Fe, Jorge Baclini, admitió que en la dependencia de Seguridad “se estaba destruyendo información y documentación”.

“La investigación tiene una evolución bastante consolidada que llevó a realizar los procedimientos. Los fiscales en los momentos adecuados mostrarán toda la evidencia con la que cuentan”, precisó.

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