Las dos posturas son claras. De un lado, la del Estado, que señala que la bibliotecaria María de los Ángeles París murió por causas naturales y que su deceso tuvo lugar dentro de una comisaría por una cuestión circunstancial. Del otro lado, los familiares de la víctima, las autoridades de Amsafe y los investigadores de la Cátedra de Criminología de la UNR, señalan que la muerte de la bibliotecaria está directamente vinculada con el accionar de la Policía.
Rosario Nuestro consultó a Enrique Font, abogado de la familia París, sobre la situación del caso, a raíz de las fotos que se ventilaron durante la mañana de este martes. El letrado se negó a realizar especulaciones, señaló que para analizar las pruebas médicas están los peritos; pero remarcó una serie de irregularidades que cometió el Ministerio Público de la Acusación a la hora de investigar la muerte de la bibliotecaria.
Ventilan fotos de supuestos golpes a María de los Ángeles París
«María de los Ángeles murió en custodia policial. La primera autopsia se realizó en forma incompleta, por fuera de los protocolos establecidos para estos casos y estos son elementos suficientes para dudar de la participación del Estado en el caso», señaló Font.
El letrado señaló que la pesquisa del caso comenzó en forma irregular y que a partir de allí todas las pruebas quedaron contaminadas. «Schiappa Pietra —el investigador que tuvo a su cargo el caso en primera instancia— en la escena del crimen perdió la ropa de la víctima. No secuestró los celulares de los policías de la Comisaría 10º y luego perdió parte de las grabaciones de las cámaras de seguridad, publicas y privadas, que podían haber captado la secuencia previa a la detención de la bibliotecaria. A su vez realizó todos los procedimientos con uniformados de la Policía de Santa Fe, cuando era a la propia Policía a la que se investigaba», aseguró.
Font explicó que la principal hipótesis que manejan desde la querella es que la Bibliotecaria el 3 de marzo de 2017 ingresó a la Comisaría 10º bajo un estado confusional y que, lejos de calmarla, tres policías la sometieron, le colocaron esposas y la abandonaron boca abajo en un cuarto. Esto generó que su cuadro se agravara, hasta provocarle la muerte: «Ella quería irse y ellos no la dejaron. Eso es una privación ilegal de la libertad, a la que se le sumó un trato cruel y degradante».
Por último el abogado decidió cargó contra la autoridades de Santa Fe: «Es un hecho de gravedad institucional. La Provincia debería preguntarse que le pasa que tanta gente se le muere en custodia. Qué pasó con Franco Casco, porque claramente el rol del Estado es investigar qué pasó, como fenómeno, y evitar su repetición. Esto lo dicen claramente las convenciones, se lo dice el Comité Contra Desapariciones Forzadas en el caso Irusta, donde la provincia fue condenada. La primera desaparición forzada condenada en Argentina es un caso de Santa Fe», cerró.
