Doce personas murieron en cárceles federales sobre un total de 304 contagiados de coronavirus detectados en esos penales con un promedio de 67 años de edad, según un relevamiento de la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin) difundido hoy.

Del relevamiento se desprende que los Complejos I de Ezeiza, II de Marcos Paz y CABA de Devoto concentraron 197 casos detectados al cierre del trabajo (31 de agosto), cifra que representa el 65% del total, informó hoy el sitio fiscales.gob.ar.

Los datos fueron obtenidos a partir de las publicaciones realizadas por el Servicio Penitenciario Federal (SPF) respecto de la evolución de los rastreos y casos de Covid-19.

Con respecto a los decesos, el mayor número se registró en el Complejo II de Marcos Paz y en la Unidad de Campo de Mayo, con cuatro cada uno, mientras que los restantes ocurrieron en Ezeiza (Complejo I) y la Unidad 31, con tres decesos y uno, respectivamente.

En cuanto a la distribución etaria, se registraron dos casos en personas de 47 años, tres de entre 60 y 70 años, cuatro entre 71 y 80 y las restantes mayores de 80.

Por otra parte, la Procuvin señaló que para el 31 de agosto los casos en curso se distribuían principalmente en el Complejo I de Ezeiza, la Colonia Penal de Santa Rosa (Unidad 5) y el Complejo CABA (Devoto).

La procuraduría especializada señaló la importancia de diferenciar entre los casos detectados y los activos -aquellos que siguen en curso- «para poder establecer en qué dependencias continúa presente el virus».

También explicaron en el documento que «desde fines de julio» el SPF «reporta en forma diaria el detalle de hisopados realizados, casos confirmados y fallecimientos de todas los complejos y unidades bajo su órbita».

Y agregó que esta información «permite efectuar un reporte de la situación dentro de los establecimientos penitenciarios federales y detectar los más afectados».

Los datos publicados en la web del SPF fueron ingresados por el área de Violencia en Contextos de Encierro a una base de partes diarios de Covid-19, y procesada por el área de Análisis e Investigaciones Interdisciplinarias.

En el reporte, se indicó que desde la implementación del aislamiento social, preventivo y obligatorio, la Procuvin consultó y requirió que se garantice la continuidad de los derechos en torno a la comunicación de las personas privadas de la libertad con su entorno, la asistencia letrada y del órgano judicial a cargo, y la provisión de insumos y elementos de higiene y salubridad.