Por Ignacio Pellizzón
Como si se tratara de una película de Tarantino, la trama que envuelve a Vicentín también parece interminable, como los films del reconocido director. El caso de una de las agroexportadoras más importantes del país, que forma parte del núcleo de empresas que reciben el 80% del universo nacional de la producción de granos, tiene todos los condimentos necesarios para estar a la altura de un mega documental de Netflix. Alguien tiró del hilo y ahora no para de deshilacharse.
Son 150 millones de dólares los que el Banco Nación le prestó a la empresa Vicentín en los últimos cuatro años. Esa millonaria cifra es la que motivó que un grupo de legisladores provinciales armen una comisión para seguir e investigar cómo, cuándo y por qué se les adeuda cientos de miles de pesos a 1.800 ruralistas que depositaron sus producciones en la aceitera y conocer cuál es la ruta del dinero que, tanto el banco nacional como los privados, le dieron a la compañía a modo de empréstito.
Lo que despertó la duda y motivó el inicio de la investigación por parte de los diputados provinciales, liderados por Luís Rubeo, y un estudio de abogados con sede en Buenos Aires y Asunción del Paraguay que se llama Montoya & Asociados, fue que la firma Vicentín SAIC pasó en los últimos cuatro años del puesto número 25 al 7, entre las mil empresas que más venden en la Argentina. Sólo a modo de referencia, su volumen de ventas en 2018 alcanzó los 118.015 millones de pesos, es decir, casi siete veces más que el total de lo que le debe al Banco Nación que son 18.500 millones de pesos.
Del informe elaborado por la Cámara de Diputados, al que tuvo acceso Rosario Nuestro, se desprende que, entre noviembre de 2012 y enero de 2013, la Aduana de San Lorenzo volvió a intimar a Vicentín por diferencias de derechos de exportación por casi 9 millones de dólares. A posteriori, le abrió un sumario por “presunta” falta de liquidación de divisas provenientes de exportaciones para operaciones por una multa de 426,5 millones de pesos. El disparador que generó la investigación por presunta evasión fiscal y lavado de activos, tiene su origen recién en el año 2015, año en el que Cambiemos llega a gobernar el país.
Trama opaca
El mismo año en el que Mauricio Macri asumía como presidente de Argentina y lograba vencer en las elecciones al peronismo después de casi una década, se daba un hecho trascendental: ante la Comisión Nacional de Valores de Estados Unidos, la entidad financiera IJG TOF B.V., -controlada por un fondo de inversión extranjero Tril Line Global Impact Fund LLC-, informaba que había auxiliado financieramente a la sociedad del grupo Vicentín (Vicentín Sociedad Anónima, Algodonera Avellaneda Sociedad Anónima y Friar Sociedad Anónima) y que las garantías de los préstamos habían sido otorgadas por una firma nueva que se llamaba “Nacadie Sociedad Anónima Uruguay”.
Nacadie es una empresa que –según consta en el informe- se ubica en la zona franca de Montevideo, lo cual le permite evitar el pago de impuestos, y su apoderado es Patricio María Coghlan, contador domiciliado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Lo que alimentó la sospecha de los investigadores es que Coghlan también figura como director junto a los CEOs de Vicentín, Javier Padoán, Gustavo Nardelli y Pablo Montaron Estada, en una sociedad que se llama: “Enav Sociedad Anónima” y que está radicada en Mendoza.
Casualmente, en el año 2015 cuando los vínculos de Vicentín con el nuevo presidente se hacen visibles por los aportes a su campaña, la deuda de la aceitera con el Banco Nación sigue aumentando al punto de que pasó de 30 a 150 millones de dólares en los últimos 13 años.
Dos años después (2017) –siempre según el informe de los diputados-, Vicentín comienza a expandirse de manera exponencial a través del surgimiento de nuevas sociedades: Juviar SA; Playa Puerto SA, Rosario; Sottano SA, Mendoza; Vicentín Brasil Comercio e Esportacao e Importacao de Cerais ME. Y en 2018 sigue: Biogas Avellaneda SA; Renopack SA; Vicentín Family Group SA; Vicentina SA. El 2018 fue un gran año para la compañía porque su ganancia bruta superó los 30 mil millones de pesos.
Un salto que deja huella
Ya en 2019, año de elecciones presidenciales, en el vecino país Uruguay se realiza un registro en su Banco Central que extrañó a muchos. Se registró en su listado de Sociedades Anónimas la firma Vicentín SAIC Sucursal Uruguay. Lo sospechoso de esta situación es que en el registro anterior no figuraba esta firma, pero sí aparece constituida en el 2004.
Lo que pasó fue que en el listado de los registros del Banco Central uruguayo recién se la incorpora en enero del 2019, con la supuesta coincidencia de que se la registró previo a la operatoria de prefinanciación de exportaciones entre Vicentín SAIC y Vicentín SAIC sucursal Uruguay, que generó el incumplimiento de la deuda de Vicentín SAIC con el Banco Nación, que hasta ese momento era de 150 millones de dólares.
Como si fuera poca la deuda, el Banco Nación –con anuencia de Javier González Fraga quien estaba a cargo del Banco Central argentino bajo gobierno de Macri- le siguió dando préstamos a Vicentin, pese a haber incumplido con el pago de la deuda. Los créditos fueron tantos que solamente en noviembre se le entregó casi uno por día: en total fueron 28 anticipos ese mes. Este período no es menor, porque se sabía que Alberto Fernández había ganado las elecciones, pero recién asumía el 10 de diciembre.
Exactamente ocho días antes de la asunción del nuevo mandatario peronista, Vicentín genera una maniobra extraña. La empresa decide vender el 16, 67% de sus acciones a Glencore, una multinacional con sede en Suiza, que es considerada la principal compañía privada dedicada a la compraventa y producción de materias primas y alimentos del mundo.
A las 48 horas de esa venta, se crea la firma, antes mencionada, “Nacadie Comercial Sociedad Anónima del Uruguay”. Curiosamente se establece su sede social en la ciudad del norte santafesino, Reconquista, en la misma dirección donde se encuentra la mayorista de productos cárnicos, Friar SA, que, a su vez, pertenece a grupo Vicentín. Quien la inscribe es el contador del que se habló en los párrafos anteriores, Patricio Coghlan.
Nuevamente, a las 48 horas, se produce un hecho de altísimo impacto: Vicentín se declara en “estress financiero”, con lo cual alude que no puede hacer frente al pago de sus deudas contraídas en los últimos años. En 2019, la deuda de Vicentín con el Banco Nación terminó siendo de 300 millones de dólares. En cuatro años aumentó 150 millones de dólares.
Un estrés poco creíble
Tras la salida de Macri y la imputación por presunta Defraudación al Estado por parte del ex jefe del Banco Central, Javier González Fraga, y los CEOs de Vicentín, Alberto Padoán y Sergio Nardelli, el nuevo director del Banco Nación, Claudio Lozano, quien fuera parte de la gestión Kirchner pero que se terminó alejando por discrepancias al igual que Alberto Fernández, elaboró un informe en el que expone datos sobre un presunto lavado de activos y evasión fiscal.
Para empezar, Lozano expresa que no habría motivos suficientes para que la agroexportadora no pudiera hacer frente a sus compromisos económicos, habida cuenta que los últimos años fueron de enorme crecimiento para el grupo. “Ninguno de los números disponibles justifica la repentina crisis financiera de Vicentin”, afirmó en el documento presentado en la Cámara de Diputados de la Provincia.
“La compleja trama societaria, la existencia de empresas controladas en el extranjero, la naturaleza rentística que denota el comportamiento de la empresa a través de la información contenida en sus balances, obliga a desplazar el argumento empresario que vincula la crisis de la firma con lo que denominan estress financiero”, detalló.
Por si esto fuera poco, “los juicios de la AFIP contra la empresa se asientan en dudas que apuntan a una sobre estimación de costos y a la alteración de la base sobre la que deben calcularse los derechos de exportación. Dicho de otro modo, la AFIP supone que la empresa incurrió en el delito de sub-declarar exportaciones”, prosiguió.
En este complejo contexto, Vicentín entra en concurso preventivo de acreedores a cargo del juez Fabián Lorenzini, en la localidad de Reconquista. La aceitera admite una deuda de 300 millones de dólares con el Banco Nación y un total de 2.368 acreedores, habiendo acumulado un monto de casi 100 mil millones de pesos de deuda, en general.
Lavado de activos y evasión
En la enrevesada trama de la película sobre Vicentín, surge un protagonista más: el estudio Moyano & Asociados. Este estudio, con sede en Capital Federal y Asunción del Paraguay, se especializa en lavado de activos nacionales e internacionales. Su intromisión en la causa se debe a que representa a un grupo de acreedores que tenían vínculos financieros con la aceitera.
Según relataron los investigadores del estudio a Rosario Nuestro, la denuncia por presunto lavado de activos se realizó en la Fiscalía Criminal 3 de Paraguay y la realizó el abogado Mariano Montoya, porque en el país vecino existe Vicentín Paraguay, que es subsidiaria de Vicentin SAIC, es decir Argentina.
En defensa de sus acreedores, Montoya señaló a este medio que “podría haber un ocultamiento de activos financieros”. En base al documento que presentó el grupo de abogados y al que tuvo acceso este medio, se detalla que tanto la exportadora paraguaya como la argentina conforman un grupo económico con activos en Argentina, Uruguay y, lógicamente, Paraguay.
La hipótesis de los denunciantes parte de que Vicentín Paraguay exportaría granos a su sede en la provincia de Santa Fe –Argentina- para procesarlos y después exportarlos como granos paraguayos. Esto les permitiría evitar pago de impuestos y habilitaría el lavado de dinero, porque se hace pasar como grano paraguayo lo que en realidad se produjo en Argentina. Pero, sin embargo, lo más jugoso pasaría por otro negocio, que es denunciado por este estudio. Tiene que ver con las acciones que tiene grupo Vicentín en Renova –que es la aceitera más grande del país-. Como se explicó en esta nota, Vicentín le vendió a la empresa Glencore el 16% de las acciones de Renova.
Lo opaco de este asunto es que esas acciones que Vicentin Argentina le vendió a Glencore estarían en manos de Vicentin Paraguay, con lo cual esos 300 millones de dólares –de los que se habla- podrían no haber ingresado nunca al país y por ende evitar pagar impuestos. Aunque, la otra hipótesis es que ese monto haya quedado en otras sociedades que la aceitera tiene en Uruguay, como por ejemplo Nacadie.
Una de las líneas investigativas señala como presunta ruta del dinero que los cerca de 200 millones de dólares que el Banco Nación le otorgó a lo largo de los últimos cuatro años a Vicentín se podrían haber depositado en empresas como esta, que se llama Nacadie, y derivar el dinero a cuentas off shore que, según confiaron algunas fuentes ligadas a la investigación, podrían culminar en cuentas que los CEOs de la aceitera tienen en Estados Unidos.
No caben dudas que la trama es apasionante y extremadamente compleja. Mientras el gobierno nacional decide si expropia o no la compañía, la investigación por presunto lavado de activos y evasión fiscal que llevan adelante tanto el estudio de abogados como los legisladores provinciales, continúa. La película recién comienza y promete ser mucho más extensa que cualquiera de Tarantino.
