Por Ignacio Pellizzón
Mientras siguen surgiendo voces a favor y en contra de la posible expropiación de Vicentín y acerca de la legalidad o no de la intervención estatal por 60 días, habida cuenta de que la empresa atraviesa un concurso preventivo de acreedores, hay algunos datos que suman al contexto que se está transitando.
Vicentín llegó a ser la durante la campaña 18/19 la cuarta exportadora más importante del país, con 8,4 millones de toneladas liquidadas. En 2019, la cerealera exportó 2,6 millones de toneladas de granos; 5,9 millones de toneladas de subproductos y 1,4 millones de toneladas de aceites. Ocupó el cuarto lugar en el ranking general y primera en subproductos y aceites.
Hablar de Vicentín es mencionar a la principal empresa argentina de molienda de oleaginosas. Tiene una producción de unas 30 mil toneladas por día y de ventas de 3 mil millones de dólares. Más del 85 por ciento de las ventas se traducen en exportaciones. Esto la convierte en la mayor productora de biodiesel del país. Además, el holding posee, entre tantos emprendimientos, la empresa Friar, participación accionaria en Terminal Puerto Rosario, una bodega de vinos en Mendoza.
Dueños en la mira
En los últimos cuatro años, la aceitera contrajo una deuda total de 1.350 millones de dólares. Durante la gestión del ex presidente, Mauricio Macri, el Banco Nación, principal acreedor, le otorgó un préstamo por 18.500 millones de pesos.
Pocos meses después, en diciembre pasado, sorpresivamente la empresa comandada por Gustavo Nardelli y Alberto Padoán se declaró en default. Esto llamó la atención de todos al conocerse las monstruosas cifras en dólares que la compañía oriunda del noreste santafesino venía manejando en cuanto a liquidación por exportaciones.
A su vez, uno de sus directivos, Alberto Padoán, quien fue presidente de la Bolsa de Comercio de Rosario dos veces consecutivas, es decir, desde 2015 a 2019, a lo largo de su gestión siempre tuvo mucha llegada al ex presidente, Mauricio Macri, a quien en eventos públicos levantaba su copa en apoyo al mandatario. De hecho, en la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) había un run run que señalaba que alguno de los directores de la agroexportadora podría ser candidato a gobernador por la provincia de Santa Fe por Cambiemos y se barajaba el nombre de Padoán como una fuerte posibilidad, según pudo reconstruir Rosario Nuestro.
Pero la crisis económica que comenzó a mostrar su lado más duro, su vínculo con el macrismo y el escándalo que estalló por los cuadernos de las coimas del chofer Centeno, en el que se lo mencionaban en varias oportunidades, provocaron que se tomara licencia al frente de la BCR y desapareciera del mapa político.
El otro directivo de Vicentín que ascendió a la escena pública por escándalos es Gustavo Nardelli. Su aparición en casi todos los medios nacionales se dio hace relativamente poco, cuando a los tres días de haberse establecido la cuarentena obligatoria, la Prefectura lo detuvo en su yate de lujo “Champagne” navegando por el río Paraná. A renglón seguido, se le abrió una causa en su contra que se tramita en el Juzgado Federal N°4 a cargo de Marcelo Bailaque, quien podría procesar a Nardelli y su mujer por desobediencia y atentado a la salud pública, por violar las medidas dispuestas por la pandemia del coronavirus.
Sin embargo, pese a la advertencia, una semana después volvieron a arrestarlo por infringir el aislamiento obligatorio, pero esta vez, estaba a bordo de un auto de alta gama (Mercedes Benz SLK negro) paseando por el barrio porteño de Belgrano, cuando le dieron la voz de alto para consultarle si poseía la habilitación pertinente.
Crédito opaco
Así las cosas, cuando Vicentín se declara en default, sale a la luz el empréstito poco claro que el Banco Nación le había otorgado a la aceitera. Lo llamativo fue que Javier González Fraga, quien comandaba el Banco Central durante el gobierno macrista, convalidó ese préstamo sin reconocer solvencia de la firma para poder devolverlo. Esto fue suficiente para imputar al funcionario en una investigación penal llevada adelante por el fiscal Gerardo Pollicita junto con los los dueños de Vicentín, Padoán y Nardelli.
Casi al instante de haber ganado las PASO Alberto Fernández, a mediados del 2019, se generó una devaluación en Argentina que disparó el dólar de 40 a 60 pesos, lo que provocó que la deuda de Vicentín, que en un 90 por ciento estaba dolarizada, se volviera casi impagable y ascendiera a 1.350 millones de dólares.
Al cóctel, de por sí explosivo, hay que sumarle la compra de granos con precio a fijar. Es decir, la aceitera recibió cereales, granos por parte de los productores sin un valor cerrado, y posdevaluación los productores se lanzaron en masa a querer cobrar sus ventas con el cálculo del nuevo tipo de cambio.
Todos los empresarios vinculados al sector venían denunciando off the record que a Vicentín se la beneficiaba con créditos que a otras firmas no se les habilitaban. Un estado de cosas que quedó en evidencia cuando se publicó que el holding había sido el principal aportante de la campaña de Cambiemos de 2015 a 2019 con un total de 27,5 millones de pesos, según consta en los informes de financiamiento electoral y partidario que se entregan ante la Cámara Nacional Electoral.
Acreedores en pugna
Hasta los acreedores de Vicentín se sorprendieron con el anuncio que dio el gobierno nacional sobre la intervención de la firma y la posibilidad de expropiar la empresa, en el caso de que el Congreso de la Nación apruebe el proyecto del Ejecutivo.
De los 1.350 millones de dólares que adeuda la aceitera, el 26 por ciento lo contrajo con productores de granos que no cobraron las ganancias. El monto que se les debe se estima en 100 mil millones de pesos.
En total son 1.800 los acreedores rurales y no 2.600 como se informa. Este es un motivo suficiente para encender las alertas y ver si, mediante la posible expropiación del Estado, logran obtener un acuerdo de pago superador al que Vicentín podría proponerles o quedar relegados y envueltos en la burocracia de las demandas judiciales.
En ese marco, el patrocinador de cuatro acreedores importantes, el abogado Fabio Cerutti Sacco, dijo a Rosario Nuestro que “es todo muy apresurado, anticiparse de si los acreedores están a favor o están en contra”. Según entiende, “el proceso concursal, por lo general, tiene todos los elementos para beneficiar siempre al deudor, más todavía que estamos en una jurisdicción extraña, porque somos de Rosario y Cañada de Gómez y tenemos que ir a litigar a Reconquista”.
Sacco dejó entrever que aún falta conocer la actitud que va a tomar el juez al respecto, porque “las intervenciones, como están decretadas, las debe hacer el juez y no el Poder Ejecutivo, con lo cual deberá resolver esta situación”. El magistrado tiene facultades para rechazar la intervención y esperar la ley de expropiación.
“En última instancia se cambia la calidad de deudor a los efectos de los acreedores y en la ley estarán las pautas para poder cobrar y, quizás, sean mejores que las que podría proponer Vicentín o, por el contrario, peores. No lo sabemos. Hay expectativas y mucha cautela por parte de los acreedores”, aseguró el letrado.
Tras el anuncio del presidente Alberto Fernández en conferencia de prensa, Roberto Baravalle, el vocero de los síndicos del concurso –Diego Oscar Telesco, Ernesto Norberto García y Carlos Julio Amut- dijo a este medio que “excede los límites legales” porque entiende que Vicentín es una empresa que está radicada en la provincia de Santa Fe, sometida al imperio de su Justicia y a las disposiciones de la Personería Jurídica.
“En nuestro estudio se están presentando acreedores granarios, sobre todo cercanos a la ciudad de Rosario, y están realmente con un signo de interrogante muy grande”, precisó. Además, están manejando “muy mal las cifras”. “Nación habla de 2.600 y en realidad los acreedores granarios son 1.800, mientras el resto son financieros”, señaló y agregó: “Los están aumentando en nombre de ellos”.
Para el representante de los síndicos y titular del estudio Baravalle & Granados, el Estado podría intervenir solamente si “Vicentín no lograra superar su cesación de pago con sus acreedores, de modo de entrar para ayudar a sostener el empleo –que hoy no están en riesgo- y nuevos negocios, pero no de así de esta manera”.
Y auguró: “Si sale la (ley) Expropiación podría irse más rápido a una quiebra, porque el propio Estado está anunciando que la firma está en quiebra. La empresa tiene hasta septiembre de 2021 para lograr acuerdo con los acreedores”.
