Por Ignacio Pellizzón
Mientras el gobierno nacional decide si acepta o no la propuesta elaborada por la Inspección General de Persona Jurídica (IGPJ) que el gobernador de la provincia de Santa Fe, Omar Perotti, acercó para intervenir Vicentín, los accionistas ya ratificaron su postura negativa frente a la nueva posibilidad.
“A las empresas privadas hay que dejarlas trabajar dentro del ámbito privado. La propuesta de Perotti es más de lo mismo, es una expropiación light. Pero no hemos sido notificados formalmente de esa intención, ni la conocemos en detalle”, aseguró Héctor Vicentín, accionista de la agroexportadora.
La idea que Perotti llevó a Nación se basa en una intervención tripartita para manejar la compañía, en reemplazo de la actual conducción de los accionistas: estaría conformada por dos representantes del Estado nacional y un tercero propuesto por esa provincia.
En caso de que la propuesta no sea aceptada por la empresa como por la Justicia, el presidente advirtió que la salida será avanzar con el proyecto de expropiación de la compañía.
Revelaciones
Para la elaboración de la propuesta, la IGPJ de Santa Fe realizó una investigación para poder argumentar por qué solicitan que los once directores de Vicentín no sean los que actúen administrando en esta coyuntura, donde hay que solucionar el problema del concurso preventivo. De hecho, el organismo, en su escrito, no exige nada en relación a la propiedad de las accionistas, ni podría legalmente hacerlo.
En el transcurso de la investigación, detectaron que Vicentín posee múltiples sociedades en las que la empresa admite tener una participación mínima, pero que al constatarlo en su propia página web oficial figuran como propias. Una suerte de encubrimiento.
Según reveló la IGPJ a Radio Con Vos, algunas de las sociedades reveladas son frigorífico Friar, bodega Sotano, algodonera Estrella y, una nueva que se incorporó al listado: Alimentos Refrigerados Sociedad Anónima (ARSA), que Vicentín le compró a SanCor en 2016 por unos 100 millones de dólares por dos plantas industriales en Córdoba y en Arenaza (Buenos Aires).
Si bien es cierto que la única que está en concurso es Vicentín SAIC, el dato llamó la atención y derivó en chequear los distintos legajos societarios que la IGPJ tiene en el ejercicio de su función y verificar que no era tan ínfima la participación de Vicentín en las demás sociedades, pese a que formalmente se mostraran como si así fuera.
“No es un ilícito tener constituidas tantas sociedades, pero en una situación como esta es algo que merece ser apreciado para ver si hay alguna ilegalidad”, puntualizó a Radio Con Vos la directora de la IGPJ, María Victoria Stratta.
A su vez, otro dato revelador que señaló la funcionaria es que hay cuatro directores que acabaron de ingresar al Registro de la Propiedad para vaciar su patrimonio. “Presentaron a partir del mes de enero distintas actuaciones en el Registro de la Propiedad de Santa Fe para desligarse de bienes” por la hipotética posibilidad de que tuvieran que hacer frente a las acreencias con sus propiedades.
“Será el juez el que tenga que tomar la decisión de llevar a buen puerto el concurso preventivo para evitar la quiebra, porque esta gente parece no estar a la altura de las circunstancias por estar sospechados de delitos, tienen denuncias penales”, cerró Stratta.
Otros frentes judiciales
Un pool de bancos internacionales que reclama una deuda de 33.137 millones a la empresa Vicentin, logró que la justicia de Estados Unidos autorice un proceso de descubrimiento (discovery) de activos relacionados con la firma agroexportadora, ante el impago que enfrentan y a la búsqueda de recabar detalles sobre los movimientos financieros de la firma.
Este proceso, que se desarrolla en los tribunales de Nueva York, es independiente del concurso preventivo que se tramita en la Justicia por acreencias que ascienden a 99.345 millones, que corresponden a la deuda verificada hasta el momento por 2.368 acreedores de Vicentin SAIC, de acuerdo a fuentes judiciales locales.
El discovery, como se denomina al proceso de análisis de detección de activos, fue ordenado por el juez Alvin Hellerstein de la Corte del Distrito Sur de Nueva York el 14 de febrero pasado, cuatro días después de que la firma pidiera a la Justicia entrar al proceso de quiebra, con una deuda calculada en 1.350 millones de dólares.
Otra de las causas que enfrenta Vicentín es la denuncia por presunto lavado de activos, que realizó el estudio Montoya & Asociados en la Fiscalía Criminal 3 de Paraguay. Según se desprende de la acusación en el país vecino existe Vicentín Paraguay, que es subsidiaria de Vicentin SAIC, es decir Argentina.
La hipótesis de los denunciantes parte de que Vicentín Paraguay exportaría granos a su sede en la provincia de Santa Fe –Argentina- para procesarlos y después exportarlos como granos paraguayos. Esto les permitiría evitar pago de impuestos y habilitaría el lavado de dinero, porque se hace pasar como grano paraguayo lo que en realidad se produjo en Argentina. Pero, sin embargo, lo más jugoso pasaría por otro negocio, que es denunciado por este estudio. Tiene que ver con las acciones que tiene grupo Vicentín en Renova –que es la aceitera más grande del país-. Vicentín le vendió a la empresa Glencore el 16% de las acciones de Renova.
Lo opaco de este asunto es que esas acciones que Vicentin Argentina le vendió a Glencore estarían en manos de Vicentin Paraguay, con lo cual esos 300 millones de dólares –de los que se habla- podrían no haber ingresado nunca al país y por ende evitar pagar impuestos. Aunque, la otra hipótesis es que ese monto haya quedado en otras sociedades que la aceitera tiene en Uruguay, como por ejemplo Nacadie.
Por último, la Unidad de Información Financiera (UIF) acusó al ex presidente Mauricio Macri, a los ex titulares del Banco Central y Nación Guido Sandleris y Javier González Fraga y a directivos de Vicentín de cometer varios delitos: defraudación al Estado, lavado de dinero y fuga de capitales. Además, solicitó que se ordene una inhibición general de bienes sobre el patrimonio de los acusados.
El petitorio fue incluido en un escrito a través del cual la UIF solicitó ser querellante en la causa que investiga por qué la cerealera, aportante de la campaña de Juntos por el Cambio, acumuló una deuda de 18.500 millones de pesos en contra de las normativas vigentes y mientras otras firmas ligadas al mismo grupo empresario acumulaban activos en el exterior.
