Por Marcos Cicchirillo @MCicchirillo

Para Ecos365

La sucesión de hechos por las que el gobierno nacional decidió avanzar en la intervención y expropiación de Vicentín. El crecimiento desproporcionado de la deuda tras las Paso hasta de la cesación de pagos y su impacto en la cadena agroindustrial, el empleo y el sector financiero, en particular la banca pública nacional. La historia del crack económico de la principal empresa de capitales santafesinos.

A comienzos de diciembre de 2019, la sociedad Vicentín cedió a la firma Renaisco -controlada por Glencore Agriculture el 16,67% de su tenencia accionaria en Renova SA (un tercio de su participación en esa empresa)- con el objeto de saldar deudas comerciales. Como resultado de la operación, Glencore Agriculture pasó a ser el accionista mayoritario de Renova con el 66,67% de las acciones, detentando del control de la firma.

Esta operación se dio a conocer a través de un comunicado oficial de Renova recién después que Vicentín entrara en cesación de pagos.

Dos días después de la transferencia de acciones, Vicentín anunció a sus acreedores que se encontraba en una situación de «estrés financiero» que no le permitiría hacer frente a sus obligaciones, incurriendo en cesación de pagos a partir de ese momento. Una situación que provocó un significativo perjuicio en el sector agroexportador, al sector cooperativo, al fisco y a la banca pública con quienes mantenía importantes deudas, resultando el principal acreedor el Banco de la Nación, con quien tenía en ese momento un pasivo total de aproxidamente 18.500 millones de pesos.

Más de la mitad de estas deudas golpean sector financiero nacional, principalmente a la banca pública (por financiamientos otorgados), cooperativas y sus asociaciones, productores y otras firmas agropecuarias a quienes Vicentín SAIC adquirió sus granos (acreedores quirografarios) y el Estado por deudas impositivas y aduaneras.

Ya bajo la gestión de Alberto Fernández, el 16 de enero de 2020 se conoce el “Primer Informe sobre la situación de la firma Vicentín” elaborado por el director del Banco Nación, Claudio Lozano, quien analizó la situación económica de la firma y los préstamos otorgados por la anterior gestión del banco, al momento de entrar en cesación de pagos.

Una semana después, Vicentín presentó un acuerdo preventivo extrajudicial (APE) que no consiguió el acuerdo de los acreedores. En ella ofrecía pagar a sus acreedores quirografarios un 20% de la deuda con un piso de u$s 30 mil, dolarizar la deuda al tipo de cambio publicado por el BNA del día 4 de diciembre de 2019, sin quita, y pagar el resto en un máximo de 8 años.

Además establecía algunas condiciones, tales como solicitar a quienes venden mercaderías la continuidad en la entrega de granos, dada la necesidad que tenía la empresa de volver a recibir materia prima para procesar en medio del clima de desconfianza que se generó.

Un par de días después, el 27 de enero de 2020, Fernando Miguez, presidente de la Fundación por la Paz y el Cambio Climático, presentó una denuncia de la que se desprende “la posible existencia de una maniobra por la cual se habría perjudicado al Estado Nacional a través del otorgamiento irregular de préstamos por parte del Banco de la Nación Argentina a favor de la firma Vicentín S.A. lo que le permitió a la empresa acumular una deuda con el banco de 18.500 millones de pesos, los cuales actualmente serían de cobro incierto puesto que la sociedad se encuentra en estado de cesación de pagos”.

La causa judicial recayó ante el Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 10 Secretaría Nº 20 donde se tramitan en los autos Nº 268/2020, caratulados «Sandleris, Guido y otros s/ defraudación del registro de la citada Secretaría.

Posteriormente, el 6 de febrero, la firma “Gagliardo Agrícola Ganadera SA”, que pertenece al grupo de la Constructora Obring, ingresó por mesa de entrada de los Tribunales de Rosario el primer pedido de quiebra de la empresa Vicentín y derivado al Juzgado Civil y Comercial N° 14, a cargo de Marcelo Qaglia.

Frente a estas situaciones, el 10 de febrero, Vicentín presentó su concurso preventivo y en su presentación denunció tener una deuda que asciende a la suma de $ 99.345.263.086,50. El mismo se encuentra radicado en el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial 2da, Nominación de de Reconquista.

En esa presentación se constata que la cantidad de acreedores denunciados son 2.638 acreedores; que más del 50% de las deudas corresponden al sector financiero, principalmente a la banca pública (por financiamientos otorgados), cooperativas y sus asociaciones, productores y otras firmas agropecuarias a quienes Vicentín adquirió sus granos (acreedores quirografarios) y al Estado por deudas impositivas y aduaneras.

La composición de la deuda, conforme surge de la nómina de acreedores acompañada por la sociedad, establece que el endeudamiento financiero, tanto local como internacional, asciende a la suma de 63.961.563.645,69 de pesos.

El peso de los bancos

Entre los principales acreedores financieros locales se encuentra el Banco Nación (18.182.297.617,70), el Banco de la Provincia de Buenos Aires ($ 1.814.311.396,16), el Banco de Inversión y Comercio Exterior ($ 313.233.794), el Banco Ciudad ($318.704.741,10), el Banco Hipotecario ($ 752.970.148), el Banco Macro ($653.343.778), el Banco de Entre Ríos ($508.177.600), el Banco Itaú ($374.522.080) y el Banco de Santa Fe ($372.533.424).

Según estos datos, el 23% de la deuda total correspondería a deuda financiera con el sector bancario argentino, correspondiendo más del 88% de esa deuda a la banca pública, encabezada por el Banco Nación con acreencias por más de 18 mil millones de pesos, lo que representa cerca del 80% de la deuda con el sector financiero local y el 18,3% de la deuda total denunciada por la empresa.

Entre los principales acreedores financieros internacionales la suma asciende a $30.153.285.892,26, de acuerdo al siguiente detalle: Internacional Finance Corporation ($ 16.504.816.942,93); Netherlandese Financerings ($ 9.228.424.363,39); ING Bank NV – Tokyo Branch ($ 4.420.044.585,94).

Las deudas con el Estado Nacional por conceptos impositivos y aduaneros ascienden a $ 9.549.998.272,61. Esto no coincide con la presentación de la concursada que denuncia una deuda impositiva y aduanera de $ 1.655 millones.

Siguiendo la presentación realizada por Vicentín, estas deudas se explican principalmente por conceptos aduaneros que representarían el 94,4 % de las deudas agrupadas como “impositivas y aduaneras” mientras que las deudas con la DGI-AFIP serían un 4 % de este agrupamiento.

Asimismo, la compañía mantiene una deuda comercial por adquisición de granos por $ 26.657 millones, lo que representa casi un 26% de la deuda total. Esta deuda toda con acreedores quirografarios se concentra en el sector cooperativo un 31,33% (más de $ 8.000 millones) afectando a casi un centenar de cooperativas agropecuarias, siendo el principal acreedor en este grupo es la Asociacióon de Cooperativas Argentinas (ACA) con casi el 20% de la deuda comercial por adquisición de granos.

El directorio de Vicentín, a mediados de febrero, amplió los términos de la propuesta de Acuerdo Preventivo Extrajudicial (APE) con el propósito de intentar obtener la mayoría necesaria para poder homologar ese contrato ofreciendo abonar el 50% de la deuda a los 30 días posteriores de quedar firme la resolución de homologación judicial.

A inicios de marzo 2020, en el marco del fideicomiso financiero “Vicentín Exportaciones VIII” (Programa Vicentin Exportaciones), emitido por un monto de U$S 50.000.000, la compañía, en su calidad de fiduciante, publicó en la Autopista de Información Financiera de la Comisión Nacional de Valores un aviso al que denominó de no pago, comunicando que no se efectuaría el pago de servicios correspondientes a los Valores de Deuda Fiduciaria (VDF) previsto para el día 6 de marzo de 2020.

Que en la misma fecha TMF Trust Company, en su calidad de fiduciario del fideicomiso financiero “Vicentín Exportaciones VIII” informó a la CNV que Vicentín le había informado por nota que no iba a cumplir definitivamente con el embarque de las mercaderías bajo los contratos de exportación afectados que debía haber efectuado con anterioridad al 29 de febrero de 2020 y que tampoco harían uso de la opción de depositar fondos en la cuenta fiduciaria ni entregar valores al cobro, según lo que dispone el artículo 4.4 del contrato de fideicomiso.

Un día después, ante estos hechos que ponen de manifiesto el incumplimiento de las condiciones de emisión de los valores fiduciarios, en cuanto el pago de servicios a los mismos, generando incertidumbre sobre el cumplimiento de las obligaciones impuestas al fiduciario y fiduciante,  sin perjuicio de las actuaciones investigativas y disciplinarias que resultaran pertinentes, orientadas a la determinación de responsabilidades, el Directorio de la CNV emitió la Resolución firma conjunta N° 20.669/2020 mediante la cual resolvió, preventivamente, en protección del público inversor y del buen funcionamiento del mercado de capitales, Interrumpir transitoriamente la oferta pública de los valores negociables emitidos en el marco del mencionado fideicomiso financiero.

En paralelo, desde comienzos de año, se fue desarrollando una crisis a nivel global, a raíz de la pandemia de Covid-19, hecho este que constituyó un serio desafío para el desarrollo del proceso en los plazos previstos por efecto de las medidas de aislamiento decretadas en todo el país y por la demora para desarrollar los protocolos necesarios para poner en marcha nuevamente el proceso.

Esta situación generó mayor incertidumbre en el mercado agroindustrial creando un panorama cada vez más complejo para la firma, cuyo accionar no sólo está siendo investigado por la justicia, sino que también produce cada vez más desconfianza entre productores que tomaron la decisión de no vender sus productos a esta sociedad.

En función de esto se profundizó la crisis puertas adentro de Vicentín -ya que hasta el momento sólo una de sus plantas logró volver a operar mínimamente para procesar -a fasón- unas pocas toneladas-.

A ello debe sumarse que también se vio afectada la situación de las empresas vinculadas como es el caso de Algodonera Avellaneda, que comenzó a evidenciar problemas en el mes de marzo pasado licenciando a mil empleados y paralizando su actividad.

A comienzos de mayo se reflejaban las complicaciones de la Algodonera, haciéndose eco de los reclamos de sus trabajadores que reclamaban por haber cobrado sólo el 35% de sus salarios, según lo expresaba el delegado sindical.

Posteriormente, por resolución del 5 de junio de 2020, se resolvió establecer un nuevo cronograma de fechas del proceso contemplando el volumen y la complejidad de este concurso preventivo y considerando el contexto de imprevisibilidad resultante de la propagación pandémica del coronavirus.

En este sentido, es notorio que con los nuevos plazos procesales y las complejidades reseñadas, los plazos de tramitación del concurso preventivo se verán afectados, y como consecuencia de estas circunstancias se puso en grave peligro la continuidad de las operaciones de la firma concursada, que al momento de la cesación de pagos era una de las principales empresas agroindustriales del país y la más importante de capitales nacionales.

La empresa

Vicentin S.A.I.C. es una sociedad anónima constituida el 25 de noviembre de 1957 (aunque remonta sus orígenes como empresa familiar a 1929), inscripta en el Registro Público de Comercio de Santa Fe el 19 de febrero de 1958 al folio 359 del Libro 1º de Estatutos de Sociedades Anónimas. Sus oficinas centrales y su sede social están localizadas en Calle 14 Nº 495 de la localidad de Avellaneda, Provincia de Santa Fe.

La facturación de Vicentin S.A.I.C excedía hasta 2019, los u$s 4.200 millones anuales, involucrando los siguientes negocios principales (Fuente: Vicentín SAIC):

Molienda de oleaginosas y producción de harinas y aceites: la que desarrolla en la Sociedad Vicentin S.A.I.C. y sus sociedades subsidiarias Oleaginosa San Lorenzo S.A. y Renova S.A., cuyos principales activos son:

Planta Ricardone: localizada en San Lorenzo, provincia de Santa Fe, sobre la Ruta Provincia AO12, a 3 kms. del Río Paraná, comunicada con el puerto propio a través de un oleoducto y con una capacidad de procesamiento de 4.000 ton/día y versatilidad para moler 3 tipos de semilla (soja, girasol y/o algodón);

Plantas y Terminal Embarque San Lrenzo, ubicadas en San Lorenzo, Santa Fe, a orillas del Río Paraná, con una capacidad de molienda 16.650 tns/día) y de embarque de 6.000.000 de toneladas anuales en la que operan normalmente 270 buques al año sin limitación de dimensiones ni calado ;

Planta Renova – Timbúes: ubicada en Timbúes, Santa Fe, a rillas del Río Paraná, con capacidad para moler 30.000 toneladas/día de grano de soja y un puerto con 2 muelles de cargas de aceite, harina de soja y/o cereales, con capacidad de 13 millones de toneladas anuales y 365,000 tons de almacenaje y puerto de barcazas con capacidad de descarga de 9.000 tons/hora.

Producción de biocombustibles: Esta actiidad constituye una integración de la primera ya que a partir de aceites se obtiene biodiesel y glicerina, mientras que de cereales (maíz/sorgo) se obtiene etanol y alimento para ovinos, aviar y porcinos en las siguientes instalaciones:

Plantas Bidiesel Renova, en San Lorenzo, Santa Fe, linderas a la Terminal de embarque Vicentin y con capacidad de 500.000 toneladas anuales de biodiesel, 60.000 toneladas anuales de glicerina cruda y 100.000 toneladas anuales de glicerina refinada. Vicentin participa en un 33,33 % de la producción de estas fábricas. Capacidad de producción: 1.400 t/día

Participación del 33.33% en planta de Patagnia Bioenergía S.A. cn capacidad de 500.000 toneladas/año de biodiesel. Capacidad de producción: 1.400 t/día

Planta Etanol Vicentin, en Avellaneda, Santa Fe sobre base maíz/sorgo con capacidad de elaboración de 69.000 m3 de etanol por año.

Comercialización de granos: Complementando el negocio de crushing y aprovechando sus capacidades y estructura de abastecimiento, puertos y almacenamiento, Vicentin comercializa además maíz y otros cereales sin procesar los que adquiere localmente o importa de países limítrofes, habiendo exportado cereales sin procesar por valor de u$s 104 millones de dólares en el ejercicio fiscal 2018.

Otros negocios: Vicentin desarrolla asimismo otros negocios menores entre los que se cuentan el embotellado de aceites comestibles a través de su participación en l firma Renopack S.A (capacidad de producción 39 t/mes), la estandarización y purificación de lecitinas de soja a través de su subsidiaria Emulgrain S.A., y la administración de puertos a través de su subsidiaria Terminal Puerto Rosario S.A.

[1] En el Primer informe sobre la Situación de la Firma Vicentín del Director del Banco de la Nación Argentina, Lic. Claudio Lozano, presentado en enero de 2020 se mencionan “las notificaciones de deuda que la empresa ha recibido del Estado Argentino, principalmente por la falta de liquidación de retención de exportaciones de periodos anteriores…. En efecto, como consigna en la página 54 de su balance, el 12 de octubre del 2012, la Aduana de San Lorenzo le intima a ingresar U$S 28.534.169 dólares en concepto de “diferencias de derechos de exportación”. Entre noviembre del 2012 y enero del 2013 siguieron llegándole notificaciones a la empresa por el mismo concepto, con un monto ahora de U$S 8.899.320 dólares. En ambos casos la empresa se presentó a la Justicia solicitando la nulidad de las actuaciones por estar viciadas de “nulidad absoluta”. La empresa, por recomendación de sus asesores, no ha hecho previsión legal por este litigio fiscal.

Por otra parte el 5 de abril del 2013 la Aduana de San Lorenzo le informa por resolución 373/2013, la apertura de un sumario contra la empresa por “presunta” falta de liquidación de divisas provenientes de exportaciones para operaciones de período 2012 – 2013, por una multa de $426,5 millones. Se terminó la etapa de alegato y de prueba y a la espera de la sentencia, la empresa tampoco ha realizado ninguna previsión por este litigio fiscal.

De lo expuesto queda claro, que si la firma tiene un revés fiscal importante, su compromiso financiero se agravaría. En el caso de las retenciones no liquidadas ellas en total suman poco más de U$S 37 millones, lo que al tipo de cambio actual, da un monto de $2.200 millones, a los que hay que agregar los $426,5 millones. De todos modos los $2.700 millones de deuda aproximadamente representan el 24% de los saldos que la empresa tiene disponible como parte de los resultados no asignados de periodos anteriores.”