Una fiscal que investigó a jefes policiales provinciales fue desplazada de su cargo y apuntó a Pullaro
La fiscal María Laura Martí, quien llevó adelante una causa por corrupción en la Policía de Santa Fe, que implicó una serie de escuchas que involucran al ministro de Seguridad, Maximiliano Pullaro, fue desplazada de su cargo. En diálogo con el periodista Marcelo Fernández al aire del programa Con Sentido Común, que se emite por CNN Radio Rosario, apuntó contra el diputado electo.
Martí, quien fue derivada a una oficina de faltas, contó que se anotició de la decisión mientras estaba de licencia “en el marco de una serie de denuncias por violencia, acoso y hostigamiento laboral”, que había presentado luego de tramitar un caso en el que estaban implicados más de 300 uniformados. Además, puntualizó que comenzó a “tener cierta clase de presiones” en el ámbito de su trabajo a partir de dichas investigaciones en la cúpula de la Policía por irregularidades en la realización de horas extras, que incluyeron intervenciones telefónicas a jefes policiales.
En ese contexto, detectó, junto a su colega, Roberto Apullán, conversaciones entre el comisario Adrián Rodríguez, exjefe policial de Rafaela y Pullaro en la que el ministro lo “invitaba” a presentarse a un concurso de ascensos. Durante una de esas charlas, según su relato, se mencionó que cuando el comisario “suba” se tomarían represalias contra los fiscales que lo investigaron.
Amparada en ley 12464, Martí presentó “el reclamo para que cesen las actitudes de hostigamiento” contra su persona, que,indicó, la estaban “destruyendo física y psicológicamente” y obstaculizaban su labor.
La fiscal recordó que la investigación, que protagonizó junto a su colega, el doctor Apullán, comenzó a fines de 2016, comienzos de 2017 luego de haber finalizado una “enorme causa contra docentes que se cargaban reemplazos falsos en el sistema de recursos humanos de la provincia que terminó con cuatro maestras detenidas”.
“Ya venía profundizándose en la sede de Recursos Internos de la Policía de Santa Fe una denuncia realizada por un efectivo policial, que falleció de forma violenta, la cual radicaba en irregularidades en las cargas de unos servicios de horas extras que el personal policial presta a la sociedad”, prosiguió.
Según la funcionaria, los desmanejos involucraban a unos 300 efectivos. Al respecto, explicó que “surgieron superposiciones”. Es decir que un mismo uniformado figuraba prestando servicios en 2 o 3 lugares al mismo tiempo, algo físicamente imposible y cobraba por eso. Además, reveló que se halló la figura del “policía fantasma, aquella persona que cobraba y que no estaba ni en la comisaría ni en la calle ni haciendo horas adicionales, lo cual agravaba la situación”. En esa línea, precisó que necesariamente los policías que operaban de ese modo precisaban la autorización de personal superior en cada dependencia.
“Vimos que era una modalidad habitual. Se intervinieron líneas telefónicas durante un año a personal policial superior. Esa es la denuncia que me lleva en el futuro a tener ciertos obstáculos a la hora de desarrollar mi tarea”, afirmó.
Martí explicó que en el marco de esas escuchas surgió una conversación entre Adrián Rodríguez, -uno de los policías más comprometidos en la causa por haber firmado una abultada cantidad de planillas de horas extras, que en ese momento era jefe policial de la Unidad Regional V de Rafaela y había sido comisario en Santa Fe, y el ministro Pullaro.
En uno de esos diálogos, según detalló- aunque sin nombrarlo- el titular de la cartera de Seguridad lo invitaba a la presentación de un concurso. “En la última de esas conversaciones se escucha que cuando esta persona llegue al cargo por el cual estaba concursando van a tomar represalias contra los fiscales”, algo que finalmente ocurrió. Luego libraron una orden de detención contra Rodríguez, quien estuvo preso y finalmente fue liberado.»Estábamos muy comprometidos (con Apullán) y entendíamos que había ofrecimientos espurios y una diversidad de irregularidades que partían del Estado», señaló Martí y recordó que finalmente se determinó que esa línea telefónica era utilizada por el diputado electo, un punto que él mismo reconoció públicamente.
