En octubre del año pasado fue acribillado Emanuel “Ema Pimpi” Sandoval, el jefe narco que estaba cumpliendo prisión domiciliaria en una casa de La Florida por distintos delitos, entre ellos, el atentado a balazos en 2013 contra el exgobernador Antonio Bonfati y por un triple homicidio en grado de tentativa. La condición de prisión domiciliaria le fue concedida en abril de 2019.

En este sentido, el senador radical Lisandro Enrico le recomendó a la Comisión Bicameral de Acuerdos que proponga a la Legislatura provincial una sanción al fiscal de la Unidad de Homicidios de Rosario, Adrián Spelta, por “haber facilitado a un delincuente de alto perfil y peligrosidad, como era Sandoval, el beneficio de la prisión domiciliaria”.

Según contó Enrico en Radio Mitre Rosario, en el caso están también involucrados “dos jueces penales rosarinos: Hernán Postma y Gustavo Pérez de Urrechu”.

“Tenemos exigir explicaciones del control del funcionamiento y las peticiones que toman los jueces, porque en realidad, la tranquilidad y la seguridad de la gente está en sus manos en la medida que dejen en libertad a personas que vuelven a delinquir y que son parte del problema endémico de seguridad que tiene Rosario”, aseguró el senador que en este caso actúa en carácter de acusador en diálogo con Eduardo Conforti en El Diario de Mañana.

“Los jueces y los fiscales accedieron a dar este beneficio de prisión domiciliaria a personas que están fuera de esta condición, eso estamos investigando”, afirmó Enrico. Además, dejó en claro que “desde la Corte, y también desde la legislatura, queremos analizar esto. Espero que la Corte lo haga, desde la Legislatura lo vamos a hacer, porque sino falla el sistema y la gente no puede confiar en sus fiscales sino se cumple la ley”.

“Un juez normal, un fiscal normal, de ninguna manera permite que un delincuente de alto perfil como Sandoval se vaya a la casa. Una vez que la policía lo agarra tiene que estar preso, hasta que llegue la condena, y la condena tiene que ser abultada”, enfatizó.

Una de las cosas que más llamó la atención cuando asesinaron a “Ema Pimpi”, es que la casa de La Florida en donde cumplía la sentencia, pertenece al camarista Oscar Puccinelli, quién le alquiló el inmueble por medio de una inmobiliaria. “Eso también tiene que ver con rarezas que tenía el caso, de como una persona como Sandoval alquilaba una casa y de que medios vivía para alquilar ese lugar”, opinó el senador al respecto.

Según detalló, los pasos que esperan seguir es, en primer lugar, “controlar el desempeño de fiscales y jueces, con la diferencia que a los fiscales es mas fácil el control porque lo hace la propia Legislatura, yo como senador presento esta acusación y pido una suspensión para el fiscal Spelta. Pero, a los jueces los controla la misma Corte, o sea que es difícil que el sistema se abra porque son los mismos jueces los que tienen que controlar. Lamentablemente así está establecido en la Constitución Provincial”.

“Espero que no acabe acá, sino que se siga investigando a aquellos jueces, juezas y fiscales que otorgan beneficios como la prisión domiciliaria o la excarcelación de personas que tienen que estar tras las rejas por estos delitos que cometen”, concluyó Enrico.

El asesinato de Ema Pimpi en 2019

Ema Pimpi Sandoval y su hermano Lucas fueron apresados en febrero y marzo de 2018, acusados por un triple homicidio en grado de tentativa en junio de 2017. En ese momento, a los dos les dictaron prisión preventiva que comenzaron a cumplir en la cárcel de Piñero.

Al tiempo, el fiscal Adrián Spelta acordó una prisión domiciliaria con el defensor de los dos hermanos, Fausto Yrure. En consecuencia, los hermanos Sandoval comenzaron a cumplir prisión domiciliaria con tobillera electrónica en dos viviendas diferentes, una medida convalidada por el juez Hernán Postma.

Lucas Sandoval en 2018 rompió la tobillera y escapó, aunque fue recapturado un mes más tarde y en diciembre de 2019 pasado recibió una condena de 11 años de cárcel.

En octubre del año pasado Ema Pimpi fue emboscado en la casa de Pago Largo (donde cumplía la domiciliaria) por un grupo de sicarios que lo mataron a balazos, donde además murieron otras dos personas. Ese fue el segundo domicilio donde el jefe narco cumplía la condena; su mudanza fue autorizada por el juez Gustavo Pérez de Urrechu.