EN COMODORO PY

Tragedia de Once: arrancó el juicio oral y público contra Julio De Vido


El ex ministro de Planificación, Julio De Vido, llegó por primera vez en su historia política al banquillo de los acusados por los 51 pasajeros muertos durante la Tragedia de Once de 2012, cuando una de las formaciones del tren Sarmiento colisionó contra el paragolpes de contención de la estación de trenes por no tener frenos. Por el impacto, murieron 51 pasajeros y 789 resultaron heridos. Para 2010, la concesionaria TBA ya había alcanzado la cantidad de denuncias suficientes por irregularidades como para seguir funcionando. Por tal motivo, se lo juzga a De Vido por corrupción: no haber rescindido el contrato pese a esas anomalías en las unidades ferroviarias.

El ex ministro más poderoso del kirchnerismo llegó a las 9.30 a Comodoro Py con una actitud despreocupada y alguna que otra sonrisa. Lo acompañaron su abogado, Maximiliano Rusconi, y el ex secretario de Estado, Roberto Baratta. Allí, lo esperaban padres y amigos de las víctimas fatales del siniestro, quienes piden justicia a gritos y mediante intensos carteles.

En un juicio oral y público, el ex funcionario será juzgado por “estrago culposo agravado por la muerte de 51 personas, más una por nacer y lesiones que sufrieron 789 personas”. Para Baratta, las pruebas contra De Vido “no tienen sostenibilidad fáctica y normativa de la imputación dirigida”.

En el primer juicio oral por el siniestro del tren que transportaba 1.200 personas, quedaron detenidos los ex funcionarios Juan Pablo Schiavi, Ricardo Jaime y el empresario Claudio Cirigliano, debido a la falta de inversión para el mantenimiento de las unidades ferroviarias de la línea Sarmiento.

Ahora, De Vido será juzgado por “estrago culposo agravado por muerte” en un juicio oral en el que declararán más de 80 testigos. El mismo está en manos del Tribunal Oral Federal 4 (TOF 4), integrado por los jueces Pablo Bertuzzi, Néstor Costabel y Gabriela López Iñiguez, quienes determinarán si el funcionario es responsable o no por la no rescisión del contrato con TBA y por haber pasado por alto la aplicación de penalidades tras la lista de anomalías que tenía la concesionaria.

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