El senador provincial por el departamento San Lorenzo, Armando Traferri, envió una nota a la Cámara de Diputados y a la Corte Provincial, responsabilizando al ministro de Seguridad Marcelo Sain, en caso de que algo llegara a pasarle tanto a él como a su familia.
Ocurrió durante una sesión especial en la Legislatura provincial este miércoles, donde además Traferri renunció a la titularidad y a ser miembro de la Comisión de Juicio Político, ya que la misma debe revisar el pedido de desafuero que presentaron los fiscales al senador, en el marco de la causa por una red dedicada al juego clandestino.
“Tengo una nota para presentarle a usted señora presidenta (Alejandra Rodenas), que también ha sido presentada a la Corte Suprema de Justicia y a la Cámara de Diputados donde voy a hacer responsable de todo lo que pueda pasarle a mi familia y a mis allegados a partir de esta fecha, al señor Marcelo Fabián Sain”, apuntó Traferri.
El senador desde un primer momento acusó al ministro de Seguridad Sain de armar la causa en su contra y lograr “desestabilizar la política a carpetazos”, según dijo el legislador. «¿Por qué cada vez que Perotti intentaba tener una buena relación con la Legislatura aparecían las declaraciones de Sain para explotar todo?», manifestó este lunes en la conferencia de prensa que brindó para defenderse.
Traferri quedó involucrado en la causa a partir de las declaraciones del ex fiscal Gustavo Ponce Asahad, donde éste último lo apuntó como miembro de una red que se dedica al juego clandestino en Santa Fe.
El fiscal de la Agencia de Criminalidad Organizada y Delitos Complejos de Rosario, Matías Edery, dijo que cree que el senador provincial Armando Traferri es «uno de los organizadores de una red de juego clandestino» en la provincia y pidió su desafuero en la Legislatura santafesina. A partir de esto, el senador de San Lorenzo renunció a la Comisión de Juicio Político, que además de ser miembro, la presidía.
Shiappa Pietra, otro de los fiscales que intenta imputar a Traferri, dijo que “es indigerible para la democracia y la república que un legislador no pueda ser siquiera investigado, que es lo que dice nuestro Código Procesal Penal”.
