Las denuncias presentadas contra la supuesta «mafia de la terminal» pusieron a las concejalas Fernanda Gigliani y María Eugenia Schmuck en el centro de la escena y les trajo numerosos inconvenientes. El mes pasado las dos ediles fueron intimadas por un grupo de taxistas. El viernes sufrieron lo que ellas un nuevo consideran un apriete: otro grupo de responsables del transporte público solicitó a la Presidencia del Concejo sanciones disciplinarias contra ellas.
“Es otro intento de callarnos. Piden al Presidente del Concejo que se nos interpele por las manifestaciones que hemos realizado, así como que se tomen contra nosotras medidas disciplinarias”, manifestó Schmuck, quien consideró la acción cómo «una vulgar intimidación que no solo confirma todo lo que veníamos diciendo, sino que también va contra la función de representación del concejo municipal de rosario”, finalizó.
Por su parte, Gigliani se mostró preocupada por el pedido de sanción y señaló que “actúan como si fueran dueños de un espacio que es público». A su vez afirmó que esta situación no modificará su compromiso con la problemática y seguirá aportando pruebas para certificar que en la Terminal las paradas de taxis no son públicas, ni libres.
“Lo que llama la atención, o no, es que un día después de aprobar en el Recinto un pedido de informe sobre los orígenes de esta supuesta cooperativa, y de reunirnos con el Fiscal Regional Patricio Serjal para evaluar conjuntamente el avance de la causa judicial, ingrese esta nota, un claro intento de silenciarnos”, cerró Schmuck.
