Siete policías fueron imputados por haber robado más de 75 mil dólares de una vivienda en la que se realizó un allanamiento con el objetuvo de resguardar a tres menores de edad que afrontaban un posible riesgo por problemas familiares.

Los uniformados, de los cuales seis prestaban servicio en la comisaría 15ª y se les sumaba un miembro de un grupo de irrupción, fueron imputados este domingo por el fiscal José Luis Caterina como coautores del delito de “hurto doblemente calificado por aprovechamiento de un infortunio particular del damnificado y por ser miembros de las fuerzas de seguridad en concurso real con falsedad ideológica”.

Entre ellos, se encuentra una oficial, acusada de encubrimiento agravado por ánimo de lucro, y el subjefe de la seccional 15ª, quien deberá responder por la tenencia ilegal de un arma de fuego de uso civil que le incautaron al allanar su casa. 

El juez Rodrigo Santana dictó prisión preventiva en ambos casos -en modo domiciliario para la mujer- hasta el próximo 26 de julio. En tanto, para los otros cinco sospechosos, el magistrado ordenó la libertad bajo reglas de conducta por al menos dos años, pero además deberán pagar una fianza de 500 mil pesos.

A su vez, Santana dispuso la “intervención, inmovilización e interdicción de las cuentas bancarias de los imputados” por parte de la fiscalía, a quien los imputados deberán solicitarle los permisos para que puedan realizar movimientos bancarios que “resulten necesarios y justificados”.

El caso

Los efectivos fueron imputados por haber participado en el robo de dinero durante un allanamiento, cuando a mediados de abril pasado la Fiscalía Regional 2 del Ministerio Público de la Acusación (MPA) intervino al tomar conocimiento de una riesgosa situación que atravesaban tres niños debido a una problemática situación familiar.

Tras varios días trabajando en la situación, los funcionarios del MPA hallaron la casa de la familia en zona sur, la cual había sido referida por los vecinos con la posible tenencia de armas de fuego en manos de una persona que podría haber estado en medio de una crisis de salud mental.

En ese marco, el fiscal Caterina ordenó el allanamiento de la casa de barrio La Guardia, en el que por cuestiones de  jurisdicción del procedimiento participaron, entre otros efectivos, personal de la comisaría 15ª.

Al ingresar en el hogar, uno de los policías consultó si había dinero y los moradores de la vivienda le entregaron unos 76.900 dólares. A partir de allí, según pudieron determinar las investigaciones, los efectivos policiales comenzaron a alterar o crear datos falsos sobre el allanamiento ante testigos.

De la misma manera, falsificaron las posteriores actar de actuación, por lo que ninguna de las testigos mencionadas en las actas pudo ser ubicada, ya que los domicilios que aportaron no existen y tampoco coincidían los DNI con los nombres.

Si bien una de las imputadas no fue parte del hurto durante la escena, fue señalada por su colaboración con el subjefe de la comisaría y los demás oficiales por omitir la denuncia de la información que había obtenido, a cambio de recibir parte del dinero.