Por orden judicial, las más de 220 chasis y 200 mil autopartes existentes en el predio de la zona sur fueron compactadas esta mañana estando a disposición de la nueva Agencia de Decomiso. Los fondos recaudados serán destinados a fines sociales y otros donados a entidades civiles
El ministro de Seguridad, Maximiliano Pullaro, y el secretario de Gestión Pública del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Matías Figueroa Escauriza, participaron hoy de la etapa final de la compactación que se lleva adelante en un megadesarmadero ilegal de Rosario cuyas piezas fueron incautadas por la justicia penal. Lo recaudado será reutilizado con fines sociales y también se prevé donar bienes a entidades civiles.
Se calcula que tras la compactación quedarán disponibles unas 200 toneladas de metal, por los que el gobierno provincial percibirá fondos a destinarse con prioridad a escuelas, hospitales y clubes de barrio. En tanto trece motores van a ser donados a escuelas técnicas, para mejorar sus talleres y darles mayores herramientas de aprendizaje a los alumnos, y un auto de colección (marca Chevy, de los 60) se donará a un museo para que lo restaure y lo exhiba.
En este contexto el ministro Maximiliano Pullaro destacó: “como ya lo venimos haciendo, nosotros vamos por los bienes que tiene la ilegalidad, y que tiene el delito en la provincia de Santa Fe, en este caso, estas autopartes. Que por supuesto el Estado no tiene la capacidad de venderlas, pero si de compactarlas y de donar ese dinero a instituciones de bien, fundamentalmente a la educación. Somos la primera provincia que les saca los bienes al delito y los pone a disposición de instituciones de bien o instituciones educativas”.
“Con esta acción le seguimos pegando al delito donde más le duele, que es en su poder económico», planteó Figueroa Escauriza. “Para que todas estas piezas no vuelvan al circuito ilegal las vamos a compactar, de esa manera no quedará rastro del delito», explicó. En cuanto a lo que se obtenga de ese proceso, el funcionario del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos fue taxativo: “Se comprarán elementos para escuelas públicas de Rosario, para dárselas a los estudiantes, por ejemplo computadoras o tablets».
A esto se suman las subastas de automotores que se harán a principios de octubre en el marco de la Aprad y las cuatro casas expropiadas en Melincué, que pertenecían a una red de prostitución y en junio pasado fueron escrituradas a nombre de la provincia. “Esos inmuebles están valuados en dos millones de pesos y serán utilizados con fines sociales”, ilustró Figueroa Escauriza.
En el caso del desarmadero rosarino, los automotores que estaban en proceso de desguace y las autopartes ya retiradas de los vehículos fueron decomisadas por la justicia provincial, por lo que se dio intervención a la Aprad.
La empresa que realiza los trabajos de limpieza y separación de residuos, corte, compactación y transporte de los bloques de chatarra al destino de disposición final, donde serán fundidos y reutilizados en nuevos procesos productivos, paga al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos por esa materia prima. Se estima que entre los bienes incautados en este desarmadero ilegal había 220 chasis y 200 mil autopartes.
