Hoy se cumplen 35 años del inicio del levantamiento carapintada de Semana Santa de 1987 liderado por el teniente coronel Aldo Rico, que comenzó el 16 de abril de 1987 y se extendió hasta el domingo 19.

Finalmente, los militares sublevados se rindieron tras firmar un acta acuerdo con Raúl Alfonsín, que luego aseguró la recordada frase «La casa está en orden, Felices Pascuas», ante una Plaza de Mayo colmada a favor de la democracia.

A menos de cuatro años del fin de la dictadura en diciembre de 1983, y durante más de cien horas, los carapintadas tuvieron en vilo al país reclamando una «solución política» para cientos de citaciones judiciales contra oficiales por las graves violaciones a los derechos humanos.

También pedían el relevamiento de la entonces cúpula castrense porque, entre otras cosas, la hacían responsable de la rendición en la Guerra de Malvinas; además exigían el fin de la supuesta campaña de desprestigio militar que atribuían a los medios de comunicación, el incremento del presupuesto en materia de Defensa y que no fuera sancionado ninguno de los participantes en el alzamiento.

Vale señalar que la sublevación carapintada se generalizó el 16 de abril, cuando el levantamiento se extendió a otros cuarteles del país, siendo el epicentro la Escuela de Infantería de Campo de Mayo, donde los alzados eran comandados por Rico junto a Enrique Venturino, Gustavo Breide Obeid y Juan José Gómez Centurión.

Por entonces, las revelaciones que surgían en los juicios sobre los delitos de lesa humanidad que se habían cometido en la dictadura cívico militar exponían también las responsabilidades de los cuadros medios de las Fuerzas Armadas en el terrorismo de Estado, y el alzamiento carapintada buscaba frenar ese proceso.

No obstante, la amenaza al orden institucional que implicaba el desafío con armas en la mano a la autoridad del Presidente elegido en las urnas zanjó cualquier diferencia política entre los dos principales partidos, el radicalismo en el Gobierno y el peronismo en la oposición, cuyos principales dirigentes se mostraron juntos y acompañaron al Presidente en la defensa de la continuidad democrática.

Asimismo, hubo una movilización popular espontánea en diferentes puntos del país, con un fuerte epicentro en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde hubo marchas multitudinarias en el Congreso y Plaza de Mayo.

Así, con el apoyo popular y el amplio respaldo político y sindical, liderado por el cervecero Saúl Ubaldini y el metalúrgico Lorenzo Miguel, también empresarial y eclesiástico, Alfonsín participó de una Asamblea Legislativa donde aseguró que «la democracia no se negocia» y llamó a «doblegar el brazo de los golpistas».

En rigor, aquel Viernes Santo y el Sábado de Gloria transcurrieron bajo una tensión extrema porque la resolución se demoraba, el alzamiento carapintada continuaba, los ánimos de la sociedad se endurecían y multitudes anunciaban su intención de movilizarse masivamente hacia Campo de Mayo.

La resolución del primero de los cuatro levantamientos carapintadas que paralizaron al país entre 1987 y 1990, llegó el domingo de Pascuas cuando Alfonsín viajó hacia Campo de Mayo para exigir la rendición de los sublevados luego de haber firmado entre todos los dirigentes de los partidos políticos un Acta de Compromiso Democrático en la Casa de Gobierno.

Ante una multitud en la Plaza de Mayo, Alfonsín anunció su traslado a Campo de Mayo para reunirse con los rebeldes, que exigían su presencia para rendirse, lo que provocó que vecinos de la dependencia militar y militantes políticos entraran por las inmediaciones del cuartel y se acercaran a metros de los carapintadas.

Los sublevados, finalmente, se rindieron ante el Presidente y a las 18.07 de ese domingo el jefe de Estado aseguró desde el balcón de la Casa de Gobierno: «Compatriotas, Felices Pascuas. Hoy podemos todos dar gracias a Dios porque la casa está en orden y no hay sangre en la Argentina», anunció Alfonsín, acompañado por dirigentes de la oposición, convirtiendo a esa frase en una de las expresiones más representativas de su Gobierno.

Ahora bien, tras el desenlace del alzamiento carapintada de Semana Santa se inició el proceso de sanción de las llamadas ‘leyes de impunidad’, por la aprobación en el Parlamento de las leyes de Punto Final (ley 23.492) y Obediencia Debida (ley 23.521), que impidieron el juzgamiento o la ejecución de las condenas contra autores de crímenes de lesa humanidad, y derogadas luego por el Congreso en 2003.