El gobierno provincial analiza estirar hasta marzo de 2024 la situación de estado de emergencia agropecuaria en la provincia, con el objetivo de facilitar la continuidad de los nuevos ciclos de producción tras la intensa sequía registrada hasta principios de este año, que provocó daños en alrededor de 14 mil emprendimientos.
La Comisión Provincial de Emergencia Agropecuaria, presidida por Daniel Costamagna, ministro de la Producción, recomendó al Poder Ejecutivo provincial extender en el tiempo los beneficios impositivos de ayuda al sector. La medida ya había sido prorrogada el abril de este año.
A pesar de que la sequía no sigue vigente, sus efectos aún generan dificultades y ante el inicio de la siembra de los cultivos invernales y la lógica merma de alimentos para el ganado, la Comisión consideró que deben extenderse los alcances del decreto número 627/23. Todos los productores que hayan obtenido certificados de desastre agropecuario previamente, ampliarán el plazo de los beneficios impositivos de manera automática.
El ministro Costamagna mencionó que la prórroga servirá para «darle continuidad a los nuevos ciclos de producción» y ratificar el «compromiso» de su gestión con el sector agropecuario, «que es estratégico para la provincia y el país».
María Eugenia Carrizo, secretaria de Agroalimentos, informó que desde que se declaró la emergencia en enero de 2022, «más de 9500 productores presentaron alrededor de 14 mil declaraciones juradas de daños y ya se emitieron más de 10 mil certificados». Además, agregó que la cantidad de productores damnificados «demuestra la intensidad que esta sequía ha tenido en toda la provincia».
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