ORGANIZACIÓN CRIMINAL

San Lorenzo: la Justicia Federal investiga explotación sexual con complicidad del Intendente

En la causa también hay fuerzas de seguridad implicados.

Redacción Rosario Nuestro

martes 2 de octubre, 2018

Una organización criminal de San Lorenzo está siendo investigada por la Justicia federal, sospechada de captar, acoger, trasladar y explotar sexualmente a mujeres, así como también comercializar estupefacientes. Leonardo Raimundo, intendente de esa localidad, está mencionado en la causa como presunto encubridor.

Los tres fiscales que intervienen en la causa, en mayo de este año, le solicitaron al Juez que tome indagatorias y medidas contra doce personas que integrarían esta banda y que estaría liderada por la “Mamu”, mujer que da órdenes a su pareja, sus tres hijas y sus tres yernos. Además del intendente de la localidad vecina, estarían involucrados hombres de fuerzas de seguridad.

Según un informe que publicó la periodista Mariana Iglesias para el Diario Clarín, el fiscal a cargo de la Fiscalía Federal n° 2 de Rosario, Claudio Kishimoto y Alejandra Mángano y Marcelo Colombo, Fiscales de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), existe evidencia suficiente para sostener que desde febrero de 2017 esta organización capta, acoge, traslada y explota sexualmente al menos a 16 mujeres a las que también les hace vender drogas.

Según indicó la periodista, los fiscales de la causa entienden que  la captación de las mujeres, los tragos y la venta de drogas se da en Boulevard Oroño 831, un prostíbulo encubierto por un kiosco, el “Drugstore Oroño”, mientras que los “pases” (las salidas para los servicios sexuales) ocurren en hoteles cercanos: Triángulo, Maracaibo y California. En la organización hay choferes que buscan “clientes” en el puerto para llevarlos hasta el prostíbulo. También van a los hoteles con los que están arreglados.

Miriam Norma Soto es la “Mamu”. Su pareja es Rafael José San Martino. Sus tres hijas se llaman Estefanía, Valeria y Solange Giménez. Y sus parejas son Franco Cardozo, Pablo Peralta (oficial de Policía) y Diego Salto. En la banda están, además, Marisa Viotto, Sebastián Leguiza (de la Guardia de Infantería de Santa Fe) y Alejandro Elías.

Para los fiscales, la “Mamu” es quien “toma las decisiones de los negocios, atiende a los clientes, cobra y administra el dinero de la explotación del kiosco-almacén, el prostíbulo y la venta de drogas”. Las tres hijas y Viotto son las que les dan órdenes a las mujeres explotadas, mientras que los yernos y Leguiza se encargan de buscar “clientes” y garantizar la protección policial. Elías hace los traslados.

“Esta organización ha logrado garantizar su impunidad gracias al accionar del intendente de la ciudad de San Lorenzo, Leonardo Raimundo, que ha consistido en garantizar la continuidad de la explotación sexual de mujeres en el inmueble, como también la impunidad de los miembros de la organización, evitando que el municipio que preside lleve a cabo los debidos controles y disponga la correspondiente clausura del lugar”, se lee en la causa.

La investigación se inició por la denuncia de una mujer el 31 de agosto del año pasado ante la Comisaría de la Mujer y la Familia de San Nicolás, Buenos Aires. Contó que en enero, tras separarse de su pareja y padre de sus tres hijos por violencia de género, y porque no tenía qué darle de comer a los nenes, decidió dejar a los chicos con el papá para que no se murieran de hambre y fue a San Lorenzo a buscar trabajo. Entonces le presentaron a la “Mamu”, que le propuso atender en el quiosco. Pero enseguida fue obligada a prostituirse con extranjeros que bajaban de los barcos. También la obligaban a venderles cocaína y marihuana.

La mujer denunció amenazas, maltratos, golpes y que estaba envuelta en un sistema de deudas que no le permitía irse, ya que nunca recibía el dinero que ganaba por los tragos y los “pases”.

Sobre el intendente Raimundo, la mujer “contó que lo conoció en una cena que el intendente organizó en un club para presentar un nuevo candidato. En esa cena los invitados eran políticos, locutores de radio, las mujeres explotadas en el mismo prostíbulo y varias personas más”. Dijo que después de ese encuentro “Raimundo comenzó a llamarla por teléfono a través de un número privado; explicó que supo que había conseguido su teléfono luego de pedírselo a Soto, que Raimundo le decía que la esperaba a las 9 de la mañana en su casa en la calle Buenos Aires y los mismos taxistas la llevaban y la iban a buscar; y que Miriam le decía que ella tenía que ir a esos encuentros, porque era eso lo que sostenía nuestro trabajo”.

Hubo más denuncias que dijeron casi lo mismo. También denunció la ex pareja de la mujer porque temía por él y sus hijos ya que sabía que su ex había denunciado a personas importantes, incluido “el segundo jefe de la brigada narco”. La mujer había dicho también que la Policía pasaba a cobrar dinero por el local y que “el intendente era amigo de la dueña”.

En la causa, además, figuran llamados de vecinos al 911 y denuncias en las comisarías 1 y 7 de San Lorenzo, pero todo fue desestimado. Igual que las denuncias que intentaron hacerse ante la Municipalidad, donde respondieron que “no podían hacer nada”.

Sobre las 16 mujeres explotadas -la mayoría madre de hijos pequeños- los fiscales explican que son todas vulnerables, que estaban amenazadas y que eran llamadas a cualquier hora del día y la noche, debiendo dejar a sus hijos para ir a atender “clientes”.

Los fiscales los imputaron a todos los miembros de la organización por el delito de trata de personas con fines de explotación sexual, agravado por haber sido cometido mediante abuso de la situación de vulnerabilidad de las víctimas, amenazas, violencia y engaños y por la cantidad de víctimas también superior a tres.

“Respecto a las conductas desplegadas por el actual intendente de la ciudad de San Lorenzo, Leonardo Raimundo, se entiende que el nombrado habría cometido actos en infracción a los delitos de encubrimiento agravado e incumplimiento a los deberes de funcionario público”, sostuvieron los fiscales. Raimundo, 52 años, intendente desde 2007, declaró ante los medios locales que le gustaría que haya un juzgado federal en su ciudad “para trabajar con el combate de la trata de personas, trafico de armas, trafico de droga y contrabando, delitos que pueden estar vinculados con zonas portuarias”.

Por su parte, dos años atrás, el juez Bailaque se declaró incompetente en la causa por desaparición forzada de Gerardo “Pichón” Escobar, un joven que fue encontrado en el río tras una semana de búsqueda. También se declaró incompetente en la causa de Franco Casco, un joven que desapareció en Rosario luego de ser detenido en una comisaría. Al juez se lo señala como protector de bandas de narcos, proxenetas y genocidas.

FUENTE: CLARÍN – MARIANA IGLESIAS

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