Este lunes la policía detuvo en su casa de Ibarlucea a Andrés Pillín Bracamonte, jefe de la barra brava de Rosario Central, durante un operativo conjunto que intervino la Agencia de Investigación Criminal (AIC) en conjunto con la Tropa de Operaciones Especiales (TOE), ordenado por el fiscal Miguel Moreno en el marco de una causa por lavado de activos.

Horas después, el vicepresidente del concejo Roy López Molina, manifestó en su cuenta oficial de Twitter que se había solicitado un pedido de informe el pasado 4 de mayo sobre la investigación de la titularidad de licencias de taxis a nombre del jefe de la barrabrava canalla y nombres de empresas en la que estaba vinculado.

«Solicitamos informes a @MuniRosario sobre la titularidad de licencias de taxis a nombre de Andrés Alejandro Bracamonte, conocido como “Pillín”, o a nombre de personas o empresas a él vinculadas. En el allanamiento del 9/4 reconoció administrar chapas del servicio público de taxis», expresó el hombre aquella vez.

? Detuvieron a Andrés “Pillín” Bracamonte, jefe barrabrava, por lavado de activos. La causa involucra las cuatro empresas que denunciábamos el pasado 4 de mayo: Vanefra, Kabrasi, Ser-Eco y Ruffino. Acompaño la decisión y voluntad del fiscal Moreno. https://t.co/LShB7YoCsJ

— Roy López Molina (@RoyLopezMolina) June 22, 2020

El pedido de informes por parte del Consejo

El Concejo, tras los taxis y empresas de Andrés «Pillín» Bracamonte

El Concejo de Rosario aprobó un pedido de informes para que la Municipalidad aclare si Andrés «Pillín» Bracamonte explota chapas de taxis por intermedio de terceros o tiene contratos con el Estado a través de otras firmas a su nombre. El proyecto, que surgió en el bloque Cambiemos que preside Roy López Molina, contó ahora con el apoyo de todas las fuerzas políticas.

El edil requirió el mes pasado al municipio datos específicos sobre los titulares, multas y sanciones de las chapas RA 960, 1058, 1777, 2237, 2861 y 2864. Lo hizo a partir de una medida judicial y en el marco del avance contra la inseguridad y la violencia que impulsa desde la Comisión de Control, Convivencia y Seguridad Ciudadana.

Según un primer relevamiento sobre la información publicada en la web de la Municipalidad, no hay licencias de taxis a nombre de Bracamonte pero sí de allegados.
La solicitud formal incluye además determinar si existen o existieron contratos del Estado municipal con las firmas VANEFRA SERVICIOS SRL, RUFFINO SAS, KABRASI SRL, SER-ECO SRL «o cualquier otra cuyo directorio integre Andrés Alejandro Bracamonte».

El aval unánime al proyecto implica que los integrantes del cuerpo ponen la lupa en cómo un servicio público puede tener vinculación directa con quien está sindicado como un actor protagónico de la violencia en el fútbol, lo que está demostrado que puede deparar en otros negocios.

«Al tratarse de un servicio público, corresponde al Departamento Ejecutivo verificar quiénes son los titulares -posibles prestanombres- a los fines de evitar que esas chapas sean utilizadas para blanquear ganancias de actividades ilícitas», dijo al respecto López Molina.

«Debemos plantearnos si queremos que haya un servicio público como los taxis explotado por el jefe de una barra. Son entramados complejos. Es deber de todos nosotros pedir informes y, si hubiera irregularidades, desarmarlos», argumentó.

Por último, el concejal de Cambiemos valoró el acompañamiento unánime de sus pares. «Debemos estar todos juntos para dar pelea por una ciudad más segura. Seguiremos ahora las acciones de la Municipalidad», advirtió.